Los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, uno de los órganos que conforman la cúpula de la carrera fiscal, han apoyado mayoritariamente el criterio de la ‘número dos’ de la Fiscalía General del Estado de pedir que se inadmita la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales de Madrid. El empresario y comisionista les acusa de un delito de revelación de secretos al publicar un comunicado sobre el caso para desmentir una información falsa del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En la reunión han participado 32 fiscales, de los que 19 han pedido que se solicite el archivo de la querella de González Amador, 12 se han mostrado partidarios de que se abra una investigación y uno se ha abstenido, según han informado fuentes fiscales a elDiario.es.
La Junta, que se ha alargado durante más de cinco horas, se ha celebrado a instancias de la fiscal encargada de pronunciarse sobre esa querella, María de la O Silva, que considera que existen indicios de delito y pretendía practicar una serie de diligencias. La fiscal invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé la reunión de este órgano cuando un inferior discrepe de la decisión de un superior. No obstante, la votación no es vinculante para el jefe, que puede mantener su criterio. Y, en todo caso, la última palabra sobre si se abre causa no contra los fiscales será de los jueces de Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La postura de la fiscal Silva fue rechazada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo y ‘número dos’ de la Fiscalía, María Ángeles Sánchez Conde, que explicó durante su exposición en el inicio de la sesión que no ve que haya base para actuar penalmente contra ambos fiscales: la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Su tesis es que no hay delito de revelación de secretos en el comunicado emitido por la Fiscalía de Madrid ni existen indicios contra los querellados, explican fuentes fiscales. De los 32 participantes, un total de 26 han considerado que la nota de prensa que emitió la Fiscalía no supuso un delito de revelación de secretos, como sostiene la pareja de Ayuso.
Sánchez Conde argumentó, además, que el Ministerio Público ya pidió rechazar otra denuncia presentada contra los mismos fiscales por el Colegio de Abogados de Madrid en relación a los mismos hechos. En ese procedimiento, el Ministerio Público argumentó que el comunicado se limitaba a matizar información que ya había sido difundida con datos falsos previamente por medios de comunicación y que, además, no se comunicó ningún dato susceptible de ser considerado información reservada.
Esos son los motivos que alegó la teniente fiscal para rechazar por “improcedente” la pretensión de la fiscal Silva, que quería que se realizaran unas averiguaciones previas antes de fijar una posición sobre si se debe admitir o no esta querella. En concreto, planeaba pedir que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid —encargado de pronunciarse sobre la misma— solicitara a la Fiscalía las comunicaciones mantenidas por dos querellados entre sí, con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y con el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Las fuentes consultadas afirman que todos los asistentes se mostraron de forma “unánime” en contra de que se investiguen los correos de los fiscales y algunos llegaron incluso a calificar de “barbaridad” esa petición.
Entre los 12 fiscales que se han mostrado partidarios de que se abra una investigación contra sus compañeros están los cuatro que ejercieron la acusación en el juicio de procés: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Javier Moreno. A favor de la tesis de la 'número dos' de la Fiscalía se ha posicionado la ex fiscal general Dolores Delgado y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, entre otros.
La encargada de fijar la posición ante esta querella es Sánchez Conde, dado que García Ortiz decidió abstenerse al haber respaldado públicamente a los dos fiscales y haber asumido “la responsabilidad última de esa nota de prensa”. En una declaración institucional el pasado 15 de abril, el fiscal general aseguró que “estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado” que —dijo— “se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios”. García Ortiz tampoco ha participado en la reunión de este miércoles. Ahora que se ha fijado el criterio de la Fiscalía, la fiscal Silva tiene dos opciones: hacer un informe que pida rechazar la querella o apartarse.
En todo caso, la decisión final sobre si se admite o no la querella es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el órgano ante el que están aforados los dos querellados, que son la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, que es el representante del Ministerio Público en el procedimiento abierto contra González Amador por delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
La querella de González Amador
González Amador acusa a ambos fiscales de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció ante la Fiscalía que había cometido dos delitos fiscales. Pero ese comunicado se publicó después de que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, filtrara a varios medios de comunicación una información falsa que fue publicada por varios de ellos: que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para después frenarlo por órdenes de algún superior.
La Fiscalía Provincial de Madrid reaccionó con un comunicado en el que desmentía esa información y afirmaba que había sido el abogado de la pareja de Ayuso quien había comunicado por email al fiscal del caso que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, reconociendo que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”. Según publicó elDiario.es, González Amador asegura en la querella que se apresuró a buscar un acuerdo porque ser pareja de la presidenta madrileña le iba a impedir defenderse como cualquier ciudadano y no porque hubiera cometido los delitos, tal y como admitía su abogado en el correo electrónico.
Precisamente, entre la documentación que han analizado los fiscales para fijar su posición está ese correo que la defensa de la pareja de Ayuso remitió a una dirección genérica de la Fiscalía cuando vio que su juicio por fraude a Hacienda era inevitable. En esa comunicación, enviada el 2 de febrero de 2024, cuando nadie más que él y Hacienda sabían de su fraude fiscal, González Amador ofreció a la Fiscalía un pacto en el que no solo confesaba dos delitos contra la Hacienda Pública, también proponía una condena: ocho meses de cárcel, siempre que no implicase su entrada en prisión, y el pago de más de medio millón de euros (los 350.000 que había dejado de abonar en dos ejercicios del impuesto de sociedades, casi 25.000 en intereses y una multa de 140.000 euros).