La Justicia suspende la investigación de Andorra sobre la 'operación Catalunya' que afecta a Mariano Rajoy

El Tribunal Superior de Madrid ha decidido suspender de manera cautelar la tramitación de la comisión rogatoria con la que las autoridades de Andorra impulsaban la investigación contra el expresidente Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro por la conocida como 'operación Catalunya', el supuesto uso de efectivos policiales y métodos ilegales para obtener información bancaria de la familia Pujol en Andorra.

En sendos autos, los jueces de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid paralizan cautelarmente la ejecución de esa petición de auxilio judicial al considerar que su tramitación “conllevaría perjuicios de difícil o imposible reparación” para los recurrentes, que alegaron también que la “protección diplomática” juega a su favor. En este sentido, afirman que la suspensión “no produce daño alguno en este momento a la Administración” porque la procedencia o no de esa medida “se continúa ventilando en sede penal”. Los jueces toman esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que habían pedido la denegación de esta suspensión cautelar. 

Una magistrada de Andorra investiga este supuesto operativo ilegal y solicitó la colaboración de las autoridades españolas para tramitar la causa contra residentes en España, entre ellos el expresidente del Gobierno y el exministro del Interior. Diversos recursos y resoluciones judiciales han frenado y vuelto a poner en marcha esta comisión rogatoria hasta esta última decisión que deja el proceso en suspenso una vez más. El pasado 2 de noviembre, este mismo tribunal frenó el envío de información.

En este caso, los investigados habían alegado diferencia de trato poniendo encima de la mesa el caso de un inspector jefe de la Policía Nacional, Celestino Barroso, que fue agregado de la embajada española en Andorra entre 2014 y 2017 y que supuestamente, dice la resolución, contó con “inmunidad o protección diplomática” en relación con esta búsqueda supuestamente ilegal de datos bancarios de la familia del expresident Jordi Pujol.