El comisario Eugenio Pino y varios de sus colaboradores, mandos que el Gobierno del Partido Popular situó al frente de la Policía entre 2012 y 2016, aún tienen explicaciones que dar en los juzgados. Ya sea desde su situación de jubilación, unos, o viajando desde los privilegiados destinos en embajadas que disfrutan, otros, el grupo de comisarios e inspectores jefe desfilará en las próximas semanas por distintas sedes judiciales en relación con sus maniobras contra la oposición política durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.
La febril producción de informes contra la oposición se topó en su último tramo con el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El caso Pujol es la única investigación judicializada de cuantas realizó la policía política y a punto ha estado de echarla a perder. El resto de informes iba destinado a llenar portadas de periódicos y digitales y nunca prosperaba en los tribunales.
En un reciente auto, De la Mata acusaba a los mandos de la Policía de “hacer trampas” y remitía el caso del pendrive con origen sospechoso a un juzgado ordinario de Madrid, proponiendo investigar al exdirector operativo de la Policía Eugenio Pino, jubilado con medalla pensionada, y a uno de sus máximos colaboradores, Bonifacio Díez Sevillano, hoy agregado de Interior en México.
El juez considera que ambos pudieron incurrir en los delitos de prevaricación y/o falso testimonio y fraude procesal al intentar reavivar la investigación a Jordi Pujol Ferrusola y el resto de la familia con información de origen irregular. El juez, además, cree que mintieron en el juzgado cuando les requirió una explicación dentro de una pieza separada destinada a que la causa por corrupción no quedara contaminada por su maniobra.
La Audiencia Nacional aún debe decidir sobre el recurso de varios imputados, entre ellos el principal, Jordi Pujol Ferrusola, en contra del archivo de esa pieza separada.
Apenas 24 horas después del auto de De la Mata, el comisario Pino recibió otra mala noticia. Un juzgado de Madrid admitía la querella por calumnias de Xavier Trias por la entrevista que había concedido a El Mundo en la que, entre otras cosas, insistía en que el exalcalde de Barcelona había tenido una cuenta en un banco suizo, a pesar de que la misma entidad UBS lo desmintió oficialmente y a día de hoy solo hay una causa abierta, contra los periodistas que publicaron esa información. Pino deberá declarar como imputado el 16 de mayo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles.
La entrevista a Eugenio Pino tuvo una segunda derivada judicial. El exdirector operativo de la Policía confesó que la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de Asuntos Internos había elaborado informes sobre casos con sentencia firme. Uno de ellos, el caso Faisán sobre un chivatazo policial a ETA con el Gobierno socialista, en pleno proceso de paz.
El juez De la Mata accedió a la petición de la acusación popular, ejercida por Dignidad y Justicia, de reabrir el caso y llamó a declarar a la exjefa de la BARC, la comisaria Núria Mazo, estrecha colaboradora de Pino, y al propio exdirector adjunto operativo. Sin embargo, el Ministerio del Interior encontró ‘in extremis’ el informe del caso Faisán elaborado por la BARC, y anuló la comparecencia de Pino, a la espera de analizar su contenido.
También en un juzgado de Madrid, el número 2, sigue abierta la pieza separada del caso del Pequeño Nicolás que investiga una grabación ilegal a policías y agentes del CNI. En la pieza está imputado el comisario José Manuel Villarejo, que reconoció ante esa misma sede judicial su participación en la denominada Operación Cataluña. Antes de dejar el juzgado rumbo a la Audiencia Provincial, el juez Zamarriego tomó declaración a José Ángel Fuentes Gago, quien fuera jefe de gabinete de Pino y hoy agregado de Interior en La Haya. Zamarriego archivó la causa contra él ese mismo día.
Fuentes Gago, en boca de los diputados
El nombre de Fuentes Gago salió a relucir en varias ocasiones durante las comparecencias en el Congreso del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz el pasado día 5. De Alfonso identificó a Fuentes Gago como el muñidor de la entrevista entre los dos comparecientes cuyas grabaciones fueron difundidas por publico.es. A preguntas del portavoz socialista, De Alfonso identificó a Fuentes Gago como el policía que le mostró en su teléfono móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Trias.
Tanto Pino como Fuentes Gago y otros de los mandos de la policía política podrían escapar del escrutinio parlamentario si el PSOE se mantiene en su postura de no apoyar la comparecencia de mandos policiales, criterio que siguen PP y Ciudadanos.
La investigación de la grabación ilegal en el caso del Pequeño Nicolás, en la que está imputado el comisario Villarejo, ha estado dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas, exjefe de Asuntos Internos y, como tal, otro de los protagonistas de la Operación Cataluña. Los antiguos dueños del banco BPA de Andorra han denunciado a Martín-Blas por coacción y chantaje. Los hermanos Cierco le acusan de exigirles los datos del dinero de los Pujol en la entidad y amenazarles con que de lo contrario recurriría a Estados Unidos para provocar la intervención del BPA por una práctica continuada de blanqueo de capitales.
Los Cierco también se dirigen contra Díez Sevillano y cuentan con la colaboración del comisario Villarejo, que ha entregado notas informativas elaboradas por él mismo en el que, supuestamente, se da cuenta de la participación de su enemigo Martín-Blas y otros mandos en las presiones a los Cierco. Además de la imputación de estos mandos policiales, la querella podría afectar a la investigación contra los banqueros andorranos.