Un juzgado desnuda las denuncias masivas de Presencia contra políticos y jueces: ni fechas, ni firmas, ni datos

El año pasado, un juzgado de la localidad toledana de Talavera de la Reina recibió una denuncia presentada contra 40 personas acusadas de todo tipo de delitos de corrupción. Decenas de jueces, fiscales, altos mandos policiales y de la Agencia Tributaria y, finalmente políticos: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, las ministras Margarita Robles e Ione Belarra y el marido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otras. La denuncia estaba firmada por una asociación de supuestos denunciantes de corrupción detrás de la que está el exjuez corrupto Fernando Presencia, y acaba de ser rechazada de plano por el juzgado porque, según dice el auto de inadmisión, se basa en documentos que podrían “haber sido elaborados por cualquiera”.

Fernando Presencia fue expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme dos veces por prevaricar al favorecer a amigos y conocidos desde el juzgado que dirigía en Talavera. A partir de entonces, y a la espera de una nueva posible condena de cárcel por injurias a un fiscal, ha centrado sus esfuerzos en una asociación llamada ACODAP con la que afirma canalizar denuncias anónimas que, defiende, destapan tramas corruptas de altos cargos judiciales y políticos y, sobre todo, decenas de cuentas bancarias en paraísos fiscales asociadas a estas personalidades.

Su asociación ACODAP está siendo investigada en la Audiencia Nacional. No solo por acusar en falso a jueces, fiscales y políticos de tener millones de euros escondidos en paraísos fiscales, sino también por supuestamente con quedarse el dinero que aporta la gente pensando que servirá para luchar contra la corrupción. En los últimos tiempos, tal y como explicó elDiario.es, Presencia ha sumado sus fuerzas a Alberto y Santiago Royuela, ultraderechistas que desde hace años difunden el conocido como 'Expediente Royuela' acusando sin pruebas a jueces, fiscales y políticos de manejar un entramado secreto para asesinar a gente.

La magistrada de Talavera que ha estudiado la denuncia masiva de Presencia contra 40 personalidades públicas ha tirado por tierra en un auto los documentos con los que Presencia intenta demostrar continuamente que todas estas personalidades tienen cuentas en paraísos fiscales. “No constan sellos, membretes, ni ningún otro dato que permita constatar que el origen se encuentra en la supuesta entidad bancaria que los expide, pudiendo haber sido elaborados por cualquiera visto su formato”, dice la jueza sobre los supuestos extractos bancarios que esgrime habitualmente Presencia con su asociación para presentar denuncias.

La lista de denunciados en las sucesivas ampliaciones de la denuncia del exmagistrado estaba el expresidente Zapatero, y las actuales ministras Robles y Belarra además diversos diputados de Unidas Podemos. Pero también magistrados como Manuel Marchena y sus dos hijos, varios integrantes de las audiencias territoriales de Toledo y Valencia, varios fiscales y el recién nombrado presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la vocal y magistrada Clara Martínez de Careaga. Entre otros mucho figura también el comisario jefe de la UDEF y los periodistas Antonio García Ferreras y Ana Pastor.

La nómina de delitos que planteaba Presencia y que rechaza de plano la Justicia abarcaba medio Código Penal: fraude fiscal, evasión, blanqueo, represalias e inducción al asesinato. Algunos acusados de amasar cientos de miles de euros en paraísos fiscales y otros de participar en una estrategia al más alto nivel para acallar sus denuncias y perjudicarle personalmente, tanto a él como a su entorno más cercano.

Son denuncias y documentos que difunde continuamente a través de Telegram y otros canales tanto el propio Presencia como la asociación ACODAP, ambos investigados en la actualidad por el juez Gadea en la Audiencia Nacional. Documentos y acusaciones cuya judicialización reclaman y que han sido rechazadas de plano por esta magistrada: “En modo alguno acredita la existencia de indicios, aunque sean mínimos, de los hechos tan graves” que imputa a decenas de jueces, fiscales, policías, periodistas y políticos, dice la magistrada.

Las informaciones que aporta, añade, “no se han contrastado” y no es suficiente con los documentos que tanto él como los Royuela suelen aportar o difundir: “Cartas manuscritas en las que no consta fecha ni firma, ni datos del remitente y destinatario, con textos como ”poner fecha, pasar a limpio y enviar“, expresión habitual en los documentos que difunden.

No solo no hay indicios ni pruebas de delitos sino que la denuncia de Presencia, en muchos casos, ha sido mal presentada. Una parte importante de los denunciados está aforados ante el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional y, en algunos casos, habría sido necesario presentar una querella y no una denuncia.