El fiscal del juicio sale de pesca en el día de Cuixart y no pilla ni una trucha

En inglés lo llaman 'fishing expedition'. La expresión se utiliza cuando se lleva a cabo una investigación o un interrogatorio para encontrar sin mucha base inicial indicios comprometedores, o incluso incriminadores, contra alguien. Los fiscales del juicio del procés creen tener pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones, pero en ocasiones han lanzado la caña para ver si podían atrapar con ella a algunos de los acusados. Los lanzamientos han sido tan poco atinados que en una de esas hasta podrían haber sacado un ojo a algún miembro del tribunal de lo desviado que había sido el intento.

Con ocasión del interrogatorio de Jordi Cuixart el martes, el fiscal Jaime Moreno acabó con el brazo dolorido, exasperado con la locuacidad del acusado y al final hasta algo molesto con el presidente del tribunal. Hay que decir que también se vio minado por sus propios errores, por su muy interesada elección de tuits de Cuixart, que la defensa pudo desactivar con otros tuits, por su desconocimiento sobre lo que es un dominio de Internet y por algunas preguntas de fondo muy especulativo.

En el interrogatorio del presidente de ANC, Jordi Sànchez, el fiscal Javier Zaragoza logró ponerle en aprietos en algunas ocasiones. Con Cuixart, Jaime Moreno sólo consiguió crear un mar de confusión. Y que el acusado lanzara largos discursos políticos que tuvieron que encantar a los partidarios de Òmnium Cultural que vieron la sesión en una pantalla instalada en la calle en Barcelona, junto a la sede de la organización.

Òmnium tiene 140.000 socios, según contó Cuixart en el juicio. Ya no. La organización anunció que en el día de la declaración de su expresidente en el juicio sumó otros 4.000, un récord en su historia, más que en el día en que Cuixart ingresó en prisión. Un ejemplo más de que este juicio no se celebra sólo en el interior del Tribunal Supremo.

Como presidente entonces de Òmnium desde diciembre de 2015, Cuixart estuvo en el procés desde muy pronto, pero sin ningún cargo político. La Fiscalía considera a ANC y Òmnium la pata civil de la rebelión, pero tiene problemas para relacionarlos con una conspiración política. Convocar manifestaciones no es delito. Presionar desde la calle, tampoco. “Todo partido que organiza una manifestación tiene como objetivo conseguir una alta movilización, que sea masiva (en ese momento, Cuixart citó otros ejemplos, incluida la manifestación reciente de la derecha en la Plaza de Colón en Madrid). Nadie convoca una manifestación para que vaya poca gente”, dijo.

La cosa se empezó a embarullar cuando el fiscal Medina citó un email enviado por Cuixart a Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium, pidiéndole “una campaña más bestia y potente”. Esas fueron las palabras de Medina. Bestia. Suena peligroso. Primer intento para teñir de violencia la conducta de Òmnium. Se buscó el email en el sumario y Cuixart lo tradujo del catalán. Pedía que se trabajara más en ese proyecto de campaña con un presupuesto alto, de 500.000 euros, para obtener “un reenfoque más potente”, más ambicioso, algo que pudiera crear “un tsunami en la sociedad”. No aparecía lo bestial por ningún sitio. Cuixart continuó: “Recriminarme un tsunami democrático, no sé dónde está lo punible. Queremos una sociedad más democrática y participativa”.

Butifarras sospechosas

A cuenta de ese email, se habló también de butifarras, por la celebración del 12 de octubre que los nacionalistas catalanas sustituyen por fiestas populares en las que se consume eso, butifarras. Lo explicó Cuixart, pero el fiscal insistió después hasta el punto de que dio la impresión de que pensaba que 'butifarras' era el nombre en clave de algo oculto. Material de 007, no parecía.

Fueron peor para el fiscal sus preguntas sobre cridademocracia.cat, un dominio comprado por Òmnium en julio de 2017. Se creó “para denunciar la guerra sucia y la voluntad de la sociedad catalana de celebrar un referéndum”, explicó Cuixart. ¿Se utilizó para convocar a los votantes el 1 de octubre?, preguntó el fiscal. “Se está haciendo un lío, lo digo con todo respeto”, respondió el acusado. Contó que los mensajes a los simpatizantes se hacían sobre todo a través del canal de WhatsApp, no de esa web.

El fiscal siguió obsesionado por la web hasta el punto de que consideró sospechoso que se “modificara” tres o cuatro días antes del referéndum, sin precisar a qué cambio se refería (¿el contenido? ¿algún elemento del dominio?), y que para hacerse con el dominio se contrató a una empresa con sede en Irlanda: “¿Para impedir su cierre como medida cautelar?”.

En el Whois de ese dominio, la empresa CDmon sale como la que realiza el registro. Se trata de una compañía de Barcelona fundada en 2002, conocida en el sector de Internet desde hace tiempo. Este periodista tiene un blog que tuvo el hosting alojado en CDmon y cuyo dominio punto com se compró en una empresa con sede en Alemania, nunca con intención de sustraerse a la justicia, señor fiscal. Por otro lado, muchas empresas tecnológicas tienen su sede fiscal en Irlanda o Luxemburgo por razones precisamente fiscales.

Para desmentir al fiscal, Cuixart comunicó que en septiembre de 2017 la página fue cerrada a petición de la Guardia Civil y por orden de un juez, con o sin Irlanda. Hoy sigue apareciendo bajo ese dominio tan sólo el escudo de la Guardia Civil.

No quedó claro si el fiscal sabe lo que es un dominio y cómo se contrata si le pareció sospechosa la referencia a Irlanda. Algunas páginas web independentistas se situaron en países mucho más lejanos a Irlanda, pero no es el caso de cridademocracia.cat, cuya trayectoria resultó escasa. Muchos minutos de interrogatorio sin ningún beneficio para el fiscal. Por qué dedicó tanto tiempo a eso es un misterio.

La hora de los tuits

El fiscal pasó a seleccionar una serie de tuits de Cuixart y Òmnium. Este es un juicio del siglo XXI. Twitter sirve a Donald Trump para amenazar a un país con una guerra económica o algo peor, así que no es extraño que los tuits sean utilizados en una vista oral. Un tuit tiene el mismo papel que una declaración pública. Por eso, Moreno destacó alguno de contenido rotundo en la movilización del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía (“El Estado asalta las instituciones propias y llegará hasta donde le dejemos”). ¿Era un acto de protesta o para impedir que se realizara el registro en la Conselleria?, preguntó. “Estoy seguro de que los poderes del Estado escuchan cuando la gente sale a la calle”, fue la respuesta.

“Aislemos toda actuación violenta”, fue otro de los mensajes aparecidos en los tuits destacados por el fiscal. La pregunta: ¿quiere decir eso que “ya preveían acciones violentas?”. “Creo que esa pregunta es un poco de falta de respeto”, dijo Cuixart.

Lo cierto es que es difícil considerar que un tuit advirtiendo contra la violencia significa que su autor espera conductas violentas que le beneficien. Demasiado retorcido. Su defensa tuvo luego la oportunidad de seleccionar otros tuits contrarios a la violencia.

Al igual que otros acusados, Cuixart habló demasiado al meterse en largas disquisiciones sobre cuestiones que podían responderse con un 'sí' o un 'no'. En ocasiones, con un lenguaje muy coloquial en el que no faltaban algunos “hostias” como exclamación de sorpresa hasta que el presidente del tribunal le exigió que se cortara un poco.

Es una persona expansiva que habla por los codos y que puede llegar con la retórica hasta el techo. Sobre los manifestantes que se sentaron en el suelo ante el coche policial que llevaba a un detenido el 20 de septiembre, dijo que “eso me recuerda al señor de la plaza de Tiananmén”. El parte de bajas de ambos sucesos es realmente muy diferente.

Cuixart admitió que lo que pasó ante la Conselleria de Economía, con los daños a los vehículos de la Guardia Civil, fue una situación que se fue algo de las manos, aunque precisó que la intención nunca fue violenta. Lo que ocurrió “fue degenerando en una actitud que no es propia del movimiento independentista”. Jordi Sànchez ya comentó la semana pasada en el juicio que no pudieron “hacer las cosas como hubiésemos querido”.

La pelea final

Como en un partido que está empatado sin que nadie marque, los contendientes empezaron a ponerse algo cortantes y excitados cuando se acercaba el final.

Fiscal: “¿Sabe si hubo salvas de advertencia?” (por las fuerzas de seguridad en el colegio Ramon Llull de Barcelona frente a los concentrados).

Cuixart: “Lo que sé es que hubo un lanzamiento de pelotas de goma que vació el ojo de una persona”.

Fiscal: “¿Sabe si hubo siete policías lesionados?”.

Cuixart: “Lo que sé es que hubo 17 policías imputados”.

Manuel Marchena cortó un intercambio que no iba a llegar a ninguna parte. El fiscal pareció dolido o molesto con el magistrado y se quejó de que no le estaban respondiendo “exactamente” a la pregunta. Hay días en que parece que los fiscales creen que están todavía en la fase de instrucción. Cualquiera diría que una persona que se arriesga a pasar 17 años de prisión está obligada a colaborar en el juicio con la Fiscalía para poder llevarse la mayor pena.

Eso es mucho más de lo que puede reclamar un fiscal, porque el acusado tiene derecho a no responder a las preguntas que quiera, como ha recordado el juez Marchena en varias ocasiones de este juicio y volvió a repetir una vez más.

El fiscal Moreno había acabado por hartar un poco a Marchena, así que decidió poner fin a su intervención después de tres horas y 20 minutos de interrogatorio. Acabó con las botas llenas de barro y la cesta bastante vacía. Tres horas intentando que algo picara y sólo se llevó a casa un cabreo final. No fue una jornada laboral como para presumir con sus compañeros de fiscalía.