La Justicia de Madrid ordena dotar de personal sanitario a cuatro residencias

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Consejería de Sanidad que dote de manera inmediata del personal sanitario necesario y de los medios precisos para desarrollar pruebas diagnósticas frente al coronavirus a cuatro residencias de Alcorcón.

La sección octava de la Sala de lo Contencioso ha acordado en un auto, que no admite recurso, la medida cautelarísima solicitada por el Ayuntamiento de esta localidad ante la urgencia de la situación que atraviesan cuatro residencias, informa el TSJ de Madrid.

El Consistorio denunció la situación de la Residencia de Mayores de la Comunidad de Madrid, la Residencia de Mayores Campodón, el Centro Residencial de Mayores Amavir y el Centro Residencial de Mayores Sanitas, especialmente afectadas por la pandemia.

Para tomar su decisión, la Sala ha tenido en cuenta dos informes emitidos por el Servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento, en los que se expone “la situación de extrema gravedad” de los centros.

En virtud de estos informes, precisa el auto, desde el 29 de marzo han fallecido en estos centros 116 mayores, habría 143 personas contagiadas y en torno a la mitad de los 579 residentes habrían dado positivo en COVID-19 y serían asintomáticos.

Datos que, a juicio de la Sala, demuestran que el número de mayores afectados “no solo resulta cuantitativamente significativo, sino más aún, cualitativamente relevante” dado que se trata de personas que por su edad son más vulnerables al virus.

“Es ésta una razón más por la que el derecho a la protección de la salud, consagrado con carácter general en la Constitución, debe considerarse aquí y ahora con una mayor intensidad, si cabe, en su necesaria salvaguarda”, indican los magistrados.

El tribunal también ha tenido en cuenta el insuficiente personal sanitario alegado por el Ayuntamiento, que indicó que solo había dos enfermeras de media en cada uno, que además tienen que atender a otras necesidades asistenciales de los mayores.

Aparte de la falta de personal, uno de los informes también constataba la falta de medios y “la imposibilidad de derivar a los residentes enfermos a un hospital”, aunque reconocía que se ha producido “continuidad asistencial”.

Al tratarse de medidas cautelarísimas, el tribunal aclara que ha tomado esta decisión “sin prejuzgar” si ha existido o no inactividad por parte de la Consejería.

El consistorio de Alcorcón justificaba su petición en que “existe un inminente riesgo de contagio masivo entre los residentes y trabajadores de los centros” y “riesgo de muerte apremiante para un gran número de ellos”.

Indicaba además, según el auto, que “la Comunidad de Madrid no ha llevado a cabo ninguna acción para la protección” de los usuarios residentes en dichos centros y pedía que cumpliese con la orden ministerial del 19 de marzo, sobre medidas relativas a las residencias y centros socio sanitarios.