La justicia no investigará el asesinato del español Diego Bello en Filipinas mientras su familia se aferra a un informe que cuestiona la versión oficial

Nuevo varapalo para la familia de Diego Bello, un empresario español asesinado a tiros en enero por la policía de Filipinas presuntamente durante una de las operaciones promovidas por el Gobierno de Rodrigo Duterte en su guerra contra las drogas. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación impulsado por su familia para que la justicia española investigue las causas de su muerte en el país asiático. Desde su fallecimiento, sus seres queridos han tratado de limpiar su nombre, asegurando que la versión de la policía filipina es “totalmente falsa” y que este joven de 32 años no tenía ninguna relación con el tráfico de estupefacientes. 

En la madrugada del 8 de enero Bello fue asesinado a tiros por la policía filipina cuando volvía a su casa situada en la isla de Siargao, una zona turística del sureste del país, muy popular entre los amantes del surf. Para las autoridades filipinas esta actuación fue una “operación exitosa en la lucha contra las drogas”. En ese momento los agentes aseguraron que este gallego, nacido en A Coruña, era un “traficante de drogas de alto valor” que llevaba encima diez gramos de cocaína y 30.000 pesos filipinos en billetes marcados (600 dólares), según recogió la agencia Efe. 

En un auto fechado el 9 de septiembre, al que ha accedido elDiario.es, los magistrados de la Audiencia Nacional han rechazado la investigación de la “supuesta operación de tráfico de drogas” que terminó con la vida de Bello. Para la familia, esta decisión supone el final de la batalla judicial en España, según asegura su letrado Guillermo Mosquera. La defensa del gallego solicitó amparo ante la “ausencia de acción penal en los tribunales filipinos”, sin embargo la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestima el recurso alegando que “los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional”.

La justicia asegura que Filipinas está investigando los hechos

En su argumentación, los jueces aseguran que “las autoridades filipinas se encuentran investigando los hechos, que acaecieron exclusivamente en territorio filipino”, asimismo añaden que “los investigados no tienen nacionalidad española”. La defensa de la víctima asegura que desconoce a qué investigación se refieren los jueces, desde el Ministerio de Exteriores tampoco aclaran a elDiario.es qué gestiones —en caso de que se estén produciendo— está realizando la administración de Duterte para esclarecer los hechos. Por su parte, la Embajada de Filipinas en España no ha respondido a la petición de información realizada por esta redacción.

Ante las acusaciones de la policía filipina, el entorno de Bello “niega rotundamente que Diego tuviese ningún tipo de participación en un asunto relacionado con el tráfico de drogas”, incide Mosquera, que también aseguran que desconocen por qué los agentes iniciaron una operación contra este empresario español, asentado en la zona desde hace dos años y que gestionaba tres negocios (un restaurante, un hostal y una tienda de artículos de surf) en los que trabajaban 25 personas.

“Violación de Derechos Humanos”

Tras meses pidiendo explicaciones, la defensa de Bello recibió en julio un refuerzo importante. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas emitió un informe en el que desmontaba la versión policial. En este documento, adelantado por la agencia Efe y al que ha accedido esta redacción, los representantes de este organismo consideraron que en este caso se había cometido una “violación de derechos humanos” y también argumentaron que los disparos que terminaron con la vida del empresario español fueron emitidos “deliberadamente”. 

La Comisión de DDHH es un “organismo oficial creado por la Constitución de ese país, independiente de su Gobierno, y —según explicó el Ejecutivo española en una respuesta parlamentaria— con el mandato de llevar a cabo investigaciones de posibles violaciones de Derechos Humanos”. Para organizaciones como Amnistía Internacional esta institución es “una fuente fiable”, apuntan desde el departamento español de la ONG. En un exhaustivo informe fechado el 31 de julio y realizado en Siargao mediante entrevistas con los agentes policiales que participaron en el operativo y el entorno de Bello —conocidos, vecinos, trabajadores, pareja y socio— desvelaron las incongruencias de la coartada policial. 

La policía filipina asegura que Diego les disparó

Según la versión oficial, el operativo dirigido por el agente Vicente Panuelos para capturar al empresario gallego se preparó un día antes del asesinato y estaba pensado para activarse en cuanto Bello vendiese droga a un agente infiltrado que se haría pasar por un comprador. Los agentes sostienen que el español picó el cebo y sacó “de su riñonera un pequeño bote con tapa amarilla que contenía una sustancia blanca”. En el momento en el que aparecieron más policías, Panuelos aseguró que “vio a Diego sacar un arma de fuego de su riñonera y disparar de repente contra ellos”. Este agente asegura que descargó contra ellos, a pesar de que se identificaron, gritando: “Policía, somos Policía. No se mueva”, según el informe facilitado por la defensa a elDiario.es.

Para los investigadores pro Derechos Humanos la coartada de que las autoridades filipinas actuaron en defensa propia es “dudosa”, y realizan un desglose de motivos para justificar su afirmación. El primero, según las imágenes del circuito de seguridad del restaurante de Bello tomadas antes del asesinato no se percibe que la víctima lleve una “riñonera colgada de su cintura”. Segundo, ni los vecinos entrevistados ni la pareja del gallego escucharon ninguna advertencia policial durante el tiroteo. Estos hechos provocaron que la Comisión se muestre “escéptica” ante el argumento de que “Diego disparó con un arma sacada de su riñonera ante la advertencia policial”. 

Además, aportan el testimonio de una autoridad municipal que señala que Bello nunca formó parte de la lista de personas involucradas en el tráfico de drogas elaborada por el distrito de la localidad. La autopsia realizada por la Comisión concluyó que en el cuerpo de este joven se llegaron a identificar seis heridas de balas, algunas ubicadas en el abdomen y en la cabeza, ante esta actuación los investigadores concluyen que existía “intención de matar” al español. Los investigadores también recogen el testimonio de varios testigos tras los disparos, en ellas destacan que parte del operativo no iba identificado como policía. De hecho, se expone que algunos tenían la cabeza tapada con un pasamontañas. Asimismo, uno de los amigos del gallego asegura que su pareja, que es enfermera, puedo acceder al cuerpo de Diego y observó que “había una pistola plateada en la mano derecha de Diego”. 

ONG denuncian ejecuciones extrajudiciales

Varias ONG han denunciado en reiteradas ocasiones las consecuencias de la “campaña contra las drogas” impulsada por la administración de Duterte. Este viernes, Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que vuelve a advertir de que este país “sigue instigando una oleada de ejecuciones extrajudiciales y alimenta un clima de impunidad casi total para quienes las perpetran”. Según explican los testigos de uno de los casos investigados, en el que la víctima fue disparada a quemarropa, el muerto “iba desarmado y posteriormente le pusieron una pistola en la mano y cambiaron la postura del cuerpo para justificar la alegación de defensa propia de un policía”.

Fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores aseguran que el caso de Bello “ahora mismo sigue abierto”, también apuntan que tanto la Embajada como el Consulado en Manila están haciendo un “seguimiento muy estrecho del caso y en todo momento están en contacto con la familia y los abogados”. Estas mismas fuentes no aclaran si hay una investigación abierta en Filipinas como apuntan los magistrados de la Audiencia Nacional, ni si han pedido explicaciones al Gobierno de Rodrigo Duterte por la operación en la que los agentes filipinos mataron a Bello.

PP, Ciudadanos y BNG han llevado en varias ocasiones este asunto al Congreso. Tras el informe de la Comisión de Derechos Humanos, los populares han vuelto a consultar al Gobierno central si van a tomar alguna “medida” para “que el Gobierno filipino inicie una investigación judicial a fin de que se depuren las posibles responsabilidades penales frente a los autores” del asesinato.  La familia continúa pidiendo apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que no se dé carpetazo a la investigación del caso en Filipinas.