La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la querella presentada por familiares Francisco Franco contra la cadena Mediaset y varios periodistas que participaron en un reportaje sobre la fortuna del dictador. La Sección Segunda concluye que la instrucción de la causa no ha ofrecido “elemento indiciario suficiente” que permita intuir que las afirmaciones realizadas durante el citado reportaje no estén amparadas por el derecho a la libertad de expresión“, cuando se trató de trasladar opiniones de los expertos, o en el derecho a la información en el momento en que exponían hechos en el marco del ”periodismo de denuncia“.
Con esta resolución, los magistrados de la Audiencia Provincial confirman la decisión adoptada en junio por la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, después de haber obligado a la citada jueza instructora a reabrir la causa en agosto de 2020. En esta ocasión, los jueces de la Sección Segunda ratifican la decisión de la jueza Sánchez, que en junio esgrimió, entre otras razones, que “gran parte del contenido” del reportaje se centraba en Francisco Franco y no en los querellantes, lo que eliminaba su facultad de querellarse de injurias y calumnias.
Una semana antes de aquel archivo provisional, los mismos querellados habían sido absueltos en la vía civil, a la que también habían acudido los nietos del dictador. Alegaban estos que la emisión del reportaje les había generado "una situación de hostilidad, incitando a la discriminación, el odio o la violencia" y reclamaban una indemnización de 50.000 euros. La jueza Carmen Iglesias concluyó que el reportaje del programa ‘En el punto de mira’ fue “parcial y sesgado” pero que está amparado por la libertad de expresión e información, por lo que desestimó la demanda civil de los nietos del dictador.
Aquella demanda civil iba dirigida contra la querella que es archivada ahora y son el grupo Mediaset, el director del programa, Juan Serrano; la jefa de prensa de contenidos de la cadena, Lorena Correa; y los reporteros Pablo de Miguel, Juan Carlos González y Carla Sanz. Entre los demandados también estaban los colaboradores Javier Otero Bada y Jimmy Giménez-Arnau, el historiador Carlos Babío y el escritor Mariano Sánchez Soler, estos últimos autores de los libros Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio (Fund. Galiza Sempre) y Los Franco S.A. (Oberon), respectivamente.
Los demandados, por su parte, alegaron que el reportaje abordó con “informaciones veraces” un asunto “de indudable interés general” —como es el patrimonio de quien fuera jefe del Estado español durante cuarenta años y la forma en que se adquirieron algunos de sus bienes— y que la emisión estaba, por tanto, amparada los derechos a la libertad de información y libre expresión de ideas.
Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial establecen, en un auto cuya ponente es Gemma Gallego, que, “pese a lo tendencioso del reportaje”, el derecho penal no está para “proteger el interés personal de que la propia imagen se proyecte de determinada manera a la sociedad, como tampoco se protege el interés a no verse molestado, ofendido o soliviantado por cualesquiera conducta irreverente”.