El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha comunicado este lunes a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart que están procesados por rebelión. El auto que concreta estas acusaciones añade al exvicepresident el delito de malversación por el presunto desvío de fondos para costear la votación, algo que Junqueras ha negado tajantemente ante el magistrado que instruye la causa: “No se ha dedicado un solo euros del presupuesto al procés”.
Además, el exvicepresident de la Generalitat y el expresident de la ANC han reprochado al juez que instruya un proceso político, una suerte de causa general contra el independentismo. Sànchez ha sido el más duro en este sentido, y ha acusado a Llarena de una importante “falta de objetividad”. Fuentes presentes en el interrogatorio aseguran que ha sido un “reproche muy grave”, sin malas formas pero mirando al magistrado directamente a los ojos.
El primero al que se ha comunicado el auto de procesamiento ha sido Junqueras, que solo ha contestado a su abogado durante unos 40 minutos. Según informan fuentes jurídicas, el exvicepresident ha dedicado parte de ese interrogatorio a rechazar el delito de malversación de fondos públicos. Para sufragar la compra de papeletas y urnas no se usaron, ha dicho, las partidas presupuestarias anuladas por el Tribunal Constitucional.
Junqueras, que lleva en prisión desde el pasado 3 de noviembre, también ha insistido ante el juez en que convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya no supone cometer ningún delito y ha defendido que este es un conflicto político, no judicial, cuya solución debe ser negociar desde la política y no “criminalizarlo” en los tribunales. En este sentido, ha insistido en que el Govern buscó un acuerdo con el Estado, que, dice, no aceptó dialogar.
Según fuentes de la defensa, Junqueras ha afeado a Llarena que con este caso busque acabar con el movimiento independentista y anular los derechos políticos de quienes lo apoyan. En este punto, ha insistido que el movimiento que representa siempre ha abogado por la no violencia y ha acusado al Estado de ejercerla de manera desproporcionada para impedir el 1-O.
Junqueras también ha dedicado parte del interrogatorio a denunciar irregularidades en el proceso judicial contra él. Ha afirmado que su situación de prisión le impide tener acceso a toda la causa y comunicarse habitualmente con su abogado para preparar la defensa, y ha añadido que no puede defenderse del proceso que se sigue contra él en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. En esta línea, ha considerado que el Supremo no tiene competencias para juzgarle y que este tribunal vulnera el principio de legalidad porque se le investiga por actuaciones que no son delictivas.
Sànchez: “No se puede ser juez y víctima”
Sànchez ha sido el segundo en declarar ante Llarena, al que ha acusado de haber prescindido de la imparcialidad para instruir la causa. Percibe, ha dicho, una “carencia de objetividad” en el magistrado, y ha aprovechado para recordar que en el auto de procesamiento el juez escribe en primera persona al hablar de la estrategia secesionista. “La estrategia que sufrimos”, escribió Llarena en referencia al Libro Blanco. Para Sànchez, esto muestra que el magistrado no está actuando de manera objetiva en esta causa porque no se puede ser “juez y víctima”.
En una declaración de más de una hora, el expresidente de la ANC ha criticado los autos de Llarena por haber utilizado argumentos muy diversos para negarle la salida de prisión. Pasó de utilizar su voluntad de ser diputado a afearle directamente su ideología, dice Sànchez, que también ha cargado contra Llarena por obviar el escrito del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En definitiva, le ha afeado que esté actuando con “falta de independencia” en un proceso judicial que no es una causa contra delitos individuales, ha añadido, sino que se trata de una causa general que persigue “las ideas” independentistas. Ante estas acusaciones, el juez ha respondido que ante sus “temores” de falta de objetividad solo puede decirle que sus abogados pueden recurrir las resoluciones ante la Sala de Apelaciones del Supremo.
Sànchez también ha negado que él y Cuixart movilizasen a los manifestantes durante el 20 y 21 de septiembre. Ha añadido que durante esas protestas y durante la jornada del referéndum no hubo violencia porque el independentismo es un movimientos pacífico.
Cuixart: “Se ha vulnerado nuestra libertad ideológica”
Cuixart ha sido el último en sentarse frente a Llarena y el más breve. Tan solo ha contestado a unas pocas preguntas de su defensa para insistir en que este proceso vulneraba la libertad ideológica y de expresión. El auto de procesamiento que hoy ha comunicado Llarena a Sànchez y Cuixart les acusa de usar su poder al frente de ANC y Òmnium para movilizar a “cientos de miles de seguidores”, una masa que impulsaron para que hiciera frente a la Policía durante el referéndum del 1-O. También recuerda su responsabilidad durante los incidentes del 20 y 21 de septiembre frente a la Consellería de Economía.
En el caso de Junqueras, el juez le sitúa en el núcleo duro del procés junto con Carles Puigdemont y Joaquin Forn, exconseller de Interior al mando de los Mossos. Refleja que el exvicepresident estuvo relacionado con los altercados de septiembre durante la operación policial contra los preparativos del 1-O y que, como el expresident, fue advertido del riesgo de incidentes violentos durante el referéndum.
Además, el juez señala que Junqueras participó en la estrategia diseñada para movilizar a la población para conseguir la independencia y que también tuvo un papel relevante en el diseño de “un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”.