El tribunal británico que estudiaba la demanda de Corinna Larsen contra Juan Carlos de Borbón ha rechazado las acusaciones de acoso de la empresaria contra el rey emérito. Los magistrados entienden, en primer lugar, que la jurisdicción londinense no era la competente para estudiar este pleito pero, además, explican que de haberlo sido habrían rechazado las alegaciones de acoso de la empresaria contra su antiguo amante, el rey emérito.
El rey emérito ha emitido un comunicado, citado por ABC pocas horas después de conocer la resolución judicial. “La decisión de hoy, favorable a Su Majestad, restablece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas”, asegura. En otro comunicado, Larsen ha asegurado estar “profundamente decepcionada” por el resultado del caso y el rechazo a su demanda. “Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema jurídico”. El rey emérito, afirma, “ha desplegado todo su arsenal para desgastarme y el alcance de su poder es inmenso. Estoy considerando todas las opciones disponibles”.
Corinna Larsen presentó una demanda por valor de 146 millones en Londres contra Juan Carlos I acusándole de haber perpetrado distintos actos de acoso contra ella y su familia, tanto de manera personal como a través de los servicios secretos españoles. Según sus acusaciones, el monarca intentó que retomaran su relación y también que ella le devolviera varios millones de euros que le había donado en el pasado. Implicó en este acoso a Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia hasta 2019.
Una primera parte de este pleito se centró en si el rey emérito estaba o no protegido por la inmunidad que la normativa británica ofrece a los jefes de Estado de otros países. La respuesta fue que esta prerrogativa le blindaba hasta su abdicación en 2014. Ahora la decisión final sobre el caso rechaza las acusaciones de Larsen contra él.
El tribunal británico argumenta, en primer lugar, que el caso no debería haber sido estudiado por los jueces de Londres. Pero que en caso de que la tramitación del pleito hubiera sido corecta, “habría rechazado la demanda”, dice el documento, apuntando a la “inconsistencia” de su actuación procesal, problemas de “claridad, exactitud y consistencia” en la manera en la que dirigió su demanda y “la falta de explicaciones lo suficientemente buenas para los cambios que quería hacer”.
La conclusión del tribunal es que “los cambios que hizo no introdujeron factores con los que hubiera tenido una posibilidad real de triunfar en un juicio”. El tribunal londinese también habría “garantizado” la posibilidad de que Juan Carlos I triunfara en su petición de desestimar una demanda que “no cumplía con las normas judiciales aplocables a la redacción de una demanda por acoso”.
Las acusaciones de Corinna Larsen
Corinna Larsen (Alemania, 1964) denunció a Juan Carlos de Borbón ante los tribunales británicos exponiendo que el monarca, valiéndose de los servicios españoles de espionaje, había emprendido una campaña de acoso y amenazas contra ella y su hijo pequeño con dos objetivos: retomar la relación que habían mantenido en el pasado y recuperar el dinero que él le había donado para esconder sus negocios millonarios de la lupa de Hacienda y las autoridades.
Sucedió, según su demanda, entre 2012 y 2014. Seguimientos y amenazas tanto por teléfono como en persona en su propio despacho de Mónaco para evitar, también, la disfusión de información comprometedora para el monarca. En uno de estos episodios, por ejemplo, afirma que Juan Carlos I exigió que le devolviera los “regalos” que le había hecho previamente.
Es un espacio de tiempo que coincide con los episodios más convulsos e irregulares de la gestión de la fortuna de Juan Carlos de Borbón a espaldas de Hacienda, asunto por el que también fue exonerado por la Fiscalía del Tribunal Supremo español. En junio de 2012, por ejemplo, los fondos de su Fundación Lucum llegaron a una cuenta abierta en Bahamas por la aristócrata alemana. Más de 52 millones de euros junto con 3,7 millones de francos suizos y 14,4 millones de dólares.
La Fiscalía española decidió exonerar al rey emérito al combinar factores como su inmunidad monárquica, la prescripción de los hechos y la falta de pruebas. La triple investigación que había encabezado el Ministerio Público y su departamento de Anticorrupción quedó archivada, cerrando la puerta en la práctica a que cualquier denuncia ante los tribunales pudiera llegar a prosperar contra él.