El juicio a veinte años de trampas del PP irrumpe en los planes de Casado para reflotar el partido

El sistema de financiación que los fundadores del Partido Popular heredaron en 1989 de Alianza Popular y decidieron perpetuar hipoteca ahora su futuro, aunque hayan tenido que pasar 29 años para que comenzara a ejecutarse ese embargo político. Ocurrió el 1 de junio de 2018, justo cuando el luminoso del hemiciclo mostró a Mariano Rajoy el resultado de la moción de censura presentada en su contra por los socialistas. La alusión en una de las sentencias del caso Gürtel al sistema oculto de financiación del gran partido de la derecha generó un consenso mayoritario sobre la necesidad de desalojar al PP del poder. La sucesión de escándalos de corrupción venía de muy atrás, con ministros, presidentes autonómicos y dirigentes con mucho poder que estaban en la cárcel o habían pasado por ella. La sentencia de 2018 fue la gota que colmó la paciencia del PNV, que solo una semanas antes había aprobado los presupuestos y hasta de Ciudadanos. Supuso la salida definitiva de Rajoy de la política.

Desde este lunes, el primer juicio a partir de los papeles que acreditan esa caja B evidenciará hasta qué punto esa herencia de tres décadas de trampas y dinero negro implican un lastre imposible de soltar para Pablo Casado.

Entre los acusados se sentará Luis Bárcenas Gutiérrez (Huelva, 1956), testigo de aquel traspaso de corruptelas entre los guardianes de la caja de AP y los del PP. “Al detener a (Rosendo) Naseiro me dan la llave de la caja y allí había 8 millones de pesetas”, declaró Bárcenas al juez Pablo Ruz el 10 de abril de 2014. Un año después, elDiario.es publicó los ‘papeles de Naseiro’, el primer tesorero del PP que escapó de la cárcel al anularse el proceso por escuchas ilegales. Entre esa documentación figura un documento que prueba la existencia de una cuenta bancaria con fondos no declarados por el partido y a nombre de Alianza Popular. 

Bárcenas llega a la vista con ganas de ajustar cuentas con quienes considera que le han abandonado, esto es, los dirigentes de su partido con Rajoy a la cabeza. Condenado ya a 29 años de cárcel, cumplida su pesadilla de ver a su mujer ingresar en prisión, el ex tesorero del PP ha presentado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que muestra su disposición a confirmar el pago de las reformas de la sede de Génova con los fondos de la caja B, así como el resto de hechos que se juzgan en la vista que arranca mañana, y a colaborar en cualquier otra investigación.

Y un día antes de que comience la primera vista se publica una entrevista con él en el diario El Mundo en la que el extesorero vincula por primera vez a miembros de la actual dirección del PP con las negociaciones que según él mantuvo con el partido para no hacer más daño al PP. “Ha habido una negociación llevada a cabo por un íntimo amigo mío con dos personas muy vinculadas al PP actualmente, en las que a cambio de enterrar el 'hacha de guerra' con el PP y retirarme como acusación en el caso de los discos duros, se me ofrecieron unas contrapartidas muy claras que, una vez más, y empiezo a estar acostumbrado, los interlocutores del PP no han cumplido”, asegura el extesorero en una entrevista que ve la luz en el ecuador de la campaña catalanas y cuando las encuestas sitúan a los populares muy parejos con Vox y por detrás de Ciudadanos. Ni Bárcenas ni el periódico ponen fecha a esa negociación pero el compromiso del extesorero solo pudo darse antes de que decidiese renunciar a ejercer la acusación en la causa de los discos duros, es decir durante el verano de 2016. En su conversación con El Mundo, Bárcenas, que continúa en prisión, tampoco detalla si las conversaciones con los miembros de la dirección del PP continuaron una vez que él cumplió con su parte del trato.

La principal causa en la que Bárcenas se presta ahora a colaborar está en pleno apogeo e indaga sobre las mordidas de grandes empresas a cambio de que las administraciones controladas por el partido le adjudicaran contratos desde los ministerios de José María Aznar en aquella era de mayorías absolutas de los populares. Las acusaciones creen que la aportación de Bárcenas puede ser determinante para que la causa prospere, lo que abocaría a un segundo juicio por la caja B distinto al que arranca mañana. De ser así, el pasado del partido seguirá estando muy presente en el intento de Pablo Casado de reflotar a su formación para que al final de esta legislatura el PP recupere el poder que le arrebató el descubrimiento de la caja B. Con ese sistema de financiación trucado, la derecha ganó dos elecciones generales y logró acumular un inmenso poder autonómico. Pero desde que perdió el Gobierno central hace casi dos años, la formación no levanta cabeza y millones de votantes han huido primero hacia Ciudadanos y después a Vox, cuando no a la abstención.

¿Qué se juzga?

El auto de apertura del juicio oral que arranca este lunes detalla el funcionamiento de la contabilidad en negro entre 1990 y 2009, los años que abarcan las anotaciones de Bárcenas. Ahí aparecen sus donantes, la veintena de empresarios que estuvieron imputados pero a los que Ruz archivó la causa por no poder demostrar que sus inyecciones de dinero eran a cambio de obras concretas (la línea que se ha reabierto ahora). También constan los dirigentes que recibieron sobresueldos, con Rajoy a la cabeza, y el destino que se dio igualmente a los 8 millones que figuran en las anotaciones y de los que igualmente salieron gastos de las campañas electorales.

Sin embargo, el juicio se deberá centrar en los hechos no prescritos, que se ciñen al ejercicio fiscal de 2008. Ese año, el PP recibió 1.055.000 euros de dinero negro, por lo que habría dejado de ingresar 220.000 euros a la Hacienda Pública. Otro presunto delito fiscal radica en el pago con la caja B el de una parte de la reforma de la sede de la calle Génova en Madrid, 880.000 euros. El PP se ahorró así entre un 8 y un 10% que Unifica, el estudio de arquitectura encargado de la reforma, le perdonaba a cambio de cobrar en b.

Objeto de la vista serán igualmente los 209.550 euros que el fallecido y también extesorero del PP Álvaro Lapuerta se habría quedado, con conocimiento de Bárcenas, de los fondos de la caja en la maniobra de adquisición de acciones de Libertad Digital, el medio de Federico Jiménez Losantos, con cargo a la caja B. Luis Bárcenas ya fue condenado por quedarse con su parte en el juicio de Gürtel Primera Época.

Los acusados

El más alto responsable del Partido Popular que se sentará en el banquillo de los acusados será Luis Bárcenas. En 2008, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, Bárcenas había pasado de gerente a tesorero, dando el relevo a Álvaro Lapuerta. La investigación de Ruz no pudo demostrar que los presidentes del partido ni los secretarios generales tuvieran control de las cuentas de la formación, ya que la cúpula estaba blindada formalmente por unos estatutos que presentan a sus principales dirigentes como ajenos a las decisiones que toman el tesorero y gerente, por mucho que hayan sido ellos quien pusieran en el cargo a Lapuerta y Bárcenas. Históricos secretarios genrales del partido, que ocuparon los cargos de número dos en el organigrama, como Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal solo llegaron a declarar como testigos. Rajoy y Aznar ni siquiera.

Junto a Bárcenas se sentará Cristóbal Páez, su ayudante en los tiempos de la Gerencia y gerente cuando él ascendió a tesorero. Este último registró un escrito la pasada semana alegando estar enfermo de Covid-19. En la primera vista se le ha excusado de estar presente, aunque sí deberá acudir su abogado. Del lado de Unifica, la empresa que acometió la reforma del edificio del PP, ocuparán el banquillo de los acusados los socios de la empresa, Gonzalo Urquijo y Belén García, y la empleada Laura Montero.

La Fiscalía Anticorrupción reclama cinco años de cárcel para Bárcenas por delito fiscal, falsedad documental y apropiación indebida; y un año y medio a Cristóbal Páez por los dos primeros delitos. Cinco acusaciones populares están personadas, después de que Manos Limpias haya renunciado en el último momento, y eso complica la situación de los acusados. Dos de ellas, los socialistas valencianos e Izquierda Unida reclaman que se condena a los acusados por asociación ilícita y organización criminal, lo que incrementa las peticiones de penas a casi 28 años para Bárcenas y 25 para Páez. 

El Partido Popular, por su parte, se enfrenta a su segunda posible condena. Como ya ocurrió en el juicio de Primera Época de Gürtel, la formación política, como persona jurídica, responde como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por Bárcenas. Por esta razón tuvo que abonar una fianza de 1,2 millones de euros a riesgo de que fuera embargada su sede. Si Bárcenas, Páez y el PP resultan condenados, éste último tendrá que hacer frente a los pagos de los dos primeros si éstos no pueden asumir el pago.

Los testigos

El plato fuerte del juicio, que celebrará un mínimo de tres sesiones por semana hasta el mes de mayo con un par de periodos de descanso, será sin duda la comparecencia de los testigos. El presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, José María Aznar López, está llamado a declarar, al igual que su sucesor en la presidencia del PP, Mariano Rajoy. Éste último tendrá que enfrentarse a las acusaciones de Bárcenas, quien en el escrito presentado a Anticorrupción le describe como “perfecto conocedor” de la caja B del partido y de los sobresueldos, de los que sería uno de los perceptores. Rajoy ya declaró como testigo en Primera Época de Gürtel en una intervención plagada de olvidos y frases ambiguas en la que negó estar al corriente de la caja B. Ahora lo hará después de que Bárcenas haya declarado por escrito que le entregó sus famosos papeles con las anotaciones de los pagos en B y que fue el presidente del partido en persona el que los metió en una máquina trituradora sin saber que el tesorero guardaba copias.

Junto a los presidentes del PP Aznar y Rajoy declararán sus secretarios generales: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal. A todos los señala Bárcenas como perceptores de sobresueldos y durante sus declaraciones en fase de instrucción se esforzaron en desvincularse de cualquier decisión en el partido que tuviera que ver con el dinero, pese a ser los números dos en el escalafón.

El tribunal

Tras más de una decena de cambios en su composición, el tribunal estará formado por María Fernanda Garcia, José Antonio Mora y Fernando Andreu. García será la encargada de redactar la sentencia y, como Mora, es relativamente nueva en la Audiencia Nacional. A diferencia de Andreu, quien intentó ser apartado por el Partido Popular con el argumento de que Dolores Delgado le ofreció el puesto de secretario de Estado cuando ella aceptó el cargo de ministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez.

Los cambios en el tribunal arrancaron con la recusación, ésta sí exitosa, de Enrique López y Concepción Espejel, a quienes sus compañeros de la Sala de lo Penal apartaron de esta vista y de otras de Gürtel por no guardar la apariencia de imparcialidad respecto al Partido Popular. A quien sí lograron recusar el PP y Bárcenas fue a José Ricardo de Prada por haberse ya pronunciado sobre hechos a juzgar en la sentencia de Gürtel. El PP atribuye a De Prada los párrafos de aquella sentencia que aluden a la caja B y que provocaron la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Una vez el Supremo ratificó la sentencia de Primera Época, las acusaciones populares pidieron sin éxito que se le repusiera en el tribunal de caja B.