La Junta de Fiscales de Sala se pronunciará sobre qué posición debe tomar la Fiscalía ante la querella que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros, ha presentado contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto por un delito de revelación de secretos al enviar una nota informativa sobre su caso.
La fiscal María de la O Silva, que tiene que pronunciarse sobre esa querella, ha invocado el artículo 27 de su estatuto, que faculta a los miembros del Ministerio Público a someter a votación por parte de la cúpula el mandato de un superior si no están de acuerdo con él, según ha avanzado El Mundo y ha confirmado elDiario.es. En este caso, de la O Silva recibió el mandato de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, de solicitar su inadmisión ya que no ve delito en el comunicado enviado a los medios de comunicación. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, optó por abstenerse de este asunto, por lo que el caso quedó en manos de su ‘número dos’.
Por contra, la fiscal quiere que se realicen unas averiguaciones previas antes de que el Ministerio Público fije una posición sobre si se debe admitir o no esta querella. En concreto, pretende pedir que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid —encargado de pronunciarse sobre la misma— solicite a la Fiscalía las comunicaciones mantenidas por dos querellados entre sí, con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y con el fiscal general, Álvaro García Ortiz.
El resultado de la Junta de Fiscales de Sala no es vinculante para Sánchez Conde, quien deberá decidir después de oír a la Junta de Fiscales si mantiene su criterio de solicitar la inadmisión de la querella. En esa reunión no participará García Ortiz ni José Luis Bueren Roncero, que se ha jubilado.
En su querella, la pareja de la presidenta madrileña acusa a ambos fiscales de Madrid de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció ante la Fiscalía que había cometido dos delitos fiscales. Pero ese comunicado se publicó después de que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, filtrara a varios medios de comunicación una información falsa que fue publicada por varios de ellos: que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para después frenarlo por órdenes de algún superior.
La Fiscalía Provincial de Madrid reaccionó con un comunicado en el que desmentía esa información y afirmaba que había sido el abogado de la pareja de Ayuso quien había comunicado por email al fiscal del caso que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, reconociendo que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”. Según publicó elDiario.es, González Amador asegura en la querella que se apresuró a buscar un acuerdo porque ser pareja de la presidenta madrileña le iba a impedir defenderse como cualquier ciudadano y no porque hubiera cometido los delitos, tal y como admitía su abogado en el correo electrónico.