La Junta de Castilla y León dejó en manos de una sociedad panameña constituida por testaferros su oficina comercial secreta en Panamá, según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. El 1 de abril de 2009, dos representantes de Ade Internacional Excal, el organismo de la Junta para la internacionalización, firmaron un acuerdo para que Arranz Acinas Consultores SA organizase misiones comerciales, resolviese dudas y, en definitiva, ayudase a empresarios de Castilla y León a emprender relaciones con Panamá y otros países centroamericanos.
Arranz Acinas Consultores se creó apenas un mes antes de la firma del contrato de prestación de servicios a Ade Internacional Excal. Según datos registrales, su constitución se materializó el 2 de marzo de 2009 en la ciudad de Panamá por parte de Luis Eduardo Céspedes, en calidad de socio de GMS Services (presente en 2.178 empresas) y Lilia Aminta de Salcedo (presente en 994 empresas), en calidad de socia de LJB Services (presente en 2.209 empresas). El objeto de Arranz Acinas Consultores es actividades de inversión y “otros actos de comercio en calidad de principal o en cualquier otro carácter, sea el que fuere”, así como “cualquier otra actividad lícita aunque no guarde relación con ninguno de los objetos enunciados” en la cláusula.
Su capital social es desconocido, ya que está representado por 500 acciones comunes sin valor nominal. GMS Services y LJB Services tan sólo tienen una acción cada una. La presidenta es Lilia Aminta de Salcedo, el tesorero, Miguel Urriola (presente en otras 1.102 mercantiles) y el secretario, Lísimaco Jacinto López y López (presente en 696 empresas) y vinculado al partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. Según la escritura, la representación legal quedaba en manos de la presidencia, y en ausencia de esta, el vicepresidente, si lo hubiere, el tesorero o el secretario.
Similitudes con la empresa del hermano del presidente de Castilla y León
Sin embargo, cuando se firma el acuerdo con la Junta, quien actúa como representante legal, sin figurar como cargo en la mercantil panameña, es Jesús Arranz Monje, hijo del constructor burgalés Jesús Arranz Acinas y quien daba nombre a la sociedad. Pero, aunque Arranz Monje no parece tener vínculo societario alguno con AAC, sí que lo tenía con los integrantes de esta. En 2008, Arranz Monje creó la mercantil panameña CYL & Centroamérica Consultores junto a su amigo Francisco Javier Herrera Campo, hermano del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Herrera Campo era quien presidía esta consultora. Los suscriptores eran los mismos que los de AAC: GMS Services y LJB Services, también con una acción cada una de un total de 500, y como representantes de estas figuraban tanto Lilia Aminta de Salcedo como Luis Eduardo Céspedes. Además, esta consultora tenía exactamente el mismo objeto que AAC: “Se dedicará principalmente a las actividades de inversión. Además, podrá ejecutar cualesquier otros actos de comercio en calidad de principal o en cualquier otro carácter, sea el que fuere, y dedicarse a cualquiera otra actividad lícita, aunque no guarde relación con ninguno de los objetos enunciados en esta cláusula”, decía el acta notarial de constitución.
A pesar de contar sólo con un mes de existencia, el contrato exponía que Arranz Acinas Consultores (AAC) era una empresa consultora que “posee respecto del mercado centroamericano y panameño, así como también respecto de las empresas y productos de Castilla y León, el conocimiento y la experiencia suficientes como para ofrecer a estas diversas aportaciones que contribuirían a enriquecer, ampliar y fortalecer su presencia en América”.
Además, aparece lo que podría ser una errata. En el punto IV de la exposición, el contrato dice “que por tales motivos y porque dispone de los medios materiales y humanos necesarios para alcanzar los objetivos expuestos, es por lo que CYL –iniciales de la sociedad constituida con el hermano de Herrera, en lugar AAC- ha resultado adjudicataria del presente contrato”.
AAC recibió de la Junta 143.000 euros en 2009, otros 143.000 en 2010, 143.000 en 2011 y 47.000 en 2012, con lo que el montante total ascendió a 476.000 euros en cuatro años.
La Junta de Castilla y León siempre ocultó la existencia de esta sede, hasta tal punto que durante algo más de un año ignoró las preguntas de eldiario.es. En 2012, cuando el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva facilitó al Grupo Parlamentario Socialista la información económica relativa al alquiler de sedes en el exterior, sólo reflejó 15, ignorando Panamá y Miami, dos sedes secretas cuya existencia demostró este diario hace 1 año.
eldiario.es contactó con la empresa Arranz Acinas, quien se comprometió a detallar algunos puntos del contrato con la Junta de Castilla y León, si bien no se llegó a producir una segunda conversación.