Juventud insiste en trasladar ya a la Península a los menores que quedan en Ceuta pese a la negativa de Sánchez

La gestión de la acogida de los niños y adolescentes extranjeros que continúan hacinados en la ciudad de Ceuta tras la entrada masiva e irregular de inmigrantes del mes pasado amenaza con ensanchar la brecha que este asunto ha provocado entre los socios del Ejecutivo. Este lunes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, insistió en que, a su juicio, “es imprescindible” trasladar sin demora “a los niños y a las niñas no acompañados” a la Península para, una vez allí, continuar tramitando sus expedientes sin mantener presionado hasta el extremo el sistema de acogida de Ceuta. Y lo hizo apenas unos minutos después de que el presidente Pedro Sánchez rechazara esta posibilidad y asegurase que “la prioridad del Gobierno es que todos esos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma”.

En una entrevista en la Cadena SER, Sánchez explicó que, para acabar con la saturación de los servicios de acogida de Ceuta, el Gobierno está aumentando el número de plazas disponibles para alojar a los migrantes que quedan en la ciudad, que cifró en alrededor de 5.000. De ellos, afirmó el presidente, las autoridades calculan que unos 1.200 son menores de edad, que con el refuerzo del sistema —Sánchez aseguró que se pondrán en marcha 6.000 nuevas plazas para el alojamiento de estas personas— podrán ser acogidas en Ceuta mientras se siguen tramitando sus expedientes. Estos procedimientos deben servir para decidir si los menores son enviados a sus países de origen (en el caso de que se pueda localizar a sus familias) o si pasan a ser tutelados por el Estado de manera permanente.

No obstante, en su intervención en la comisión de Juventud e Infancia del Congreso, Rego se mostró convencida este lunes de que “es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en la Península por dos motivos”, y que hay que hacerlo ya y no esperar a que se terminen de tramitar estos expedientes para distribuir por las comunidades tan solo a los menores que no vayan a ser expulsados de España. La ministra aseguró que este movimiento permitiría “destensar la situación de Ceuta”, y también sostuvo que “es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas”. “Con los expedientes se puede continuar perfectamente desde cualquier punto del territorio de nuestro país, porque el ordenamiento jurídico es exactamente el mismo en Ceuta y en el resto del territorio”, argumentó.

Rego explicó, asimismo, que el Ministerio de Juventud se encuentra a la espera de que el Gobierno de Ceuta dé luz verde al traslado a otras comunidades de alrededor de 500 niñas con un perfil “especialmente vulnerable”. La acogida de estas menores, planteó la ministra, se vehicularía a través de ONG “en varios puntos del país”, y Rego afirmó que se puede poner en marcha “de una manera más o menos inmediata una vez resuelta la primera parte del expediente en la ciudad de Ceuta”. La ministra también pidió a los gobiernos autonómicos, la mayor parte de ellos en manos del PP, que alcancen “acuerdos bilaterales” con el Ejecutivo ceutí para asumir ya el cuidado de una parte de los menores que ahora mismo colapsan los centros de acogida de la ciudad, sin esperar a que terminen de tramitarse sus expedientes.

Pocos minutos antes de la intervención de Rego, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, también se mostraba partidaria del traslado a la Península de una parte de los migrantes que se encuentran viviendo en las calles de Ceuta, aunque Martínez no circunscribió esta posibilidad a los menores de edad, sino a las 5.000 personas que se encuentran de manera irregular en la ciudad autónoma. “Hay que organizar el traslado de Ceuta a la Península de menores, personas migrantes y refugiadas, y que sea desde la Península donde continúen los procedimientos legales” para su devolución, en su caso, planteó la portavoz, un extremo que Sánchez también descarta.

Urtasun denuncia las “presiones” de la UE

En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se mostró este lunes crítico con la decisión del Gobierno del que forma parte de no trasladar a la Península a los en torno a 5.000 migrantes que aún continúan en Ceuta mientras se tramitan sus expedientes. Urtasun insistió en que el Ejecutivo debe trasladar a estas personas a otras comunidades para descongestionar las instalaciones de la ciudad autónoma, y atribuyó a las “presiones enormes” que está ejerciendo la Comisión Europea la decisión del presidente Sánchez de no llevar a cabo este reparto.

“Apoyar a Ceuta también significa que Ceuta pueda volver a la normalidad lo antes posible”, y eso pasa por “que puedan muchas de estas personas sean trasladadas a la Península para que sus expedientes puedan ser tramitados allí”, apuntó Urtasun, que sostuvo que “Ceuta no puede ser el patio trasero de Europa”. En el resto del territorio nacional, afirmó el ministro, existen “plazas” libres para alojar a estos inmigrantes mientras se decide si son expulsados o si se les concede asilo en España, y “es mucho más lógico que esos expedientes se resuelvan en lugares donde hay plazas y capacidad que en Ceuta, donde hay gente viviendo en la calle”.

“Este tipo de traslados se han realizado en numerosas ocasiones, cuando hay una zona congestionada: se ha hecho en Lampedusa, cuando en 2023 llegaron a sus costas 115.000 personas, y más de 64.000 fueron reubicadas en la península italiana”, ejemplificó el titular de Cultura, que recordó que “esto lo hizo el Gobierno de Giorgia Meloni, que se ha pasado todo el verano dándonos lecciones”. Urtasun se mostró igualmente muy crítico con los mensajes que ha trasladado en las últimas semanas la Comisión Europea exigiendo “que no salga nadie de Ceuta” para que estos inmigrantes no puedan moverse a otros países de la UE a través del espacio Schengen, un espacio al que no pertenece la ciudad autónoma.

“Muchas de esas personas van a ser devueltas, pero sus expedientes pueden tardar hasta dos meses”, un tiempo en el que seguirán colapsando los servicios de atención de Ceuta si no se las reparte por otras comunidades, razonó el ministro, que insistió en que, asimismo, el Gobierno ya sabe “que hay personas que no vamos a poder devolver” entre las 5.000 que quedan en la ciudad. “Hay centenares de sudaneses y a esas personas se les va a acabar concediendo la protección internacional, así que no tiene sentido que estén en Ceuta teniendo plazas en la Península”, zanjó.