La justicia investiga al alcalde de Burgos, Javier Lacalle, por la posible comisión de un delito de falsificación de documentos públicos al modificar la declaración de bienes que figura en el Ayuntamiento. La titular del juzgado de instrucción número 3 de la capital burgalesa ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y ha comenzado a practicar diligencias sobre el caso.
Javier Lacalle no notificó la compra del ático en el que vive en la declaración de bienes que presentó en el Ayuntamiento. Después de que eldiario.es revelara las irregularidades de su vivienda, el alcalde manipuló el documento y añadió una hoja con información complementaria sobre la adquisición de ese inmueble. La fecha de esa información adicional, que no tenía ni el sello del registro ni la firma del secretario general del consistorio, era supuestamente diciembre de 2012. No obstante, Lacalle solicitó su declaración de bienes al secretario general, encargado de custodiar esos documentos, y se lo llevó a su despacho al día siguiente de la publicación.
Los socialistas e Izquierda Unida, convencidos de que el alcalde había añadido esa información de manera irregular, presentaron una denuncia por falsedad en documento público. “El alcalde quiso colocar un documento ajeno, como si formara parte de su declaración”, expresó el portavoz del PSOE, Luis Escribano.
La titular del juzgado número 3 de instrucción de Burgos ha admitido a trámite la denuncia al encontrar en los hechos “características que hacen presumir la posible existencia de delito” por parte del dirigente del PP. Además, la jueza ha incoado las primeras diligencias: ha solicitado información al secretario general del consistorio.
En concreto, el trabajador municipal debe entregar el expediente del “registro de bienes patrimoniales” referente a Javier Lacalle. Tras revelarse la manipulación del documento inicial, el alcalde presentó otro documento -fechado en enero de 2014- que contenía la misma información adicional, pero esta vez estaba firmada por el secretario general y tenía todos los requisitos exigidos legalmente.
Ambas declaraciones no recogen información básica y obligatoria en este tipo de documentos, como cuántos metros tiene la casa o qué cargas hipotecarias tiene. El alcalde de Burgos ni siquiera detalla otros datos, habituales en cualquier declaración oficial de bienes, como el estado de sus cuentas corrientes.