Un juzgado de Madrid estudia si imputa a la pareja de Ayuso por fraude fiscal como pide la Fiscalía
El caso de fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ya está en manos de los tribunales. La denuncia que la Fiscalía ha presentado contra el empresario por una supuesta deuda de 350.000 euros surgida de las comisiones que cobró durante la pandemia por intervenir en la compraventa de mascarillas ha sido repartida este mismo miércoles al juzgado de instrucción número 19 de la Plaza de Castilla de Madrid, que ahora tendrá que decidir si abre una causa contra él y le imputa, como pide el Ministerio Público en su denuncia. Es el mismo juzgado que hace dos años rechazó investigar a Pablo Casado por revelar que el hermano de Isabel Díaz Ayuso había cobrado una comisión por participar en la compra de material sanitario por parte de la Comunidad de Madrid.
La denuncia, como reveló en exclusiva elDiario.es, fue presentada por la Fiscalía en los juzgados de la capital el pasado cinco de marzo. Una denuncia en la que el Ministerio Público acusa a Alberto González Amador de urdir una trama de facturas falsas para pagar menos impuestos por los ingresos millonarios que tuvo a lo largo de 2020 y 2021. Ingresos canalizados a través de su empresa Maxwell Cremona y procedentes de comisiones que cobró por intervenir en la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia.
Según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, en documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la pareja de Isabel Díaz Ayuso consiguió defraudar 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades de su empresa usando facturas falsas: un total de 15 facturas por un importa de 1,7 millones de euros giradas por empresas que, en realidad, no habían realizado ningún servicio para él. Pero que sirvieron para aminorar la carga fiscal de la sociedad principal de Alberto González dos años seguidos.
La denuncia de la Fiscalía, según apuntan fuentes jurídicas, ya ha sido asignada a un juzgado de Madrid, que ahora tendrá que decidir si abre una causa y si, como pide el Ministerio Público, imputa a Alberto González Amador y al resto de acusados junto con sus empresas. Se trata del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, que tiene como titular a la magistrada Inmaculada Iglesias, que en las próximas semanas tomará una decisión al respecto.
Se trata de la misma magistrada que en mayo de 2022 decidió inadmitir la denuncia que un abogado presentó contra Pablo Casado y Teodoro García Egea, precisamente, por un asunto relacionado con Isabel Díaz Ayuso: por revelar que su hermano Tomás había cobrado comisiones por intervenir en la compraventa de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid a una empresa de un amigo de la familia.
La crisis del PP por el hermano de Ayuso
En ese caso, la magistrada que ahora decidirá si imputa al actual novio de la presidenta regional entendió que la denuncia del abogado se basaba solo en “meras sospechas o hipótesis” al atribuir un delito de revelación de secretos a los entonces dirigentes del Partido Popular. Se negó en ese momento a poner en marcha una investigación “prospectiva” contra ellos basándose en “suposiciones” del denunciante, el abogado Esteban Gómez Rovira, conocido también por haber fracasado al presentar acciones judiciales, por ejemplo, contra la votación de la reforma laboral de 2022.
Esa revelación de datos que la magistrada rechazó judicializar fue la que desembocó en la crisis interna del Partido Popular y la defenestración de Pablo Casado como líder de la formación conservadora. Denunció en público que el hermano de la presidenta regional había cobrado estas comisiones y la guerra civil interna del partido finalizó con su salida y la llegada de Alberto Núñez Feijóo a su dirección nacional. Las investigaciones de Anticorrupción y la Fiscalía Europea sobre las comisiones que cobró Tomás Díaz Ayuso terminaron archivadas al no ver delito.
La magistrada del juzgado 19 de Madrid tendrá que decidir si, como pide la Fiscalía, debe imputar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. Según las pesquisas del Ministerio Público y de Hacienda, Alberto González Amador defraudó más de 350.000 euros entre 2020 y 2021. Lo hizo, según los investigadores, usando un entramado de facturas falsas para imputar más gastos de los reales a su empresa y que sus ingresos millonarios de esos dos años no se vieran aminorados por el consecuente aumento del pago del Impuesto de Sociedades.
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