La investigación judicial contra el empresario Alberto González Amador ha entrado en una nueva fase este lunes con la luz verde de la Audiencia de Madrid para que la jueza que investiga a la pareja de Ayuso amplíe la lupa a una operación del empresario en la que juega un papel fundamental el presidente de Quirón Prevención, la división del gigante de la sanidad privatizada en Madrid.
Los jueces de la instancia superior han rechazado el recurso de González Amador contra la apertura de la pieza separada y han abierto así la posibilidad de que el empresario no solo responda por los delitos fiscales y la falsificación documental que ya ha admitido, sino también por posible corrupción en los negocios y administración desleal.
La pieza separada fue abierta a propuesta de la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid. Los partidos examinaron con detenimiento los más de 1.500 documentos que integran el expediente que la Agencia Tributaria cursó contra González Amador durante 18 meses. Su conclusión es que la actividad del empresario arrojaba indicios de otros delitos que sumar a los que la propia Hacienda y la Fiscalía habían detectado hasta ese momento contra él.
La jueza no aceptó ampliar la investigación a todos los delitos que reclamaban los partidos, pero la sola práctica de una parte de las diligencias que solicitan puede arrojar luz sobre todas las sospechas que presenta la relación entre la pareja de la presidenta madrileña y la empresa que abandera la gestión privada de recursos públicos en la sanidad de la comunidad autónoma.
Los caminos que dibujan los impulsores de esta pieza separada confluyen en el ático del que disfruta la pareja, justo encima de donde González Amador compró un piso de lujo tras el doble fraude fiscal, y del que se desconoce quién lo paga y a cambio de qué.
Ese ático, cuya existencia desveló elDiario.es, está íntimamente relacionado con un grupo de personas radicadas en León que conforman el director de Quirón Prevención, Fernando Camino; su mujer, la farmacéutica Gloria Carrasco; el abogado fiscalista Javier Gómez Fidalgo; y el empresario hostelero Jorge Pablos. Los cuatro han guardado silencio hasta ahora. La citación del juez podría romperlo.
Un pelotazo de dos millones y una compra sospechosa
Alberto González Amador tiene una empresa principal, Maxwell Cremona, que dio en 2020 un pelotazo de dos millones por intermediar en la compra de mascarillas para una empresa gallega, Mape, en la que es consejero el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.
Poco después, el 4 de diciembre de 2020, Maxwell Cremona adquirió Círculo Belleza, a la que Alberto González rebautizaría como Masterman & Whitaker. Círculo de Belleza había sido creada en 2008 por Gloria Carrasco, su hermano y su marido, Fernando Camino, que es el presidente de Quirón Prevención, la filial del Grupo Quirón que constituye la principal fuente de ingresos de González Amador.
Como desveló elDiario.es, González Amador pagó medio millón de euros por una sociedad que no facturaba ni 30.000 euros al año y que no contaba con medios materiales ni empleados. La acusación popular sospecha que ese pago fue la parte de la comisión que habría pactado con Fernando Camino por el pelotazo de las mascarillas. La Fiscalía, que antes solo apreciaba los delitos fiscales y la falsificación, ha pasado a apoyar la nueva investigación y aprecia un “soborno” al directivo de Quirón.
Un año después, el 15 de diciembre de 2021, Quirón Prevención acordó con Maxwell –la empresa cabecera de González Amador– que fuera Masterman quien se encargara de la expansión en Latinoamérica y de la implantación de un sello de calidad para el sector de la sanidad privada que trataba de obtener la Fundación Jiménez Díaz, el hospital de referencia del Grupo Quirón en Madrid. En ese momento ya era pública la relación de González Amador con Isabel Díaz Ayuso.
El mismo día del acuerdo para la expansión en Latinoamérica y el sello de calidad para la Jiménez Díaz, Maxwell remite una factura a Masterman de 600.000 euros más 126.000 de IVA y así consigue trasladar de una de sus empresas a la otra los ingresos procedentes de Quirón. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha constatado que Masterman no tiene ni medios materiales ni humanos para realizar ningún trabajo. Hacienda sospecha que Masterman es una sociedad instrumental con la que González Amador intentó obtener beneficios fiscales a futuro para reducir artificialmente impuestos.
El 16 de diciembre de 2021, Maxwell le vendió al mismo González Amador sus participaciones en Masterman por 3.300 euros. Esto es, casi medio millón de euros menos de lo que se había pagado por esa empresa un año antes. La Fiscalía defiende que “no es irrazonable la decisión del Juzgado Instructor de considerar que su compra en realidad encubría el pago de una comisión ilícita”.
El acuerdo que se complica
La apertura de la pieza separada por presunta corrupción en los negocios y administración desleal coloca en una situación comprometida a González Amador. El empresario trasladó a la Fiscalía su deseo de alcanzar un acuerdo que motivara una condena de ocho meses de cárcel y el pago de una multa. La pareja de Ayuso no entraría en prisión y se ahorraría la investigación judicial y la vista oral.
Pero la reacción de PSOE y Más Madrid frustró el acuerdo el pasado verano. Después, la apertura de la pieza separada ha valido de argumento a González Amador para dejar de impulsar el acuerdo. La jueza le citó el pasado 24 de febrero, pero el empresario se acogió a su derecho a no declarar. Antes de hacerlo quería saber si iba a ser investigado por nuevos delitos, como finalmente se conoció este lunes.
Tras la decisión de la Audiencia de Madrid, González Amador tenía la opción de pactar por los dos fraudes fiscales y la falsificación de documentos y esperar qué da de sí la nueva investigación abierta por la jueza. O rechazar el pacto e ir a un juicio que nunca deseó y cuya celebración puede demorarse años.
En la tarde del lunes, varios medios adelantaron que el investigado ha optado por solicitar a la jueza que suspenda su investigación por el doble fraude fiscal y declarar cuanto antes en la pieza separada por corrupción en los negocios. El argumento es que primero debe descartarse que los ingresos con los que habría defraudado a Hacienda tienen un origen ilícito en la operación con Quirón Prevención.
La juez decidió la pasada semana tomar declaración a las dos peritos que elaboraron el informe de la Agencia Tributaria en el marco de la pieza principal. Sobre la pieza separada, la magistrada no ha adoptado aún decisión alguna. Aguardaba a la resolución de la Audiencia Provincial que, finalmente, le ha dado luz verde.