Primer asalto de Jordi Sànchez y el fiscal Zaragoza en el asunto clave del juicio

El juicio del procés llegó al primer momento en que las palabras significaron algo más que un desmentido, donde las preguntas buscaban de forma directa pillar al acusado en una flagrante contradicción, donde el acusado se vio presionado y no pudo ocultar sus nervios en algunos momentos. Sobre todo, el momento en que la fiscalía hizo por primera vez un claro esfuerzo por sustentar su acusación de rebelión. Había mucho en juego.

Hay un dato que no se puede obviar. La acusación más grave que pende sobre los acusados en este juicio, rebelión, había estado ausente o presente sólo de forma velada en las preguntas de la fiscalía. De más está decir que aparece de forma permanente en las declaraciones de los dirigentes del PP y Ciudadanos. Para estos partidos, el veredicto estaba claro antes de que empezara el juicio. Pero resulta que en Derecho Penal es la fiscalía la que tiene que demostrar que el acusado es culpable.

El jueves era el día de la declaración de Jordi Sànchez, presidente de la ANC en esas fechas. Las preguntas más cargadas de peligro para él tenían que ver con los sucesos del 20 de septiembre de 2017, cuando decenas de miles de personas se concentraron ante la Conselleria de Economía cuando en su interior agentes de la Guardia Civil registraban varios despachos en una operación preventiva contra los planes independentistas de celebrar un referéndum.

Fue un duelo directo entre Javier Zaragoza, con muchos años de experiencia como fiscal de la Audiencia Nacional, y Jordi Sànchez. La tentación de elegir un ganador siempre es grande en periodismo, pero no es muy inteligente en un juicio en el que quedan muchos testigos por declarar y donde cada parte cuenta con varias bazas que jugar.

El interrogatorio de Sànchez sirvió para desvelar la importancia que tuvo ese día 20. La ANC convocó una concentración ante la Conselleria en protesta por las detenciones, pero ya se había empezado a reunir gente antes. Sànchez habló con Joaquim Forn –conseller de Interior–, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y el vicepresident, Oriol Junqueras. También y varias veces con la oficial de los Mossos encargada del despliegue, y el teniente de la Guardia Civil que encabezaba la comisión judicial.

Todo el mundo habló ese día con Jordi Sànchez. Tiempo después, pagó un precio alto por esa notoriedad.

El fiscal quiso aprovecharlo para sostener que era él quien dirigía todo, quien ponía condiciones a las fuerzas policiales que limitaban su trabajo. “Parece que le encomendaron funciones de orden público”, dijo. En ese momento, se oyeron murmullos entre el público. Una de esas personas dijo de forma audible: “¡Qué huevos!”. De repente, todo el mundo era consciente de lo que se estaba jugando y de que el fiscal intentaría no soltar la presa.

Sànchez replicó: “No hay que confundir labores de orden público con el orden público”. Esto último era responsabilidad en ese lugar de los Mossos y de la Guardia Civil, dijo. Uno de los grandes misterios de ese día, para lo que habrá que esperar a la declaración como testigo de Trapero, es por qué los Mossos no tuvieron una presencia mayor en las puertas de la Conselleria.

El encargo del conseller

Por la mañana, hacia las 12.00, el conseller Forn llamó a Sànchez. “Nos dijo 'nos tendríais que ayudar en materia de seguridad, facilitar un pasillo para la entrada (y salida) de la comitiva judicial'”. Interior subcontrataba en él una de las labores más delicadas y más difíciles de ejecutar en una concentración masiva realizada a pocos metros de un edificio oficial.

La ANC aportó su servicio de orden formado por voluntarios y formó ese pasillo, muy estrecho –de no más de metro y medio– porque la acera lo era. La zona se llenó por la tarde con decenas de miles de personas, 40.000, según la Guardia Urbana.

En el escrito de acusación de la fiscalía, esos sucesos se describen como “un asedio de hasta 60.000 manifestantes” que duró 16 horas. Se dice que la comisión judicial “se vio privada de su libertad de movimientos” y que tres vehículos con distintivos de la Guardia Civil y cuatro camuflados fueron destrozados. Los agentes no pudieron salir hasta las cuatro y las siete de la mañana en dos turnos. Los hechos, acusa la fiscalía, fueron “conocidos, inducidos y consentidos” por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Es una de las bazas que la Fiscalía cree tener para sustentar la acusación de rebelión.

Lo que el fiscal pintaba como negro, para Sànchez era blanco. “Era una protesta en defensa de las instituciones” catalanas contra los registros, no para impedirlos. “La movilización nos sorprendió” por el alto número de personas congregadas. Para la ANC y Òmnium, fue un éxito inesperado y quisieron rentabilizarlo hasta el final. Querían estar allí hasta las doce de la noche y lo hicieron. Hubo otros registros y otras manifestaciones ese día, pero la Conselleria de Economía se convirtió en el epicentro del desafío a la redada, un prólogo de lo que podría ocurrir diez días después en el referéndum.

“¿Sabe que los agentes tuvieron que meterse en el edificio por la mayor agresividad de los manifestantes, que hubo insultos?”, preguntó el fiscal. “No lo sabía”, respondió Sànchez, que destacó que el ambiente fue festivo en general y que incluso contó con actuaciones musicales. “En ningún momento se respiraba tensión”, dijo. Había “absoluta normalidad” también dentro del edificio.

Las fotos de los vehículos

El asunto de los vehículos policiales era delicado para Sànchez, porque se ajusta menos a la imagen de una movilización pacífica. Las fotos de los 4x4 de la Guardia Civil ocuparon unas cuantas páginas en los medios al día siguiente. “Hubo una serie de vehículos que fueron dañados. Una acción denunciable, como yo hice después, hecha por unos pocos individuos no puede ser excusa para criminalizar a una movilización de 40.000 o 60.000 personas”, dijo Sànchez. Luego destacó que “no hubo lanzamiento de objetos” contra la Guardia Civil, los mossos o la puerta de edificio.

Su abogado aportó a la vista unas fotos en las que se ve a unos pocos agentes y mossos en la entrada de la Conselleria, a los fotógrafos subidos a los coches policiales o el pasillo formado por el cordón de voluntarios de la ANC.

Armas abandonadas

Más susto se llevó Sànchez cuando el teniente de la Guardia Civil le dijo que en los coches policiales estaban las armas largas de la dotación. “Me generó una tensión como pocas veces he sentido en una concentración”. Le dijo a Trapero por teléfono: “Haré lo que pueda, pero no es mi responsabilidad”. Luego, hizo que los voluntarios de la ANC formaran un círculo para que nadie se acercara a los vehículos.

El fiscal recuperó más tarde el asunto de las armas para seguir presionando. Preguntó por qué no habían acompañado a un grupo de guardias civiles para que retiraran las armas de los coches. Se desconoce por qué nadie se ocupó de que fueran los mossos los que se hicieran cargo de ellas, otra cuestión que queda para el interrogatorio de Trapero.

Era un momento en que Sànchez comenzaba a estar más nervioso y respondió: “¿Cómo se hace eso? Porque yo no lo sé”. El fiscal Zaragoza siguió, esta vez con un tono de sarcasmo, como si fuera lo más normal que el responsable de manifestación se tuviera que ocupar de eso: “En su caso, parece muy sencillo. Coger un megáfono y pedirlo”. Quizá el magistrado Manuel Marchena detectó que el fiscal se estaba pasando, porque salió al quite y le comunicó que continuara con otras preguntas.

La estrategia del fiscal estaba clara. Convertir a Sànchez en arquitecto de la movilización y responsable de todo lo (malo) que ocurrió: “Era usted el interlocutor (con otros policías). Era un poco responsable de lo que estaba pasando”. No podía dejarlo más claro.

Lo que es indudable es que la presencia de decenas de miles de personas ante un edificio con una comisión judicial dentro en una movilización que se prolongó durante todo un día con una escasa y no muy efectiva presencia de los Mossos y sin más protección que un servicio de voluntarios generó momentos de tensión. Es difícil llegar a la conclusión de que la situación estuvo controlada en todo momento durante 16 horas.

“No pudimos hacer las cosas como hubiéramos querido”, dijo Sànchez al final de su declaración al responder a su abogado.