La sala de vistas de la Audiencia Nacional se abarrotará a partir de este lunes con una representación del poder político, empresarial y sindical, cómplices en el desastre de las cajas de ahorro y la consiguiente sangría de las arcas públicas en el centro de la crisis. Pero ninguno de los 65 acusados responderá en este juicio por ello. O al menos solo lo harán por la guinda del pastel, los 12 millones de euros que gastaron sin control durante una década con sus tarjetas ‘black’, un premio para la mayoría por asentir desde su silla del consejo de administración o un de un puesto directivo, primero de Caja Madrid y después de Bankia, según la acusación popular.
Y al frente de todos los acusados, los dos personajes que la mayoría del Partido Popular en la Comunidad de Madrid aupó al gran despacho de la última planta: Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Sus fotos de aquellos años junto a las de ahora conforman un relato ilustrado del declive. Blesa, de íntimo de Aznar con retrato millonario a señor despeinado y con el rostro desencajado, entre empujones de un grupo de jubilados con preferentes. Rato, de registrar a su nombre el supuesto “milagro económico”, vicepresidente del Gobierno, director del FMI, a entrar en un coche policial con la mano de un funcionario en la nuca.
La jueza Ángela Murillo ha suspendido el juicio de las black después de que el abogado de Blesa terminase de interrogarle. Así, la declaración del siguiente imputado, Rodrigo Rato, que estaba prevista inicialmente para hoy, tendrá lugar el próximo martes.
La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha tenido que interrumpir el interrogatorio del abogado defensor de Miguel Blesa para pedirle que no le dé la respuesta implícita en las preguntas, sino que le haga “preguntas que él pueda responder”.
Blesa y su abogado se ciñen al guión pactado. Se recrean en la época anterior a la llegada de Blesa como presidente de Caja Madrid, puesto al que accedió recomendado por su estrecha amistad con el expresidente del Gobierno José María Aznar. Blesa dice que los gastos de la tarjeta no pueden considerarse en ningún caso gastos de representación ya que sería un argumento “pedestre” pensar que se le da una cuantía fija y mensual a este tipo de gastos. Sin embargo, le parece que este sistema (el de unos complementos salariales mensuales que sino se gastan se pierden), sí cuadra con una política retributiva.
En cuanto tiene ocasión, Blesa saca a colación el origen en 1988, durante la época de Terceiro, la creación de las tarjetas. Su insistencia durante la declaración deja claro que es parte vertebral de la defensa que tiene preparada durante el juicio. A Blesa se le piden 6 años de cárcel por tener especial responsabilidad en la existencia de estas tarjetas. “¿En 23 años, cómo se va a ocultar una práctica en una entidad en la que trabajan miles de personas?”, clama el banquero durante el interrogatorio de su abogado.
Carlos Aguilar le pide a Blesa que vuelva a leer en la causa el correo que dio origen a la investigación de las black. El abogado le pregunta si eso es “un correo”. Blesa responde que no, que no es un correo como tal sino un montaje de PWC para un informe. También le pide su opinión sobre el excel con los gastos. Blesa dice que eso no es un documento mercantil y que no entiende cuál puede ser el origen de los extractos.
Aguilar empezó el interrogatorio pidiendo a Blesa que explicara por qué pedía algunos meses que se le ampliará el límite de la tarjeta. Blesa reconoce que se tenía que ir de viaje al extranjero y que por eso se le ampliaba, pero que luego el límite mensual volvía a su tope. “Yo no autoricé nunca ninguna ampliación del límite anual”, sentencia Blesa.
El interrogatorio a Blesa, primero por parte del fiscal Luzón y luego de su abogado, están dedicando mucho tiempo a los últimos correos aportados por Bankia a la causa, y en los que los consejeros pedían constantes aumentos de sus límites o un número pin para sacar dinero en efectivo.
Bankia incorporó el día antes del comienzo del juicio varios cientos de correos electrónicos en los que se configura el sistema de reparto de tarjetas y de cuantías entre beneficiarios de las black. Los correos muestran el total descontrol interno sobre las tarjetas. Los consejeros las perdían, se pasaban de los límites, las rayaban o pedían una paguita extra. Un caos que echa por tierra cualquier mínima posibilidad de dar crédito a la teoría de que eran remuneraciones y que evidencia que se repartían en función de los favores cercanos a la cúpula directiva.
Durante el receso, prácticamente ningún acusado se ha quedado dentro de la sala. Virgilio Zapatero, ex ministro de Relaciones con las Cortes con Felipe González, se ha quedado dentro. En todo momento, Zapatero ha querido rehuir al resto de los acusados, ya que ha sido uno de los que ha peleado por su inocencia desde que se destapó el caso. Sin embargo, Blesa, que se había quedado rezagado en la sala junto con su letrado y Rodrigo Rato hablando de su declaración, se ha acercado a saludarle muy cariñoso.
Dos letrados han venido preparados en esta ocasión y para evitar que los acusados tuvieran que volver a usar la máquina vending (frente a la sala de prensa) han traído bandejas de sándwiches para los acusados que han repartido en el hall durante el receso. En el descanso, uno de los corrillos más animados ha sido el de Rato junto con Estanislao Rodríguez-Ponga (exsecretario de Hacienda) y Alberto Recarte (expresidente de Libertad Digital).
La jueza dicta un receso al terminar la declaración de Blesa que no quiere responder ante el resto de las acusaciones. Contestará ahora a las preguntas de su abogado. Durante la sesión, José Manuel Fernández Norniella, exsecretario de Estado de Turismo en 1996 y uno de los acusados de más avanzada edad, ha tenido que ausentarse acompañado por el agente judicial.
Luzón ataca de nuevo con uno de los puntos claves que desvelan los últimos correos presentados por Bankia. El que se elevaran los límites de las tarjetas en un mes si lo pedía un usuario. Blesa insiste en que solo se elevaba el límite de lo disponible en el mes, no la retribución anual. Esta declaración de Blesa choca con que algunos usuarios, como Matías Amat, pidieron en un solo mes que se les elevara el límite hasta 60.000 euros mensuales, por encima de la retribución anual que tenían asignada (el tope oficial eran 50.000 euros al año).
Luzón le dice que cómo hacían entonces para regular que en el conjunto del año no se sobrepasara lo asignado. “Pues el resto de los meses gastaba menos”, dice Blesa. El fiscal insiste en por qué había unos privilegiados que tenían pin para sacar y otros no. “No lo sé”, reconoce Blesa.