Sergio Ríos Esgueva entró en la academia de Policía Nacional en 2015 y se graduó dos años después. Llegó allí, según Anticorrupción, como premio por haber espiado a Luis Bárcenas aprovechando que era su chófer y bajo las órdenes del Ministerio del Interior para neutralizar pruebas comprometedoras contra el PP. Ahora la Justicia ha confirmado que Ríos seguirá suspendido de empleo y sueldo de forma cautelar hasta que termine el proceso judicial contra él por formar parte del operativo Kitchen de espionaje: medios policiales públicos al servicio de los intereses del Partido Popular por el que la Fiscalía le pide ocho años y cinco meses de prisión.
El Director General de la Policía Nacional firmó en septiembre de 2021 la suspensión cautelar de empleo y sueldo de Sergio Ríos como agente del cuerpo. Para entonces, desde que obtuviera la placa en 2017, el antiguo chófer de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias había pasado por la academia de Ávila, la Unidad de Extranjería y finalmente la Brigada Móvil dependiente de Seguridad Ciudadana.
Quedó suspendido después de que la Audiencia Nacional le procesara por su papel en la operación Kitchen. Ríos recurrió y ahora, según ha sabido elDiario.es, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha confirmado la decisión de dejarle sin placa y sin sueldo hasta que sea condenado o absuelto: la acusación que pesa sobre él “desprestigia gravemente la imagen que ofrece la Policía Nacional y todos sus miembros a la sociedad a la que sirve” y, además, es “poco ejemplarizante” para el resto de policías.
Su llegada a la academia de Policía fue, según el juez que investigó el caso y según la Fiscalía Anticorrupción, una recompensa por pasar más de dos años espiando a Luis Bárcenas y su familia con un objetivo: interceptar pruebas, documentos y materiales audiovisuales relacionados con el caso Gürtel. No para entregarlo en la Audiencia Nacional y ayudar a investigar la trama sino para quitar de la circulación información comprometedora para el Partido Popular.
La Fiscalía Anticorrupción pide un total de ocho años, cinco meses y 15 días de prisión para él como autor de un delito contra la intimidad y cooperador necesario en otros dos de encubrimiento y malversación. Porque, según los investigadores, aceptó formar parte del operativo ilegal de espionaje a petición de José Manuel Villarejo en 2013 pero no lo hizo a cambio de nada: cobró 44.000 euros de los fondos reservados, le dieron una licencia de armas para llevar pistola y le compraron un arma corta también con cargo a las arcas públicas.
Lo que la Policía define como una actuación “poco ejemplarizante” de Ríos, según las acusaciones que pesan sobre él, fue ponerse al servicio de un operativo supervisado por el propio ministro del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, para espiar al extesorero e informar puntualmente a mandos policiales aprovechando que la familia le había abierto las puertas de su intimidad: iba de su parte al banco, llevaba papeles a abogados o incluso guardaba sus teléfonos móviles.
Informó “de manera exhaustiva”
Los mandos policiales intentaron un primer contacto con Ríos a través de Andrés Gómez Gordo, policía de la confianza de María Dolores de Cospedal, pero quien tuvo éxito en la captación fue José Manuel Villarejo, recientemente condenado a 19 años de cárcel. Desde julio de 2013 hasta septiembre de 2015, según Anticorrupción, el chófer informó “de forma exhaustiva e individualizada” a distintos miembros de la cúpula policial de Rajoy sobre todos los movimientos de Bárcenas y su esposa: llamadas, conversaciones, su estado de ánimo, documentos y movimientos bancarios.
El Tribunal Superior de Madrid entiende que esta petición de cárcel por parte de la Fiscalía es un argumento de mayor peso que su procesamiento para mantenerle sin placa y sin sueldo hasta que haya sentencia. Un juicio que, por el momento, no tiene fecha en el calendario de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El caso ha quedado zanjado con la lupa puesta sobre el chófer de la familia y la cúpula policial y de Interior que le contrató, pero sin llevar a juicio a los responsables del Partido Popular que hubieran podido intervenir en un encargo que buscaba beneficiar, en exclusiva, a ese partido: ni María Dolores de Cospedal, la entonces secretaria general, ni Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, estarán en el banquillo de los acusados.
Sí estará Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel, la misma que solicita y también el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. La petición más alta de prisión del Ministerio Público es para Villarejo, 19 años de prisión, añadiendo el de cohecho.
Sergio Ríos llevaba cuatro años en la Policía Nacional, supuestamente una “recompensa” por espiar a Bárcenas e Iglesias, cuando fue procesado y suspendido de empleo y sueldo, pero otros implicados también sancionados llevaban muchos más años en el cuerpo y en puestos mucho más altos. Entre otros fueron suspendidos el comisario Andrés Gómez Gordo y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.
Sergio Ríos cobró de los fondos reservados del Estado por su labor de espionaje, además de conseguir la licencia de armas y la pistola de manera irregular. Un total de 44.000 euros, a razón de 2.000 euros al mes. Sobre su entrada en la academia de Policía y la superación de la oposición previa, la Fiscalía expresa dudas: fue una idea de Villarejo para no prolongar indefinidamente los pagos de dinero salido de los fondos reservados.
Facilitar su entrada en la Policía, según Anticorrupción, fue un premio pero también un escudo para ellos. Se hizo “como mecanismo de protección que garantizase la impunidad de todos los encausados”. Se hizo aunque reconoce que no sabe cómo: “No consta de qué manera efectiva los encausados, o terceras personas, pudieron interferir en el procedimiento de acceso, facilitando al encausado Sergio Ríos Esgueva el aprobado en el año 2015 en la oposición libre”.
A partir de ese momento, Sergio Ríos empezó a cobrar un sueldo de Policía que, sin éxito, ha pedido a la Justicia que le sea devuelto después de su retirada cautelar. Ahora el hombre que constituye una de las piezas clave del espionaje a Luis Bárcenas en beneficio del PP tendrá que acudir, si quiere, en casación ante el Tribunal Supremo.