La Junta de Andalucía rechaza la venta a Gibraltar de arena de un paraje protegido

El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha expresado hoy el rechazo de la Junta de Andalucía a la venta a Gibraltar de arena de la duna de Valdevaqueros de Tarifa (Cádiz), un área protegida, y ha asegurado que pondrá “toda su voluntad” para “que no vuelva a suceder”. Lo que no se ha explicado es cómo esto ha podido ocurrir.

El consejero ha recordado a los periodistas que, en el enfrentamiento con Gibraltar, la Junta de Andalucía “ha estado al lado del Gobierno de la Nación, como ha manifestado la consejera de Presidencia e Igualdad (Susana Díaz), buscando puntos de encuentro y de diálogo, y haciendo posible fundamentalmente que los trabajadores españoles no sufran por este conflicto”.

Respecto a la extracción de arena para las playas de Gibraltar, el consejero ha resaltado que el área en la que se está extrayendo está vetada. “Las zonas protegidas tienen que ser respetadas, porque la protección es un elemento fundamental para hacer posible la pervivencia del medioambiente”, ha dicho.

Por su parte, el diputado del PSOE por Cádiz Francisco González Cabaña ha censurado que el Ministerio de Medioambiente “siga mudo” sobre estos hechos que investiga la Fiscalía General del Estado, recordando que ya hace un mes registró una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados exigiendo explicaciones al Gobierno de la Nación. En comunicado, el socialista se ha congratulado por la decisión de la fiscalía de incoar diligencias informativas “al Ayuntamiento de Tarifa (donde gobierna el PP) y otros” por los supuestos delitos de hurto agravado y falsedad en documento público por estos hechos.

Cabe recordar que este martes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó impedir el paso de camiones con arena para la construcción de un espigón en la cala este del Peñón de Gibraltar, donde está previsto levantar un complejo inmobiliario de lujo en terreno ganado al mar, según informaron fuentes del ministerio a la agencia Europa Press. La medida ha sido tomada en coordinación con el servicio de aduanas y la Fiscalía de Medio Ambiente, que ya había incoado diligencias informativas tras la denuncia interpuesta el pasado mes de julio por Verdemar-Ecologistas en Acción.