La Justicia reabre el caso de la venta del Goya del marido de Aguirre y ordena tramitar la recusación contra la jueza

La Audiencia Provincial ha reabierto el caso de la venta del Goya del marido de Esperanza Aguirre y ha ordenado tramitar la recusación contra la jueza de Madrid que archivó la causa. El caso se centraba en la supuesta simulación de la herencia de ese cuadro y en el dinero que pudo haber defraudado a Hacienda con la venta del Goya por cinco millones de euros al empresario Juan Miguel Villar Mir.

La causa se abrió a raíz de la querella de Íñigo Ramírez de Haro, hermano de Fernando, el marido de Aguirre, quien acusa a su hermano de simular la donación del cuadro y de no repartir el dinero que recibió con su venta. Aguirre y su marido vendieron el cuadro a Villar Mir cuando la quiebra y la deudas con Hacienda amenazaban con llevar a Fernando Ramírez de Haro ante la justicia.

La Sección Quinta ha dictado un auto en el que estima el recurso de apelación del querellante, Íñigo Ramírez de Haro, hermano del marido de Aguirre, contra la providencia del juzgado de instrucción número 26 de Madrid en la que rechazó siquiera admitir a trámite el incidente de recusación.

La jueza Concepción Jerez justificó esa decisión “por no constar la causa legal y los motivos en los que se fundaba la recusación” y poco después archivó la causa, sin esperar a la decisión de la Audiencia sobre la recusación, al considerar que no se cometió ningún delito en esa operación.

Ramírez de Haro alega que la causa de recusación es la falta de imparcialidad de la juez, que se deduce de la apariencia fundamentada de ser “juez y parte” en su actuación durante la toma de declaración como testigo del director de ventas privadas de pintura antigua de la casa de subastas Sotheby’s, James McDonald, en la que había impedido, interrumpido, condicionado o alterado el normal desarrollo del interrogatorio por parte de la acusación.

La Audiencia Provincial considera ahora que ese incidente de recusación tenía que tramitarse y obliga a reabrir el caso. Ahora se designará a un magistrado de ese tribunal que hará un informe sobre la actuación de la jueza, y una sección de la Audiencia Provincial decidirá si hay razones para apartar a la jueza del caso y seguir con la instrucción, o bien si no existen y debe cerrarse de nuevo el caso.