Hay voluntad de acuerdo pero la distancia sigue siendo grande. Los equipos de Justicia e Igualdad continúan negociando para intentar superar las diferencias que les separan y llegar a un acuerdo de reforma de la ley del 'solo sí es sí' que ponga fin a una polémica que desgasta al Gobierno. Aunque hay avances en algunos puntos, el centro de la discrepancia sigue siendo de qué manera aumentar las penas para evitar condenas más bajas en el futuro que las que se hubiesen dado con el antiguo Código Penal.
Justicia –en manos del PSOE– ve imprescindible reincorporar la evaluación de la violencia y la intimidación a la hora de computar las penas, mientras que Igualdad –controlado por Podemos– rechaza esa fórmula porque la considera innecesaria y contraria al espíritu de la norma. Ambos ministerios siguen intercambiándose propuestas con sus responsables a la cabeza, Pilar Llop e Irene Montero, respectivamente. Llop suspendió a última hora su asistencia a la cumbre con Marruecos, donde están el presidente y otros once ministros. En las negociaciones intervienen también otros miembros del Gobierno, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también vicesecretaria general del PSOE.
La fórmula por la que apuesta Justicia es clara: volver a las horquillas del Código Penal anterior a la Ley de Garantía de la Libertad Sexual aprobada por el actual Gobierno. Fuentes del Ministerio defienden que es la única vía posible para evitar en el futuro condenas más bajas que las que se habrían impuesto antes del cambio de ley ( que las actuales revisiones no pueden detenerse lo asumen ya las dos alas de la coalición). La discrepancia con Igualdad es el cómo debe hacerse. En el Ministerio de Irene Montero aseguran que han presentado hasta tres propuestas que asumen el requisito de subir penas, pero sin volver a introducir en el tipo penal la concurrencia de violencia o intimidación.
La tesis de Justicia es que no se pueden incrementar determinadas penas sin un armazón técnico que lo justifique. Y para ello recuperan la violencia e intimidación como elementos que determinan la existencia de hechos más graves y, por tanto, con penas más elevadas. Es un esquema similar al que existía antes de la ley del ‘sí es sí’, aunque esas circunstancias eran las que entonces se utilizaban para diferenciar entre los delitos de abuso y agresión, que en el texto en el que se trabaja ahora seguirían fusionados bajo la denominación de agresión. En el departamento que dirige Pilar Llop defienden que no introducir estos elementos tiene el riesgo de consolidar un sistema con penas muy desproporcionadas.
En Igualdad, sin embargo, sostienen que se pueden elevar las penas sin modificar el tipo penal para introducir la violencia e intimidación porque el legislador tiene la potestad para hacerlo. Tanto la subida de penas como la proporcionalidad, subrayan, pueden conseguirse sin necesidad de tocar la definición de agresión sexual. Fuentes de Igualdad aseguran que, a pesar de que tienen la convicción de que el problema no es la norma sino las interpretaciones que algunos jueces hacen de la misma, el Ministerio está cediendo en esta negociación “más de lo que lo ha hecho en ninguna otra norma” y está dispuesto a subir las penas siempre que se preserve lo que respecta al consentimiento, la intimidación y la violencia. “Estamos negociando pero por ahora la distancia es importante”, confirmó Irene Montero en una entrevista en Telecinco este miércoles, en la que explicó que su empeño es defender el consentimiento como corazón de la ley y que es “consciente del dolor y la indignación por la bajada de penas”.
Tanto Unidas Podemos como PSOE no solo han rebajado mucho el tono del debate en las últimas horas. Sus respectivos ministerios, Justicia e Igualdad, han hecho algunos avances ya, aunque en asuntos colaterales de la ley que, no obstante, dependerán de si la negociación al completo sale o no adelante. Es el caso de un nuevo agravante que podría aplicarse a un número muy relevante de casos y que serviría para elevar las penas. También hay cambios previstos en en el articulado de la ley que se refiere a los menores.
Violencia e intimidación
La propuesta del Ministerio de Justicia mantiene las horquillas actuales (más bajas que antes del ‘sí es sí’) en el tipo general. Y añade en cada artículo una gradación más alta (similar a la de la legislación anterior) para los supuestos en los que existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Así, el tipo básico de agresión sexual mantiene la pena de uno a cuatro años, pero recupera la horquilla de uno a cinco años (que es la que había en el antiguo Código Penal) cuando la agresión se comete empleando las citadas circunstancias de violencia, intimidación o anulación de la voluntad. El mismo esquema se sigue para el resto de artículos que castigan los delitos sexuales, como la violaciones o las agresiones en las que concurren circunstancias agravantes, como actuación en grupo.
La tesis del Ministerio de Justicia es que una subida de las penas obliga a justificarlo en la norma, de lo contrario podría provocar falta de proporcionalidad. Se evitarían lo que llaman “efectos indeseados”. Esto es, que delincuentes sexuales obtengan penas más bajas de las que se les habría impuesto antes del cambio de ley. Pero se podrían acabar imponiendo castigos excesivamente altos a casos no tan graves, que son los que antes se consideraban abusos. El objetivo de introducir la violencia, la intimidación y la anulación de la voluntad como elementos que puedan determinar una mayor pena es completar unas gradaciones sucesivas y evitar esa posible desproporción una vez que los anteriores delitos de abusos y agresión se fusionan bajo un único tipo. La diferenciación que propone Llop también limita, según fuentes de su Ministerio, el margen de acción de los jueces, que en ocasiones han hecho interpretaciones de los cambios en el Código Penal distintas a las esperadas por el Legislador, según han reconocido voces del Ejecutivo.
El Ministerio de Igualdad defiende precisamente que el problema no está en la norma sino en la manera en la que muchos tribunales la están aplicando. Explican, por ejemplo, que algunas rebajas que se aplican de acuerdo al nuevo Código Penal e incluso las nuevas condenas que ya se están dictando con la actual legislación no están teniendo en cuenta la lista de agravantes que incluye la ley del 'solo sí es sí', de ahí que el resultado hayan sido penas más bajas de las que contempla la norma reformada. Esos tribunales no estarían, sostienen en Justicia, aplicando la nueva norma al completo sino “a trozos”, algo que critican duramente porque implica no ver que se trata de un nuevo paradigma para juzgar la violencia sexual que debe tenerse en cuenta al completo.
Por eso, el equipo de Montero defiende el paquete de diez medidas urgentes que presentó el pasado lunes para impulsar la aplicación de la ley. En ese decálogo se incluye, por ejemplo, la especialización judicial en violencia sexual, doblar los juzgados de violencia sobre la mujer y ampliar sus competencias para que una parte estén dedicados a la violencia sexual, y ampliar también el cometido de la Fiscalía de violencia sobre la mujer para que pueda encargarse de estos delitos. Igualdad pone como ejemplo las declaraciones la Fiscal de sala de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, que ha defendido la norma.
La falta de datos concretos en tribunales territoriales de todo el país impide conocer cuántas veces se ha aceptado o rechazado la revisión a la baja de condenas de delincuentes sexuales. elDiario.es ha recopilado más de 200 rebajas de penas tras consultar a todos los tribunales superiores de justicia. En todo caso, no se trata de un recuento exacto. Algunos tribunales han ofrecido a esta redacción datos detallados de cuántas sentencias se han revisado, otros solo facilitan datos parciales (solo las condenas rebajadas, pero no el total de las examinadas) y hay gabinetes de prensa que dicen no tener tienen ninguna cifra sobre las sentencias revisadas por sus magistrados.
De lo que no hay duda es que estas revisiones han generado una alarma social que ha acabado imponiendo la idea en el Gobierno de que es necesario retocar parte de la arquitectura penal de la ley del ‘solo sí es sí’ para evitar que delincuentes sexuales puedan tener condenas más bajas a futuro. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reconoció este martes en el Senado que la reforma había generado unos “efectos indeseados” y confirmó que se va a “corregir”. Las dos alas del Ejecutivo siguen negociando y nadie da los puentes por volados por el momento, pero el PSOE ya advirtió este lunes que presentará su propuesta de reforma lleve o no la firma de su socio de Gobierno. Y en el gabinete del presidente ponen esta semana como fecha límite.