La jueza rechaza imputar a Esperanza Aguirre por irregularidades en la privatización de un hospital

La jueza Mónica Aguirre de la Cuesta ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Esperanza Aguirre por malversación y prevaricación en la privatización del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda con el argumento de que no se le puede atribuir responsabilidad penal a alguien “por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea”, de acuerdo a jurisprudencia que cita del Tribunal Supremo.

La magistrada Aguirre de la Cuesta rechaza igualmente imputar al entonces consejero de Sanidad, Juan Jesús Güemes, y a la viceconsejera Ana Sánchez Fernández, para quienes Anticorrupción también solicitaba la declaración como investigados. Aguirre de la Cuesta limita la eventual responsabilidad en la directora general hasta ahora investigada, Elena de Mingo, y acepta tomar declaración como imputado a Jesús Alejandro Vidart, quien fuera director general de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos. La Fiscalía Anticorrupción recurrirá la decisión de la jueza ante la Audiencia Provincial de Madrid, informan a elDiario.es fuentes fiscales.

Anticorrupción puso el foco en noviembre de 2020 en una modificación del contrato de construcción y explotación de este hospital que se hizo “prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo” y que permitió a la adjudicataria —una UTE formada por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease— cobrar durante años cantidades millonarias por servicios “nunca prestados”. En concreto, por 135 camas que no están en servicio. Anticorrupción calcula un “menoscabo a los caudales públicos de la comunidad autónoma en una cantidad superior a los 10 millones de euros” y asegura no tener constancia de que se haya reestablecido el equilibrio económico del contrato. 

La jueza, en el auto en el que rechaza imputar a Aguirre, y al que ha tenido acceso elDiario.es, afirma que de la declaración como investigada de Elena de Mingo no resulta que “la resolución sobre la reducción del número de camas del hospital procediera directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”. Las fuentes fiscales consultadas por elDiario.es interpretan de forma radicalmente distinta la declaración en sede judicial de De Mingo y concluyen que la directora general sí que apunta a Güemes y a Aguirre.

En su argumentación, la jueza Mónica Aguirre cita la reciente resolución del Tribunal Supremo rechazando la querella de Vox contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, en la que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal resolvió que no se le podía atribuir a ambos la “autoría intelectual” de la destitución cuando solo está acreditado que quien la dispuso fue “la autoridad administrativa a la que correspondía la competencia para ello, sin que se tenga constancia alguna de la intervención del ministro en dicha decisión, por más que pudiera estar de acuerdo con ella”.

El otro auto de inadmisión de una querella por parte del Supremo que cita la magistrada se refiere a la querella contra Pablo Iglesias, cuando formaba parte del Ejecutivo, y al resto de sus miembros, por la gestión de la crisis del Covid. La “complejidad” de la estructura administrativa, decía aquella resolución, “en ningún caso puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que sea”. “De hacerlo así –añadía– vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad”.

El Hospital Puerta de Hierro, inaugurado en 2008, fue uno de los siete construidos bajo el Plan de Infraestructuras 2004-2007 con un sistema público-privado. Este modelo consiste en que un conglomerado de empresas construye el edificio y, a cambio, recibe un canon por las obras y por encargarse de los servicios no sanitarios (limpieza, lavandería, mantenimiento…). Ese canon se calcula en función del número de camas y la ocupación. 

El contrato de concesión para la construcción y explotación de ese hospital se adjudicó el 18 de marzo de 2005 a la citada UTE. Tres años después, el 28 de mayo de 2008 —poco antes de la inauguración, que tuvo lugar en septiembre de ese año— se modificó “eludiendo cualquier procedimiento administrativo” y 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales. Eso redujo las camas de hospitalización inicialmente ofertadas por la concesionaria en base a las cuales se calculó el canon pero sin que se realizara un reequilibrio económico que se ajustara a la nueva oferta. Es decir, sin recalcular la cantidad que la Comunidad de Madrid se comprometió a pagar a la concesionaria.

Para la Fiscalía, la reducción del número de camas hospitalarias se hizo al margen “del más mínimo procedimiento administrativo”, lo que supone una “ilegalidad radical”. En su querella, Anticorrupción explica además que el único “sustento habilitante justificativo” de dicho cambio fue una resolución que “no existió”, tal y como se ha comprobado a través de los requerimientos efectuados a la Consejería de Sanidad. Se trata de una supuesta resolución del 5 de mayo de 2008 de la Dirección General que estaba en manos de De Mingo “dictada a requerimiento de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos”, que entonces era Esperanza Aguirre. 

Un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, un órgano consultivo de la Comunidad de Madrid, ya reflejó en 2017 que fue la Dirección General de Infraestructuras “a requerimiento de la Presidencia de la Comunidad de Madrid” la que “ordenó” que se adecuasen determinadas habitaciones de hospitalización a uso individual.

En consecuencia, de 135 habitaciones equipadas como dobles se retiró la cama hospitalaria, la mesilla, el sillón de paciente, la silla de acompañante y la cortina separadora; y se colocaron 135 sofás-cama. El hospital cuenta con 613 camas instaladas, según la última memoria publicada, de 2018. Tras la publicación de ese dictamen, el Ejecutivo regional anunció la apertura de un procedimiento sancionador contra la concesionaria por el que iba a reclamarle cuatro millones de euros por los servicios no prestados. elDiario.es preguntó el pasado febrero a la Consejería de Sanidad por la conclusión de ese expediente y si la adjudicataria llegó a devolver esa u otra cantidad pero no obtuvo respuesta.