Los defensores del Estado de derecho deberían haber estudiado algo de Derecho

Que si la Constitución. Que si el Estado de derecho. Que si el imperio de la ley. Que no hay democracia sin ley. Y ahora al final es el Tribunal Supremo el que aparece desnudo y a la vista de todos por haber montado una sucesión de acontecimientos que le permitió negar a Oriol Junqueras el derecho a tomar posesión del escaño obtenido en las elecciones europeas. No tuvo inconveniente en permitir que el líder de ERC se desplazara bajo vigilancia policial al Congreso para asistir al pleno en el que asumió la condición de diputado. Pero, para el Parlamento Europeo y como sus sedes están en Bruselas y Estrasburgo, los magistrados cambiaron de criterio y ganaron tiempo enviando tres preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como si ellos no supieran cuál iba a ser la respuesta.

¿Quieren conocer algo más revelador? Cuando la presidenta del Congreso envió una carta al Supremo en mayo de 2019 para que clarificara ciertas dudas jurídicas, los magistrados respondieron que ellos no eran un órgano consultivo y que aplicara el reglamento de la Cámara para cortar el paso a los cargos electos procesados, algo ilegal según los letrados del Congreso. Lo que en su caso era intolerable había sido un recurso muy útil para dirigirse a los magistrados de Luxemburgo y conseguir que el reloj siguiera corriendo. Había empezado un juicio y necesitaban congelar la polémica hasta que se publicara la sentencia. 

El Estado de derecho es sólido como una roca y tan flexible como un chicle. Milagros de la ley.

La justicia funciona a su ritmo, sin prisas, excepto cuando las tiene. Después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea favorable a Junqueras, el Supremo ha trasladado ahora el asunto a todas las partes, incluida la defensa, para que manifiesten su opinión en el plazo de cinco días. A la Fiscalía del Supremo, le han sobrado casi todos, porque ya tenía la respuesta preparada: Junqueras fue condenado y tiene que cumplir la pena. Sobre lo que pasó antes de la sentencia, eso ya es historia. 

Algo tendrá que decir el Supremo sobre Carles Puigdemont, además de Antoni Comín, pero eso se lo van a pensar un poco más. Quien se beneficia de la decisión judicial de modo inmediato es el expresidente de la Generalitat y eurodiputado electo, reclamado por la Justicia española pero aún no juzgado.

El presidente del Parlamento Europeo no ha necesitado mucho tiempo para leer la sentencia y obrar en consecuencia. En la mañana del viernes, Puigdemont y Comín han entrado en la Eurocámara para recibir una acreditación válida hasta diciembre de 2020 a la espera de cumplimentar todos los trámites necesarios después de las vacaciones navideñas.

Luego, el paso siguiente sería que el Estado español pidiera un suplicatorio para que se levante su inmunidad y pueda continuar el proceso judicial. Es lo que tenía que haber pasado con Junqueras. Es también lo que el Tribunal Supremo quiso evitar.

El impacto en las negociaciones de gobierno

Con una negociación pendiente con ERC y el deseo de no incomodar al Tribunal Supremo, el PSOE querría tomarse unos días para ver qué sucede con los próximos movimientos judiciales. Esquerra no lo ha consentido, porque no puede permitirse quedar a la zaga de JxCat en la competición particular que tienen ambos partidos. Además, es su líder el que vio anulados sus derechos políticos como europarlamentario electo y no van a dejar que se olvide lo que es una clara victoria jurídica. Una vez más, el PSOE está ante el dilema de posicionarse en temas sobre los que desearía no decir nada.

En ERC esperan muy interesados en saber lo que hará la Abogacía del Estado, que no es un organismo independiente y que depende del Gobierno. La apuesta es alta: la defensa de Junqueras quiere la libertad del líder de Esquerra y la anulación del juicio por lo que a él respecta. 

El Tribunal de Justicia de la UE entra así a participar también de forma indirecta en las negociaciones para formar Gobierno con el Tribunal Supremo obligado a mover ficha. Demasiada gente en la fiesta para que acabe bien. A estas alturas, ya es un lugar común repetir que todo esto hubiera sido más fácil en julio.

El partido de la mano dura

En la derecha, han adoptado la misma respuesta que con la sentencia del juicio del procés. Les da igual si una decisión judicial confirma o desmiente sus ideas. Las alternativas se reducen siempre a dos: mano dura o mano aun más dura. Por eso, la frase clave en las declaraciones de Pablo Casado es: “Nada ha cambiado jurídicamente”. Nunca cambia nada cuando ya has dictado la sentencia por tu cuenta, como ocurrió con el delito de rebelión.

Ese grado de confusión ya se apreció a primera hora de la mañana del jueves cuando el número dos del PP fue preguntado por el tema. Es casi seguro que Teodoro García Egea no había leído a esa hora la decisión judicial, pero en todo caso hay que fijarse en lo que dijo, porque resume lo que se ha escuchado en el PP en los últimos meses: 

“Nosotros hemos pedido a Pedro Sánchez en sucesivas ocasiones, también esta semana, que inicie la modificación de la euroorden. Es decir, un señor como Puigdemont que está fugado, lo hilo un poco con la situación de Junqueras, no puede ser que un tribunal belga enmiende la plana al Tribunal Supremo de España. Por tanto, si nosotros estamos dentro de un sistema como la Unión Europea, que permite la libre circulación de personas y mercancías, no puede ser que la jurisdicción de un país no sea aplicable directamente en otro país, y las personas que salen de España utilizando la libre circulación de personas y mercancías puedan estar fuera de la jurisdicción española en otro país”. 

Por dónde empezar. Sánchez no puede modificar por su cuenta el sistema de la euroorden. Es un acuerdo político suscrito por muchos países que en general funciona bien y que es poco probable que se cambie porque moleste a algún Gobierno.

Aunque exista la euroorden, cada país cuenta con sus leyes y tribunales, y los españoles no pueden imponer su voluntad sobre los belgas o alemanes (ni al revés). Una cosa es la libre circulación de personas y mercancías –uno de los puntos fundamentales de la UE– y otra muy diferente que España pueda pasar por encima de los tribunales de otros países para, por ejemplo, obligarles a entregar a los españoles perseguidos por la justicia o negarles la condición de cargos electos. 

Vale que Egea no es abogado, sino ingeniero, pero su uso de ciertos conceptos está muy extendido en su partido. Y eso es lo malo de algunos defensores del Estado de derecho en todo este conflicto. Hablan mucho de la independencia judicial, pero sólo se refieren a los tribunales que saben que les van a dar la razón. Cuando no es el caso, las nociones jurídicas comienzan a entrar en el terreno de la fantasía interpretativa.