Las ayudas en cuestión corresponden al periodo 2000-2002 y fueron gestionadas por la Agencia Andaluza del Agua y la Dirección General de Obras Hidráulicas de la Junta de Andalucía, que delegaron sus funciones en la empresa GIASA.
El primero de los proyectos tenía como objetivo mejorar las condiciones de suministro y abastecimiento de agua a los municipios situados en la cuenca del río Guadiana, Comarca de Andévalo. Otro de los planes consistía en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y redes de alcantarillado en los municipios de Morón de la Frontera, Arahal y Mairena-El Viso del Alcor, y la construcción de un colector a lo largo del Guadalquivir en la zona de El Aljarafe.
El último de los proyectos tenía como objetivo mejorar las condiciones de suministro y abastecimiento de agua a los municipios situados en las provincias de Granada y Málaga.
La Comisión detectó las irregularidades con ocasión de sus auditorías en España y dictaminó las sanciones en junio de 2010. Las autoridades españolas recurrieron y el Tribunal General de la UE ha desestimado este miércoles su recurso.
En particular, el Tribunal General rechaza el argumento de España de que no había fraccionado artificialmente los proyectos para eludir la aplicación de ciertas normas del derecho de la UE, sino que se trataba de proyectos independientes que requerían, por tanto, licitaciones separadas.