La Justicia entierra la teoría de la conspiración sobre el voto de Alberto Casero en la reforma laboral

El juzgado número 22 de Madrid ha decidido archivar la denuncia que un abogado presentó para investigar la votación del diputado del Partido Popular, Alberto Casero, a favor de la reforma laboral. La denuncia planteaba la posibilidad de que se hubieran cometido delitos informáticos en el proceso de votación y el juzgado rechaza las acusaciones con un párrafo: “No resulta debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna”, dice la magistrada Patricia Jiménez-Alfaro. El letrado denunciante ya ha recurrido la decisión y ha pedido que Casero testifique.

El caso llegó a manos de la Justicia de la mano del abogado barcelonés Esteban Gómez Rovira, letrado que en otras ocasiones ha presentado denuncias contra el Gobierno. Una denuncia en la que pedía como medida cautelar que la Guardia Civil irrumpiese en casa del diputado del PP para intervenir los dispositivos informáticos que usó durante la votación y que planteaba la intervención de un tercer para manipular su voto. La denuncia ahora descartada planteaba la existencia de delitos informáticos.

El caso pasó primero por el juzgado de guardia, que rechazó con el apoyo de la Fiscalía plantear alguna medida cautelar y apuntando, ya entonces, a que la denuncia se basaba sólo en sospechas. En paralelo, los letrados de la cámara baja han emitido un informe en el que avalan que el voto telemático de Casero, que llegó a desplazarse al Congreso, no registró ninguna irregularidad.

La decisión ha sido recurrida ya por Gómez Rovira, en un escrito en el que pide la testifical de Alberto Casero: “Nada tan sencillo como el hecho de que el diputado, que no se ha pronunciado todavía sobre si existió un error humano, declare si verificó, con la firma electrónica y ratificando por segunda vez, que voto NO, aunque el recibo digital señalara SI y que por eso entró en el sistema hasta 5 veces”, dice el escrito.

El voto que sacó adelante la reforma

Alberto Casero no es el primer diputado que se equivoca al votar de manera presencial o telemática en el Congreso. Ese mismo día, sin ir más lejos, tal y como explicó la Cadena SER la mayoría del grupo del PP se equivocó al votar un dictamen a favor de castigar el acoso antiabortista. Pero su voto tuvo una incidencia que puede marcar el futuro inmediato del mercado laboral: su voto permitió que la reforma laboral del ejecutivo de coalición, al que su partido se opone de forma férrea, saliera adelante.

Con los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro cambiando el voto de su partido, las cuentas no salían pero el voto erróneo de Casero decantó la balanza a favor de la reforma laboral. El Partido Popular, en el mismo hemiciclo, exigió a la presidenta Meritxell Batet que considerase la posibilidad de la existencia de un “voto informático” que había cambiado el “no” de Casero por un “sí.

El partido de Pablo Casado abandonó rápidamente la teoría del error informático, desmentido por otra parte por los letrados de la cámara baja, pero insistió en que la presidencia del Congreso impidió que Casero cambiara el sentido de su voto, evidentemente contrario a lo que tanto él como su partido querían votar. Esta denuncia iba más allá y solicitaba a los jueces explorar la posibilidad de que una tercera persona hubiese incidido en el registro del voto de Casero.

Alberto Casero (Cáceres, 1978) fue alcalde de la localidad extremeña de Trujillo entre 2011 y 2019 así como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular desde 2017 y diputado desde las últimas elecciones generales. En el seno de la formación que preside Pablo Casado, el parlamentario extremeño ocupa el cargo de secretario ejecutivo nacional de organización. Y está pendiente de saber si es imputado por el Tribunal Supremo.

Hace unos días un juzgado de Trujillo, localidad que gobernó durante ocho años, remitió a la sala de lo penal del Tribunal Supremo una causa para que los magistrados decidan si le imputan y le atribuyen un delito continuado de prevaricación. Unos hechos relacionados con varios contratos puestos bajo sospecha cuando él era regidor de la localidad de menos de 10.000 habitantes.