La activista transgénero salvadoreña Karla Avelar ha sido nominada, junto a defensores de los derechos humanos de Egipto y Camboya, como finalista para el Premio Martin Ennals de derechos humanos, un reconocimiento a la tenacidad fuera de normas con la que defiende desde muy joven los derechos de otros.
“Karla ha mostrado un gran nivel de sacrificio y un enfoque creativo para la defensa de los derechos humanos de la comunidad transgénero”, dijo el director de la Fundación Martin Ennals, Michael Khambatta, al anunciar a los nominados.
En medio de los conflictos armados, crisis políticas y brotes de represión que se multiplican en el mundo, la situación de América Latina en general -con la excepción de Venezuela- y de Centroamérica, en particular, suele pasar desapercibida en la narrativa de los derechos humanos.
Sin embargo, Centroamérica es la región de mayor violencia criminal y El Salvador tiene la segunda tasa de homicidios del mundo, “lo que lo hace un lugar extremadamente peligroso para ser una persona transgénero”, dijo Khambatta en una rueda de prensa.
Reflejo de las condiciones sociales en su país, Avelar creció en las calles y durante la infancia estuvo expuesta a la violencia y las drogas, siendo obligada a participar en el trabajo sexual a los once años, lo que la convirtió en víctima de policías, pandilleros y de los “clientes”.
Portadora del virus del VIH, la activista fue la primera mujer trans en El Salvador en hacer pública esta condición, en su esfuerzo de que se garantice una atención médica adecuada a la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros (LGBT).
Dos veces herida gravemente, una vez por un miembro de las fuerzas armadas y otra por un pandillero, Avelar fue encarcelada cuatro años por legítima defensa, pero nada la disuadió de seguir en su lucha y en 2013 fue la primera mujer trans en comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde denunció al Estado salvadoreño por discriminación y crímenes de odio contra los LGTB.
Pese a ello, las amenazas contra ella continúan. El pasado domingo tres personas se acercaron a ella y le dijeron que no querían que viviera más en la zona en la que reside y que, si no abandonaba el lugar la matarían. Karla se mudó este martes.
Al frente de la organización que ayudó a fundar, COMCAVIS TRANS, consiguió que, por su seguridad, se separara en las prisiones a los LGTB y que recibieran tratamiento básico de VIH.
Pese a su notoriedad y a las constantes amenazas, la activista no recibe protección oficial, pero los organizadores del premio esperan que su nominación sirva para rodearla de una cierta protección.
Para el galardón -atribuido por una red de diez prestigiosas ONG internacionales- también ha sido designado finalista el abogado egipcio Mohamed Zaree, una de las figuras centrales del movimiento por los derechos humanos en su país, donde ha centrado su trabajo en la defensa de las víctimas de torturas.
Zaree está actualmente procesado en un juicio por financiación extranjera del Instituto de Estudios de Derechos Humanos del Cairo, donde trabaja como director de la oficina de Egipto, y tiene prohibido abandonar el país, donde está amenazado de muerte.
Para Khambatta, el caso de este activista ilustra el deterioro de los derechos humanos en Egipto y las dificultades que la sociedad civil organizada tiene para trabajar bajo el gobierno promilitar del presidente Abdelfatah al Sisi.
Según el responsable de la fundación que otorga el Premio Martin Ennals, la situación se ha degradado a tal punto que puede afirmarse que para las ONG ahora el riesgo de operar es mucho mayor que durante la dictadura de Hosni Mubarak.
La tercera nominación corresponde no a un activista, sino a un grupo de cinco defensores en Camboya (FreeThe5KH), que están en prisión preventiva desde hace casi un año debido a su trabajo en la Asociación Camboyana de Derechos Humanos y Desarrollo.
Un juez instructor ha citado a los cinco para mañana a una audiencia en una corte municipal.
Según el Combodia Daily, el magistrado ya habría decidido de antemano prolongar su detención.
Estas detenciones son el reflejo de la creciente represión en Camboya contra la sociedad civil y la oposición política, con muchos de sus representantes detenidos o procesados simplemente por cumplir con su trabajo, sostuvo Khambatta.