Ciudadanos pagó mensualmente a un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) mientras participaba en debates decisivos sobre el conflicto político catalán y el desarrollo de las elecciones entre los años 2017 y 2019. Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, ingresó en la institución que arbitra los procesos electorales en octubre de 2017, a propuesta de la formación que dirigía Albert Rivera. En ese momento ya ocupaba un cargo de asesor y un despacho en la quinta planta de las oficinas que el Congreso de los Diputados destina a las formaciones políticas.
Fuentes oficiales de Ciudadanos admiten, en conversación con eldiario.es, que tenían a Andrés Betancor en nómina al tiempo que desarrollaba sus funciones de vocal en la Junta Electoral. Las mismas fuentes se niegan a dar detalles sobre las funciones que este catedrático tenía encomendadas en la formación política ni el salario que percibía por sus servicios. Según la dirección de Ciudadanos, la compatibilización de ambos cargos “no es ilegal”. eldiario.es también se ha puesto en comunicación con Betancor. De esa conversación el aludido solo permite la publicación de la siguiente sentencia: “Solo tengo que decir que ni confirmo nada ni desmiento nada”.
Betancor es experto en Derecho Administrativo y cuando Ciudadanos le ofreció sueldo y despacho pidió permiso a la Universidad Pompeu Fabra para compatibilizar sus funciones docentes con su ingreso en la formación política. Solo unos meses después recibiría otra oferta: un puesto de vocal en la Junta Electoral Central.
Ante el Congreso de los Diputados, Betancor ocultó sus vinculaciones laborales con Ciudadanos. El 26 de octubre de 2017 compareció ante la comisión de nombramientos que le abriría la puerta al principal árbitro electoral de nuestro país y no dijo una sola palabra de sus vínculos con la formación que lideraba Albert Rivera, según figura en el Diario de Sesiones. En aquella intervención, el aspirante a vocal de la Junta Electoral Central recordó que “la finalidad de la administración electoral es garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad”. Ni por su parte ni por la de Miguel Gutiérrez, el diputado que participó representando a Ciudadanos en su examen para acceder a la Junta Electoral Central, hubo una sola mención a su condición de asesor parlamentario del partido de Albert Rivera.
La Junta Electoral Central está compuesta por ocho magistrados seleccionadas por sorteo por el Tribunal Supremo y cinco catedráticos elegidos por el Congreso de los Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios. Además de ellos, el letrado mayor del Parlamento y el director de la Oficina del Censo ocupan puesto con carácter “nato”, con voz pero sin voto. Los cinco vocales elegidos por los partidos políticos deben cumplir el requisito de ser catedráticos y someterse a una comparecencia parlamentaria. La ley no prevé límites para catedráticos que, además de sus funciones docentes, tengan una relación laboral con una formación política.
Tras la información publicada por eldiario.es, este medio se ha puesto en contacto con la Junta Electoral para saber si van a tomar alguna decisión sobre Betancor, que incumplió el régimen de incompatibilidades de ese árbitro. Fuentes de la Junta afirman que no se van a pronunciar tras una información periodística, que Betancor ya no forma parte de ese órgano y solo tomarán alguna decisión si alguien presenta una denuncia documentada.
La Universidad Pompeu Fabra confirma a esta redacción que Betancor les comunicó su ingreso en la nómina de Ciudadanos a principios de 2017. Durante ese trámite solicitó el paso a la modalidad contractual de tiempo parcial el 21 de febrero de ese año, solicitud que fue aprobada por la Comisión del Profesorado solo unas semanas después. La entidad académica basó su decisión en el criterio de que el paso a la plantilla del partido político “no tenía impacto sobre la programación académica”.
Durante su paso por la Junta Electoral, Betancor participó en resoluciones decisivas como la exclusión de la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones europeas de 2019, en respuesta a un recurso de Ciudadanos y PP. Esta resolución acabaría siendo revisada por el Constitucional que desoyó las conclusiones del órgano electoral, en cuya votación participó el entonces asesor de Albert Rivera. Además de a Puigdemont, la Junta Electoral Central también prohibió las candidaturas de Toni Comín y Clara Ponsatí, alegando que no estaban inscritos correctamente en el censo. Aquella votación se dirimió por siete votos contra cuatro, evidenciando la división del organismo. La reunión, según testigos del momento, fue muy tensa y en ella Betancor se enfrentó al presidente de la JEC, el magistrado Segundo Menéndez, partidario de que Puigdemont sí pudiera concurrir en aquellas elecciones. Betancor logró imponerse pero la decisión de la JEC, muy celebrada por Ciudadanos, acabaría siendo revocada por el Tribunal Supremo y el Constitucional.
Andrés Betancor también fue el autor de un polémico voto particular frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que censuró la entrevista que Inés Arrimadas ofreció al diario ABC durante la jornada de reflexión de las últimas elecciones catalanas. El empleado de Ciudadanos intentó convencer a sus compañeros de que la concesión de una entrevista durante la jornada de reflexión no merecía sanción alguna.
El cargo de vocal en la Junta Electoral Central no lleva aparejada una relación laboral con la institución. Los miembros del órgano que dirige los procesos electorales cobran una compensación trimestral de 3.314,24 euros, además de una dieta de 150,25 euros por cada día de reunión. Betancor abandonó la JEC hace unos meses tras presentar su dimisión. Sucedió en julio de 2019, después de que Carles Puigdemont le acusara ante los tribunales de liderar una persecución política contra él. Hasta ahora nadie había revelado que durante aquellos meses cobraba de Ciudadanos como asesor al mismo tiempo que dictaba esas resoluciones.
En la actualidad, este catedrático sigue trabajando para Ciudadanos y forma parte de la comisión gestora que dirige el partido tras la dimisión de Albert Rivera como consecuencia de la debacle del 10N. Ocupa la secretaría jurídica de Ciudadanos, una labor que en realidad ya venía ejerciendo desde hacía años y por la que recibe una importante remuneración mensual, según fuentes consultadas por esta redacción.
Según fuentes de Ciudadanos, una de las responsabilidades encomendadas a Betancor era la redacción de recursos ante la JEC, que luego resolvía en su condición de vocal: “Se jactaba de redactar los recursos”, asegura un exdirigente de la formación. Betancor lo niega y asegura que no fue juez y parte.