La jueza Rosa María Freire ha dictado apertura de juicio oral contra el Partido Popular y tres personas físicas en el caso de la destrucción de los ordenadores que Luis Bárcenas guardaba en la sede de Génova.
Freire atribuye un delito de encubrimiento y daños informáticos a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro; a su director jurídico, Alberto Durán; y al jefe de informática José Manuel Moreno. Al PP no le puede atribuir encubrimiento porque es una persona jurídica, pero sí el delito de daños informáticos.
En su auto, la jueza desestima el intento del PP de aferrarse a la doctrina Botín para no sentarse en el banquillo. Los conservadores argumentan que, si la Fiscalía no acusa y Bárcenas retiró los cargos, no puede abrirse juicio oral con la única petición de las acusaciones populares. El PP tendrá la oportunidad de plantear esta cuestión en el arranque de la vista, en las cuestiones previas, y será el magistrado que juzgue el caso quien finalmente decida.
La jueza Freire asume el criterio de las acusaciones populares, según el cual el delito de daños informáticos se produce presuntamente en concurso medial con el de encubrimiento, esto es, se destruyeron los ordenadores (delito informático) para obstaculizar la investigación sobre la financiación irregular del partido (encubrimiento). El delito de encubrimiento se practica contra la Administración de Justicia, por tanto no es un delito particular y no es aplicable la doctrina Botín en este caso, razona la jueza.
La acusación popular está ejercida en estos momentos por Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade, organizaciones que han impulsado la causa junto a la jueza frente a la insistencia de la Fiscalía por demostrar que los hechos denunciados carecen de relevancia penal.
Izquierda Unida, a través de su abogado, Juan Moreno, ha vinculado el recurso a la doctrina Botín del PP con las “numerosas vicisitudes que este proceso ha soportado”. “Esto pasa desde la interposición de nuestra querella, con un primer auto de inadmisión carente de todo fundamento dictado por un juzgado de instrucción, la sorprendente y nunca aclarada desaparición del expediente judicial durante más de seis meses, además de las múltiple trabas procesales utilizadas por el PP para paralizar el procedimiento”, ha asegurado Moreno.
El PP había presentado hace una semana un escrito en el que hacía su último intento de usar la doctrina Botín para evitar el juicio. “Resulta evidente que, si el supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal, y si tampoco concurre el interés general o público que ostenta el Ministerio Fiscal –quien en reiteradas ocasiones ha manifestado la ausencia de relevancia penal de los hechos que nos ocupan-, no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones”, alegó su defensa.
Bárcenas renunció el pasado 13 de septiembre a seguir ejerciendo la acusación particular por la destrucción de sus ordenadores, con el argumento de que tenía que reducir gastos en abogados cuando su letrado en aquel entonces no había percibido un euro por sus servicios, ni se lo había reclamado.
La instrucción de la jueza Freire ha determinado que existen “indicios de un borrado a conciencia, con ánimo de destruir, no solo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente en los discos duros y que pudiera revelarse tras los correspondientes trabajos técnicos a realizar por las unidades policiales especializadas”.