La justicia anula la remodelación del Santiago Bernabéu
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el acuerdo que rubricó el 15 de noviembre de 2012, dictado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que aprobó la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en relación al estadio Santiago Bernabéu, según ha iinformado la entidad presidida por Florentino Pérez en un comunicado.
Esto supone que se anula un intercambio de parcelas entre el Real Madrid y el gobierno local para reformar y ampliar el estadio del Real Madrid con el fin de construir una cubierta, además de un complejo comercial y hotelero.
El Real Madrid, que ha hecho pública la información a última hora del martes, explica que trabajará de forma conjunta con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid “en la subsanación de aquellos aspectos que sean necesarios para hacer viable el proyecto de reforma del estadio Santiago Bernabéu”.
Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que el TSJM pone trabas a la ampliación del Santiago Bernabéu. En agosto del pasado año ya paralizó cautelarmente la modificación del estadio al ver “conexión directa” con la investigación abierta por la Comisión Europea por las posibles ayudas públicas recibidas por el Real Madrid.
En un auto fechado el 31 de julio, la justicia admitió la solicitud de suspensión presentada por Ecologistas en Acción en junio de este año y suspendió el acuerdo del Consejo de Gobierno de noviembre de 2012, que habilitaba la ampliación.
La Comisión notificó a España por carta el 18 de diciembre de 2013 su decisión de incoar un expediente por una posible ayuda del Ayuntamiento de la capital al Real Madrid a través de un convenio suscrito el 29 de julio de 2011 para “resolver una cuestión jurídica pendiente referida a una permuta de bienes inmuebles que fue objeto de varios convenios en 1996 y 1998”.
Dos meses más tarde a la primera paralización, el TSJM mantuvo su postura pese al recurso formulado por el Real Madrid, que recurrió este fallo al entender que se producían siete infracciones del ordenamiento jurídico por las que el auto “se desviaba de la legalidad” y que, entre otras cosas, no tenía en cuenta el “carácter firme” del convenio celebrado entre el Ayuntamiento y el club en julio de 2011 y que el TSJM declaró como “convenio ejecutado”.
