“No vas a tener casa en tu puta vida”. Una frase que hace casi dos décadas pasó de comentario desesperado entre amigos a grito reivindicativo de toda una generación que veía cómo le estaban robando el futuro. Era 2007 y el Gobierno de entonces decía que España estaba “en la Champions League de las economías del mundo”. Aquel año se construyeron 641.419 pisos, y solo un incipiente movimiento por la vivienda alertó de lo que venía. 17 años después, con el Gobierno presumiendo de ser la “locomotora” del crecimiento de Europa, los problemas de la vivienda siguen ahí, parcialmente transformados y aumentados. Y la gente vuelve a las calles ante la constatación de que las instituciones no los solucionan.
El movimiento por la vivienda anticipó la dura crisis que sufrió España a partir de 2008, y fue uno de los principales motores de la reacción social contra la respuesta en forma de recortes que dieron los diferentes gobiernos de Europa. Pero a partir de mediados de la pasada década, y sobre todo desde la moción de censura de 2018, su presencia en la calle decreció de forma paulatina, igual que la de otros colectivos.
La llegada de un “gobierno amigo” (como irónicamente lo definen por ejemplo desde la PAH) primero del PSOE en solitario y luego en coalición con Unidas Podemos, y la promesa de una ley de vivienda, calmaron las calles durante un tiempo. Seis años después, el acceso a un hogar sigue siendo complicado, casi imposible en según qué ciudades. Y cada vez más: a la ausencia de vivienda pública, vendida durante la pasada crisis, y la dificultad para comprar, por la reducción del crédito, se unió la escalada de los precios del alquiler.
“En 2019 el tema ya estaba muy candente con la subida del precio de los alquileres”, recuerda el doctor en Antropología Social Jaime Palomera en conversación con elDiario.es. Palomera fue en 2017 uno de los impulsores del Sindicat de Llogateres, y coportavoz de la organización en Catalunya hasta 2021.
Su implantación ha sido muy rápida y es una de las principales patas del movimiento por la vivienda. Su propia denominación, su instauración como ‘sindicato’, muestra el viraje que se ha producido en el mercado de la vivienda, y la existencia de diferentes enfoques en el propio movimiento sobre cuál debe ser la forma y el objetivo de sus reivindicaciones. Discrepancias que, hoy por hoy, no ponen en duda la unidad de acción de los activistas.
Lo explica Valeria Racu, coportavoz del Sindicato en Madrid. “Es una apuesta estratégica”, asegura, porque “se está desplazando la crisis de vivienda de las hipotecas al alquiler”. Y los problemas de uno u otro sistema de acceso a un hogar no son los mismos.
La evolución del movimiento de vivienda ha ido pareja a las sucesivas modificaciones legales y cambios en el mercado con los que muchos propietarios han intentado sortear las leves limitaciones a la rentabilidad lanzadas desde las instituciones. Palomera recuerda que en 2007, antes de la crisis, nació ‘V de Vivienda’, que tenía como imagen a una superheroína enmascarada que denunciaba la pasividad de los políticos (una por entonces desconocida Ada Colau). Entonces se alertaba de la dificultad de la mayoría de acceder a una vivienda y el sobreendeudamiento que estaba asumiendo la población para hacerlo.
Hubo movilizaciones. La reacción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue aprobar una ayuda directa de 200 euros mensuales al alquiler para jóvenes. No fue una solución, apenas un parche que calmó los ánimos y logró postergar unas protestas que volvieron luego, mucho más fuertes.
Porque un par de años después el protagonismo lo asumieron la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Stop Desahucios, entre otros. La crisis financiera y consiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria transformó el problema del acceso a la vivienda en una auténtica emergencia social: paro, impagos a los bancos y desahucios sin ninguna alternativa y con una deuda eterna e impagable en muchos casos. Familias enteras fueron arrojadas de sus casas sin tener dónde ir. Los servicios sociales no cumplieron su obligación de asistir a la gente. Y fueron los colectivos sociales los que asumieron el papel de asesorar, ayudar, buscar alojamiento y, ante la avalancha de lanzamientos judiciales, poner el cuerpo para intentar evitar el mayor número de desahucios posibles. Hubo quien lo pagó con cárcel y ostracismo social.
Varios lustros después, siguen siendo los movimientos sociales los que están a la vanguardia en la defensa de los derechos concretos de propietarios e inquilinos. Cada viernes, en el Ateneo La Maliciosa, en Madrid, se celebra una asamblea del Sindicato de Inquilinas. Pero no se debaten estrategias, se lanzan soflamas ni se discuten líneas de un manifiesto. Cualquier persona puede acudir, sentarse y pedir ayuda sobre su caso concreto.
Una inquilina vulnerable que vive en un cuchitril con moho que su casero no quiere eliminar. Prefiere que se vaya del espacio que le ha alquilado (que no se puede llamar piso) para buscar a otra persona que, quizá, dé menos problemas. O la propietaria que avisa, fuera de plazo, de una subida de la renta. O los vecinos que ven cómo una productora de cine les quiere desalojar. O los fondos buitre que poseen miles de viviendas y juegan con las personas que viven en ellas como si no fueran más que meros números en una hoja de excel.
Hay asesoramiento legal y comunicativo. Se explican los casos, se comparten experiencias y se plantean acciones. Si el caso es complejo, se deriva a la Comisión Legal. El Sindicato de Inquilinas, como antes la PAH, ha impedido un número incontable de desahucios. No todos, claro. Porque, denuncian, el sistema cambió hace 10 años para que todo siguiera igual.
La crisis desplomó el precio de la vivienda. Pero el posterior Gobierno de Mariano Rajoy legisló para revertir el proceso: el PP intervino el mercado para evitar la bajada. Palomera recuerda que se crearon las socimis, vehículos financieros destinados a que “un activo” como la vivienda, que es “un factor macroeconómico”, no hiciera un agujero en la contabilidad de la riqueza nominal nacional. Así, se permitió que “un actor nuevo, los fondos buitre que vienen de Wall Street, pudieran encontrar en la vivienda un negocio fértil”. ¿Y cómo? “La manera era el alquiler, porque el sistema financiero estaba en crisis” y no se podían dar hipotecas como se había hecho hasta entonces.
Así, “el negocio se dirige al alquiler”, apunta. Palomera cree que durante mucho tiempo “ha habido un desacople” entre dos realidades: el “malestar” ciudadano por la situación del acceso a la vivienda, que suele estar en los primeros puestos de principales problemas percibidos por los españoles, según las encuestas, y la falta de movilización social. Se han producido algunas manifestaciones, más o menos numerosas. Pero no ha llegado la gran marcha que saque a mucha gente a la calle y prenda la mecha.
El movimiento de vivienda confía en que esto ocurra el próximo 13 de octubre, y trazan una relación con lo ocurrido hace 15 años. Entonces también hubo movilizaciones leves. Hasta que la calle eclosionó.
La transformación del movimiento
Con menos incidencia mediática que en años previos, quizá aletargados y esperando la acción política, el movimiento por la vivienda no ha dejado de estar activo. Las asambleas de barrio u organizaciones como la PAH y otras muchas han mantenido sus reuniones y actividades. Sigue habiendo desahucios e intentos de pararlos. Las oficinas ciudadanas continúan asesorando gratis a quienes se encuentran con una orden de desalojo que muchas veces no entienden y contra las que no tienen herramientas propias ni públicas. Solo la solidaridad vecinal.
“España sigue siendo una sociedad de propietarios. El acceso a la vivienda sigue siendo fundamentalmente a través del endeudamiento. Han bajado sensiblemente los porcentajes, pero sigue por encima del 70%”, apunta Diego Sanz desde la PAH de Vallecas, una de las más activas y combativas en Madrid.
Valeria Racu lo ve desde la otra perspectiva posible y, aunque en el Sindicato son conscientes de que “a día de hoy la gente que vive de alquiler no son la mayoría”, sí hay “una tendencia creciente”.
Desde la PAH vallecana sostienen que el problema del alquiler es solo una derivada de la dificultad de acceder a una hipoteca, pero que la mayoría de los españoles aspiran a ser propietarios. “Habrá una salida en falso para volver al endeudamiento, a la propiedad”, señala Sanz, que cree que “el debate de los precios de alquiler está sobrerrepresentado”.
“La vivienda en España no es un servicio público, ni se aproxima”, explica. Solo se accede “por endeudamiento” y, cuando este método no funciona, surge el alquiler.
Según la PAH, el Gobierno de Pedro Sánchez está interviniendo para que España vuelva a ser un país de pequeños propietarios casi en exclusiva. Su hipótesis es que el problema del alquiler se diluirá y se volverá a la situación previa a la crisis de hace tres lustros, pero sin cambios sustanciales en el sector.
“El horizonte sigue siendo la hipoteca”, asegura el portavoz de la PAH de Vallecas, que concluye: “La crisis de la vivienda va a continuar porque no se adopta una política coherente de desmercantilización. Eso no lo quiere nadie”.
Prepararse para el largo plazo
En el Sindicato de Inquilinas piensan en un proceso a largo plazo. Y por eso se han constituido en “sindicato”. La intención es trasladar el modelo de relaciones laborales al mercado del alquiler. Si un bloque entero es de una única propiedad, una negociación conjunta con medidas de presión colectivas puede tener más incidencia, lograr más y mejores resultados.
Como explica Valeria Racu, su “apuesta es ir directamente contra el rentismo” que quiere vivir de una “generación inquilina” que lo será para siempre y, sin mecanismos correctores, al albur de lo que quieran los caseros, a cuenta de “esa idea que se ha legitimado de que se puede hacer negocio con la vivienda”.
En el anterior ciclo, los desahucios de forma mayoritaria eran por el impago de la cuota hipotecaria a un banco. “Hoy en día son por alquiler”, concluye la portavoz del Sindicato en Madrid.
Ante la “cronificación” del alquiler, el movimiento apunta a una lógica de organización a largo plazo ante la hipótesis de tener que mantener un conflicto prolongado. Una suerte de “juego de la soga” en el que de un lado están los caseros y de otro los inquilinos. Hay que tirar fuerte y durante mucho tiempo. El primero que se canse y ceda, pierde.
No es la primera vez que se pone en marcha un sindicato de vivienda. Pero ahora han logrado situarse en el centro del debate ante el cambio, de momento parcial, en el mercado. Los inquilinos se perciben como un colectivo al que atraviesan problemas similares y para los que plantean soluciones comunes.
El problema es que los inquilinos no tienen reconocida la negociación colectiva que la ley sí otorga a los trabajadores frente a las empresas. “No tenemos delante a la General Motors de los caseros, no podemos hacer un sindicato fordista”, sostiene Sanz desde la PAH, que apuesta más por una “red de estructuras populares” en los barrios y municipios.
Racu asegura que quieren tener “una estructura interna clara, con espacios de toma de decisiones, donde la asamblea no es el único centro, sino que también hay otros tipos de estructura interna que impulsan el sindicato y que hace que podamos ser estratégicas a largo plazo”. “Para acabar con el rentismo tienes que existir a largo plazo con estrategias a corto, medio y largo plazo para llegar a ese horizonte”, apunta.
La discrepancia parte de la lectura que se hace de la realidad actual y de su futura evolución. Si el tránsito hacia ampliar el mercado del alquiler es definitivo, o no. Si España se encamina hacia un país donde los grandes tenedores, los multipropietarios con cientos o miles de viviendas, se convierten en dueños de la mayoría del parque, o no.
En la PAH sostienen que el problema de la vivienda va mucho más allá del alquiler, y amplía la visión a situaciones de irregularidad e incluso ilegalidad en las que viven aquellas personas más desfavorecidas, que transitan por los márgenes de la sociedad, que van de una cama caliente a una litera.
Valeria Racu coincide: “Las problemáticas de vivienda son muy diferentes entre sí. Podemos hablar de desahucios, podemos hablar de ocupación, de vivienda social, de VPO que ha sido vendida, de gente sin techo, de gente que está internada, de racismo inmobiliario, de empadronamiento, de ley de extranjería, de alquileres, …”.
En el Sindicato sí creen que “la crisis de 2008 fue terminal”, en palabras de Jaime Palomera. Que “el modelo que fue capaz de promover acceso a la vivienda en propiedad a todo el mundo durante dos generaciones” se fue y “no va a volver”.
Se está abriendo así una “grieta entre los que tienen propiedad y los que no”. “Entre los que heredarán o no” porque “ahora ni siquiera existe la expectativa de quedarse con las casas de los padres”. O bien no la tienen o bien muchos tendrán que venderlas para afrontar la creciente longevidad de las personas. “Cambiar pisos por residencias”, en palabras de Palomera.
Fiasco de la ley de vivienda
Porque las dos visiones que existen actualmente en el movimiento de vivienda no son excluyentes, aunque sí hay diferencias tácticas y estratégicas. Son complementarias y, de hecho, ambas ponen el foco en un elemento que consideran central: la propiedad y su uso.
“¿Nos podemos permitir el rentismo que extrae riqueza de los que menos tienen, de los que no tienen casa?”, se pregunta Jaime Palomera. “Una parte importante de quienes viven de alquiler o no están emancipados es gente de clase media, con estudios universitarios y trabajos cualificados. Pero no pueden acceder a la propiedad aunque quieran. No esperan comprar, no esperan heredar. Se ven obligados a vivir de alquiler”, dice el antropólogo, que continúa: “No logran emanciparse de la servidumbre del alquiler. No es un contrato entre libres”.
“La crisis de la vivienda va a continuar porque no se adopta una política coherente de desmercantilización”, apuntan desde la PAH de Vallecas. “No lo quiere nadie”, añaden, en referencia a los agentes económicos y políticos. “Lo que reclamamos es una desmercantilización de la vivienda”, prosigue.
Y los pasos no van en esa dirección, según un análisis común. La ley por el derecho a la vivienda que entró en vigor en mayo de 2023 es, coinciden, un ejemplo claro. “Intenta incluir intereses muy contradictorios”, apunta Palomera. “El Gobierno intentó contentar a todos”, explica Sanz. El resultado, dicen, es que no sirve. No cumple su función.
“No se puede hacer política pública si no crees en ella”, señala el antropólogo, quien defiende que la “vivienda es un juego asimétrico”. “Si planteas que sea rentable o muy rentable, es incompatible con que sea asequible”, expone. Además, a diferencia de otros sectores, “no se genera riqueza” real. “El empresario laboral se queda con una parte de lo que genera el trabajador, pero este se lleva un sueldo a casa. Con la vivienda no ocurre así. El mercado del alquiler ”distribuye renta“. De abajo hacia arriba, en concreto.
La ley de vivienda intenta “que sea rentable” y, a la vez, “un derecho”. Algo que el movimiento ve imposible. “En un escenario de bajada de tipos es evidente que la compraventa, que se ha dormido en estos años, se va a reactivar. Y va a empujar a un aumento de los precios”, dicen desde la PAH.
Expectativas incumplidas, respuesta en las calles
Tanto la banca como las constructoras, sostienen desde la PAH, reclaman una vuelta al modelo de pequeños propietarios que ha funcionado en España desde el franquismo.
La mayoría, sostiene Palomera, está a favor de medidas intervencionistas por parte del Estado. Pero estas han tardado mucho en llegar y, cuando se ha aprobado la ley, tiene tantos “agujeros” que no permiten solucionar el problema.
El pasado mes de septiembre, el Congreso tumbó una proposición de ley para tapar uno de los principales agujeros de la ley de vivienda: los alquileres temporales. PP, Vox, Junts y UPN rechazaron la norma e impidieron regular una figura que quedó expresamente fuera de la legislación aprobada en la pasada legislatura.
Fue el detonante para el movimiento de vivienda, que ha resignificado una convocatoria de una manifestación lanzada por otras organizaciones, como las federaciones de asociaciones de vecinos o sindicatos de clase como CCOO, para llamar a una gran movilización estatal. El lema: Se acabó. Bajemos los alquileres.
La convocatoria no ha estado exenta de algunas dudas en el movimiento de vivienda, que recela de la “institucionalidad” de los organizadores originarios. Desde Vallecas, la PAH ha dado un “apoyo crítico”.
“Estamos en un momento que está marcando un antes y un después”, sostiene Valeria Racu. Y zanja: “Se viene algo muy potente por delante”.