El caso Villarejo, la trama de corrupción en torno al expolicia que lleva casi cuatro años sobresaltando a sectores de la clase política, el alto tejido empresarial e incluso la judicatura, ha entrado en una nueva fase. Una etapa quizá más amable para esas cúpulas que en los últimos meses han contenido la respiración ante los pasos de los investigadores y la ingente documentación en poder del comisario, acusado de una ristra de delitos y que ha pasado tres años en prisión provisional. Los últimos movimientos del instructor de esta macrocausa, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, apuntalan la tesis de que esas élites no tenían por qué estar al tanto de las fechorías de Villarejo y el resto de mandos policiales investigados por mucho que ellos mismos —o las organizaciones políticas y empresariales que lideran— fueran directamente beneficiados por las mismas.
Es lo que se deduce de la decisión del magistrado de cerrar inesperadamente la pieza del espionaje a Luis Bárcenas para aplacar las pesquisas de la trama Gürtel y sus derivadas exonerando a María Dolores de Cospedal y sin citar siquiera como testigo a Mariano Rajoy, el máximo beneficiado de aquella operación parapolicial y jefe directo del principal procesado, el exministro Jorge Fernández Díaz. Pero también del auto por el que exime de responsabilidad en la contratación del policía corrupto a los responsables de la petrolera Repsol y el gigante bancario Caixabank con el argumento de que los encargos a Villarejo —a pesar de que en este caso tenían como objetivo evitar que otra empresa, Sacyr Vallehermoso, se hiciese con el control de la energética— no recaían en su ámbito de control, sino en el de sus directores de seguridad.
En la pieza sobre la “operación parapolicial” para sabotear la instrucción judicial que amenazaba con sacar a la luz dos décadas de dinero negro en el Partido Popular, el instructor levantó la imputación a Cospedal —secretaria general del partido entre 2008 y 2018— a pesar de sus encuentros secretos con el comisario Villarejo, que el juez enmarca en el derecho de reunión. “El hecho de que la señora Cospedal se reuniese con el señor Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna. Ni el señor Villarejo, ni nadie que se hubiera reunido con él debe responder penalmente por ello, en la medida que supone el ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión”, sostiene García Castellón.
Otro informe de Asuntos Internos del 23 de junio, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, da cuenta de la existencia de hasta 70 comunicaciones, entre llamadas y mensajes, entre el comisario Villarejo y Cospedal y su entorno durante los primeros meses de la operación de espionaje a Bárcenas, entre mayo y noviembre de 2013. Los agentes cruzan la información de esos contactos —extraída de uno de un teléfono Samsung intervenido a Villarejo tras su detención en 2017— con las anotaciones que el policía iba haciendo en sus agendas. Así, por ejemplo, consta que el 11 de julio de 2013, cuando se produjo el “nacimiento” de la operación Kitchen, Villarejo y Cospedal hablaron durante 19 segundos y el policía recogió en su diario el siguiente apunte: “Cospe. Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco”, el apodo del número dos de Interior, Francisco Martínez, procesado en esta causa junto a su jefe, el exministro Fernández Díaz.
Respecto a Rajoy, el principal beneficiario de la maniobra para sustraer al tesorero del PP la documentación de la caja B de la formación que pudiera acabar con su carrera política e incluso sentarlo en el banquillo, el magistrado acordó dar cerrojazo a la causa sin llamarlo a declarar siquiera como testigo. Y eso a pesar de las continuas referencias de Villarejo y otros investigados a “El Barbas” o “El Asturiano”, los motes con los que se referían al entonces presidente del Gobierno.
Además, un informe de Asuntos Internos incorpora notas de Villarejo según las cuales el expresidente conocería la oferta y amenazas a Bárcenas en prisión para que no confesara la caja B. “Chisco. Dice que el MIN habló con RAJ y todo es OK” y “Charla general sobre LB y tensión de Rajoy sobre todo el Ministerio”, anotó el policía los días 6 y 27 de julio de 2013. Los agentes de Asuntos Internos relacionan ambas conversaciones entre Villarejo y Martínez con la oferta que Bárcenas habría recibido en prisión por parte de un abogado, Javier Iglesias, para que guardara silencio sobre el sistema de financiación irregular del PP y los sobresueldos de sus dirigentes —hecha en nombre de aquel Ejecutivo— y las amenazas en el caso de que no lo hiciera. El letrado siempre ha negado estos hechos.
El juez no ha considerado que estos indicios tengan la suficiente entidad como para citar como testigo a Rajoy, al que ni siquiera cita por su nombre en el auto en el que decide cerrar la instrucción descargando toda la responsabilidad de la trama en Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2012 y 2016. “Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”, escribe García Castellón. No lo cree así la Fiscalía, que ya prepara su recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Según Anticorrupción, la operación de espionaje a Bárcenas tuvo como objetivo “proteger a dirigentes del Partido Popular” a quienes el contenido de la documentación en poder de Bárcenas y su mujer “podría llegar a involucrar penalmente”.
Brufau y Fainé, también exonerados
Tampoco cree el magistrado que haya indicios para mantener la imputación en el caso Villarejo a las mercantiles Repsol y CaixaBank, así como al actual presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y al expresidente de la entidad bancaria y exvicepresidente de la energética, Isidro Fainé. El magistrado sí mantiene abierta la causa contra sus directores de seguridad: Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank), a los que responsabiliza de haber contratado a Cenyt, la empresa con la que Villarejo recibía encargos de espionaje que realizaba sirviéndose de su condición de funcionario público.
La investigación trata de aclarar si ambas compañías acudieron al comisario para desarticular “una estrategia de sindicación” por parte de Luis Del Rivero, entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, “para asociarse con Petróleos Mexicanos (Pemex)” de cara a conseguir “casi un tercio” de las acciones de Repsol y acceder a su control, según consta en el sumario. Según el juez, ambas mercantiles recurrieron a los servicios de Cenyt, pero la responsabilidad de esa contratación fue de sus respectivos jefes de seguridad, que actuaron sin recibir “instrucciones”.
Tanto Araujo como Fernández Rancaño son antiguos altos mandos de la Policía que pasaron al sector privado en nómina de estas dos empresas del Ibex. ¿Desconocían ambos la condición de Villarejo de funcionario en activo y cómo accedía a datos confidenciales para sus trabajos? Lo que el juez tiene claro es que, lo supieran o no, nunca se lo trasladaron a los consejeros delegados de las empresas para las que trabajaban y que éstas tienen unos programas de prevención que aplicaron y que les protegen de cualquier responsabilidad penal. Es decir, según la tesis del magistrado, fueron Araujo y Fernández Rancaño los que, por su cuenta y riesgo, decidieron contratar a Villarejo —que recibió alrededor de 400.000 euros por estos trabajos, según la Fiscalía— para que espiara a Del Rivero y facilitara información sobre sus supuestos movimientos para hacerse con el control del Repsol.
La Fiscalía había solicitado la imputación de Brufau y Fainé —acordada por el juez el pasado abril— basándose principalmente en dos hechos: la existencia de una conversación entre ambos y un acuerdo en “compartir los servicios de información contratados a Cenyt” y de un documento hallado en el domicilio del socio de Villarejo en el que se hacía una referencia genérica al despacho que Fernández Rancaño tenía que hacer “con su señorito”. También en las declaraciones efectuadas durante la instrucción, que se remonta a diciembre de 2019. Tres meses después, y tras tomarles declaración también a ambos, el juez sostiene que “no consta en la causa (...) documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente, la participación de ambos presidentes en la contratación de Cenyt”.
“La contratación no recaía en el ámbito de control del presidente de la compañía, sino en el de sus directores de seguridad”, sostiene García Castellón, que recuerda que en el ordenamiento jurídico tampoco cabe la “responsabilidad objetiva por razón del cargo” y llama a no “perder de vista” la “situación” a la que se “somete” a una empresa cuando, “no solo se imputa responsabilidad a la persona jurídica, sino también a la figura de su presidente; máximo representante de la compañía interna y externamente”.
Con este precedente, las acusaciones están convencidas de que el siguiente en salir de la lista de imputados será el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que se apresuró el pasado lunes a presentar un escrito en la Audiencia Nacional solicitando que se archive la investigación abierta contra él y en el que alude al “elenco de acertadísimos planteamientos jurídicos” expuestos por el juez para archivar las pesquisas contra Brufau y Fainé.