La Justicia condena a 23 años de cárcel a un militar por abusar de dos niñas y enviarles vídeos sexuales

Un paracaidista del Ejército de Tierra ha sido condenado a más de 23 años de prisión por abusar sexualmente y enviar vídeos y fotos pornográficas a dos niñas pequeñas en la localidad madrileña de Móstoles. El militar, que se encuentra en la prisión de Alcalá de Henares desde el pasado mes de marzo, aprovechó la cercanía con las familias y su puesto como preparador físico del club de tenis al que ambas acudían para mantener constantes conversaciones sexuales con las dos menores de edad. Fue detenido en junio de 2018 en la base española de Irak, donde estaba desplazado en ese momento, cuando la familia de una de las víctimas descubrió lo que estaba pasando y denunció los hechos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica que este militar tenía casi 40 años cuando empezó a mantener contactos de contenido sexual con ambas niñas. Miembro de la Brigada Paracaidista Almogávares VI (BRIPAC) y destinado en Paracuellos del Jarama, el militar ejercía varios días a la semana como preparador físico en el club de tenis 'Princesa' en el polideportivo Andrés Torrejón de la localidad madrileña de Móstoles. Allí fue donde conoció y estableció contacto con las dos niñas, que acudían al polideportivo desde hace años a practicar tenis.

Con una de las niñas, que tenía entonces 11 años de edad, su relación era especialmente cercana: era amigo íntimo de su padre desde la infancia. Circunstancia que aprovechó el pedófilo, según declara probado la Justicia, para entablar un contacto constante con ella a través del teléfono móvil. Mensajes cariñosos en los que se ganaba la “admiración” de su víctima, según los jueces, explicando cosas relacionadas con su trabajo como militar. Mensajes que se transformaron en conversaciones de contenido sexual, vídeos pornográficos grabados con su esposa, videollamadas igualmente de contenido sexual y exigencias para que la niña le enviara también este tipo de material.

En el caso de esta primera víctima, el acusado llegó a abusar de ella aprovechando que una noche se había quedado a dormir en su casa. La segunda víctima fue una niña de 13 años que también acudía al mismo polideportivo y a la que el militar también envió vídeos de contenido sexual, aunque nunca consiguió que ella también le enviara imágenes. El pederasta completaba este cruce de mensajes sexuales y tocamientos con mensajes cariñosos e incluso regalos del Ejército de Tierra: chapas con su nombre, camisetas y, según fuentes del caso, anillas que utilizaba en sus saltos como paracaidista.

Los padres de una de las niñas descubrieron lo que estaba sucediendo cuando encontraron a una de ellas manteniendo una de estas conversaciones sexuales a través del teléfono móvil con el acusado, al que conocían desde hace años. Interpusieron la denuncia e, inmediatamente, el juez Pablo Ruz, destinado entonces en un juzgado de Móstoles, ordenó su detención. La investigación tuvo que trasladarse hasta la base española de Besmayah, en Irak, donde la BRIPAC había sido destinada unos pocos días antes. Desde allí había hecho la última videollamada de contenido sexual con una de las víctimas y allí mismo los investigadores incautaron su teléfono móvil.

Cuatro años después, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la instrucción realizada por Ruz, en su momento juez instructor del caso Gürtel y actualmente miembro de la Fiscalía Europea, y ha impuesto la condena más alta que pedía la Fiscalía: un total de 23 años y 2 meses de cárcel por un delito de abuso sexual, dos de corrupción de menores, otro de exhibicionismo y dos más de provocación sexual. También tendrá que indemnizar a una de sus víctimas con 45.000 euros y 20.000 euros respectivamente y tiene prohibido acercarse a menos de medio kilómetro de ellas.

Según ha sabido este periódico, la sentencia fue dictada en marzo y la Audiencia Provincial decidió pocos días después que entrase en prisión a esperar entre rejas una resolución firme, encontrándose desde entonces en la prisión militar de Alcalá de Henares. Estas mismas fuentes del caso explican que el pederasta ya ha recurrido su condena ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que las acusaciones han impugnado sus argumentos.

“Enganchadas emocionalmente” a su agresor

Los datos oficiales revelan que solo en 2019 en España los tribunales condenaron a más de 500 personas por abusos sexuales a menores, la inmensa mayoría de ellos hombres. Hubo también más de 600 personas condenadas por prostitución y corrupción de menores. En este caso, la Audiencia de Madrid avala la declaración “creíble” de las niñas, corroborada por los testimonios de sus familiares y el material que la Policía encontró en el teléfono móvil del pedófilo después de ser detenido en Irak y traído a España. Borró más de 130 vídeos en el año y medio que estuvo hablando con las niñas pero los investigadores encontraron los mismos archivos en su teléfono y el de sus víctimas.

Las víctimas, que declararon ante el juez en fase de instrucción, fueron claras en sus testimonios. “Es como si fuera una máquina, él pedía y yo hacía”, dijo una de ellas. “Abusó de mi confianza, de mi mente y de mi cuerpo”, expresó la otra. La propia sentencia relata en sus hechos probados que su objetivo era “embaucar” a las niñas con sus propósitos sexuales, cuyos teléfonos seguían recibiendo mensajes del pedófilo incluso cuando sus padres estaban denunciando los hechos en una comisaría de Madrid.

Los psicólogos del Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI) explicaron en el juicio que los testimonios de las niñas eran “creíbles” y que la dinámica del condenado fue la del “seducción-enamoramiento” con ellas, lo que consiguió que ambas estuvieran “enganchadas emocionalmente”. Argumentos más que suficientes para que la Audiencia considere culpable al acusado, que llegó a reconocer parte de los mensajes enviados a las niñas, pidió perdón por los mensajes pero achacó su conducta pedófila a su trabajo en el Ejército de Tierra. Tanto al final como al comienzo del juicio, dice la sentencia, “intentó vincular causalmente los hechos con su actividad profesional desarrollada en el Ejército de Tierra”, algo que los forenses rechazaron de plano.

La Audiencia de Madrid, con la magistrada Tania García Sedano como ponente, explica que le aplica la circunstancia agravante de prevalimiento al delito de abusos porque “era amigo de la familia” y aprovechó tanto esa circunstancia como su condición de preparador físico de tenis en el polideportivo al que acudían ambas. “El acusado impuso una relación abusiva interpersonal en la que cosificó a la menor”, dice la sentencia, mientras apunta a la “manipulación y anulación” a la que sometió a una de sus víctimas y cómo “manipuló lo que es una relación de pareja libre y en plenitud para conseguir su objetivo”.