Once de los 14 miembros que tenía el Govern que organizó el referéndum soberanista del 1 de octubre están en prisión o han huido cuando aún restan meses para que se celebre el juicio. Con la decisión de encarcelar o poner en busca y captura a los últimos seis investigados, el Tribunal Supremo, la más alta instancia penal española, asesta el penúltimo golpe al primer desafío separatista en la historia de la democracia española que no lidera una banda armada.
La acusación más grave contra los encarcelados o huidos es la de rebelión, un delito que lleva aparejado una condena de hasta 30 años de cárcel. Los sospechosos de haberlo cometido no podrán aguardar el juicio en libertad. El viernes, los últimos cinco en ingresar en prisión se abrazaron a sus familias a las puertas del Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal que los juzgará ha respaldado hasta ahora sin fisuras al magistrado instructor, Pablo Llarena. Si los condena por ese u otros delitos, ese abrazo será el último que han dado en libertad a sus familias en años.
El encarcelamiento de cuatro exconsellers se suma al del exvicepresident Oriol Junqueras y el que fuera conseller de Interior Joaquim Forn. La de este viernes no fue una decisión más del Tribunal Supremo, tal y como se podía constatar a última hora de la tarde en las calles de Barcelona y otras poblaciones catalanas, donde los Mossos han hecho uso de las porras contra algunos manifestantes. Mientras, el último candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull, llegaba en un furgón a la cárcel de Estremera.
Al recuento de exconsellers encarcelados o huidos hay que sumar los líderes de las asociaciones civiles. Tampoco ha habido clemencia con ellos. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart cumplen cinco meses en prisión. Carme Forcadell, encarcelada por su actividad al frente de la ANC, primero, y como presidenta del Parlament, después, ha entrado en la cárcel esta tarde. Y luego están los políticos sin responsabilidad ejecutiva: la republicana Marta Rovira y la responsable de la CUP Anna Gabriel han huido a Suiza.
Entre Bruselas y Escocia se reparten los cuatro exconsellers que huyeron junto a Carles Puigdemont. La actuación de la justicia lo ha relegado a un puesto simbólico en lo político y de futuro incierto en lo judicial. Llarena reactivó las euroórdenes contra ellos a última hora de la tarde. Se reanuda un proceso jurídico con los países que los acogen que solo puede acabar de dos formas: cárcel o destierro permanente.
El concepto de violencia del juez Llarena
El juez Llarena ha ido estrechando las posibilidades de escapar de la cárcel provisional -la que se sufre antes del juicio- hasta llegar a los autos de procesamiento y de prisión de este viernes. Para el instructor, todos estos líderes del procés jugaron con la violencia, o al menos, con la posibilidad de utilizarla. Pero no como cualquiera interpretaría un acto violento.
Lo que viene a decir Llarena es que la violencia era una posibilidad, utilizada a modo de coacción al Estado, contra el que se arrojaba a “las masas”. El juez ve “evidente” que los líderes independentistas “siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza”.
El juez sitúa el punto de inflexión en la protesta del 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía. “En modo alguno puede entenderse que el cerco tuviera un contenido exclusivamente intimidatorio. Los hechos determinaron el efecto inherente a la violencia, esto es, una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”, dice Llarena en una claro guiño al golpe de Estado del 23-F, la única condena por rebelión en la historia de España.
Llarena se explaya en su argumentación de que hubo la violencia que requiere el delito de rebelión. “Aunque no fuera el reflejo de una violencia que estuviera ideada desde el principio como un instrumento para la consecución de la independencia, desde luego permitió que todos los involucrados en el proceso se representaran el riesgo de que futuras movilizaciones pudieran estallar con episodios de fuerte lesividad y daño en el grupo social”, añade.
“Ver crecer a mis hijos”
Los alegatos de los exconsellers en la vistilla no han servido para variar el criterio del juez. Ha habido posicionamientos políticos, de defensa del diálogo, sin renunciar al objetivo independentista pero siempre por cauces pacíficos. Los más contundentes, según fuentes jurídicas, los han pronunciado Rull, Turull y Romeva, que han afeado al magistrado la “criminalización” que, a su juicio, sufre el independentismo, cuyo mayor exponente ven en la causa de Llarena.
Pero también se han pronunciado alegatos personales. “Por dignidad”, dicen fuentes jurídicas presentes en el Supremo. El exconseller Rull, por ejemplo, ha dicho al juez que tenía “el poder de decidir si veía crecer” a sus dos hijos, Roger y Bernat, de 3 y 8 años. Horas después Llarena le ha enviado a la cárcel por rebelión.
Nada ha dado resultado. El motivo, en el auto de prisión que conocieron horas después, también huésped de expresiones de Llarena para la posteridad. “Puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente”, escribe el magistrado
Llarena insiste en que la actitud de los encarcelados en los últimos tiempos no hacía sino preveer que iban a “retomar la actuación” por la que están siendo investigados. Y pese a tratarse de un auto sobre la situación personal de Turull y los demás dirigentes que han reingresado en prisión este viernes, Llarena considera que “es de imposible percepción la voluntad interna de los procesados” por lo que el juez recurre a “elementos externos” para pronosticar su actuación.
Entre los elementos externos que el juez expone para enviar a prisión a los exconsellers y a Forcadell destaca que su objetivo independentista es compartido “por un amplio colectivo que se solidariza con su causa”. Se refiere el juez a la red asociativa independentista, que cuenta con “estructuras organizadas, asesoramiento legal especializado, recursos económicos mediante las aportaciones de sus asociados [Òmnium y la ANC pagaron las anteriores fianzas mediante donaciones] y un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la defensa de sus planteamientos”.
La comparación entre el procés y el 23-F no es el único capítulo del auto de procesamiento que deja para la polémica el magistrado instructor. Para procesar por rebelión y encarcelar, con la consecuencia inmediata de la inhabilitación, el juez necesitaba argumentar que hubo un “alzamiento”. Y es ahí donde identifica “un actuar violento” en la protesta del 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía, que terminó disuelta por sus propios convocantes, Òmnium y la ANC.
El “actuar violento” promovido por Òmnium y ANC continuó tras el 20-S. El día del referéndum “se decidió utilizar el poderío de la masa para hacer frente a la actuación policial orientada a imposibilitar el referéndum”. El objetivo no era otro que “el Estado de Derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse”. El juez dedica una línea entre las 69 páginas de su resolución a los ciudadanos heridos del 1-O, por cuatro páginas a los agentes lesionados.
Aparca Enfocats; irrumpe el Libro Blanco
En su auto, además, Llarena prescinde de lo que hasta ahora habían sido las bases de las acusaciones: el power-point sin sello oficial 'Enfocats' incautado en casa del exnúmero 2 de Junqueras, Josep Maria Jové, y su célebre libreta 'Moleskine'. Pasan a ser claves las responsabilidades de los dirigentes independentistas que, “conociendo el ineludible estallido social” previo al 1-O, “lo incorporaron a su actuación criminal”. Esta tesis, que afecta directamente al expresident Puigdemont, al exvicepresident Junqueras, al exconseller Forn y a los 'Jordis', está sustentada por las declaraciones testificales de mandos de los Mossos d'Esquadra y del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
El juez pone especial énfasis en una reunión del 28 de septiembre entre Puigdemont, Junqueras, Forn y los mandos de la policía catalana, en la que estos advirtieron a los políticos del “grave riesgo de incidentes” que se preveían el día del referéndum. Para el juez, los tres políticos no sólo desoyeron el aviso policial, sino que impulsaron el diseño de un operativo “comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”. Lo hicieron, añade Llarena, concertados con Sànchez y Cuixart, que promovieron el “desborde por la fuerza de cualquier intención de contención” del 1-O por parte del Estado.