La detención hace dos meses de Koldo García propició a la oposición política y a los medios de comunicación todos los ingredientes para convertir al antiguo asesor de José Luis Ábalos en el último icono de la corrupción. García está imputado por varios delitos en la Audiencia Nacional, relacionados todos ellos con la compra de mascarillas por la Administración central durante la pandemia. Será este lunes cuando, por primera vez, los ciudadanos puedan presenciar cómo se enfrenta a la dos principales preguntas que deja la operación Delorme: ¿se enriqueció con el dinero público de las mascarillas? ¿está implicado su antiguo jefe en la trama?
El formato en el que se desarrollará su comparecencia arroja muchas dudas sobre la posibilidad de que conteste a ese tipo de cuestiones. Es probable que la idea de que se trata de una persona en el lugar equivocado, la misma que proyectaba cuando era asesor del Ministerio de Transportes, regrese al verlo sentado ante los senadores. García, como el resto de citados a la comisión, tiene obligación de comparecer pero no de contestar a las preguntas. Y aquí le asiste el recurrente argumento de otros investigados por la Justicia en anteriores comisiones, que no han abierto la boca por consejo de su abogado. Si no declaró ante el juez del cual depende su futuro inmediato, por qué iba a hacerlo ante los parlamentarios.
En el caso de que así sea, la comparecencia de Koldo García solo servirá para añadir una capa más a ese icono de la corrupción reciente. En entrevistas concedidas desde su detención, ha dicho que en el PSOE se han portado “como unos hijos de puta” con Ábalos, al que sigue alabando sin matices como político y persona. “No le van a encontrar nada”, ha advertido en los medios. Procedente de la seguridad privada, que ejerció en la puerta de discotecas y prostíbulos, escolta de políticos amenazados por ETA en los noventa, García expone un perfil rudo, sin pelos en la lengua, que a buen seguro los portavoces parlamentarios intentarán explotar para arrancarle alguna declaración.
Ocho contratos bajo sospecha
La investigación a Koldo García y los demás investigados en la Audiencia Nacional se centra en ocho contratos de mascarillas en las primeras semanas de la pandemia. El de mayor cuantía lo adjudicó Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, el 21 de marzo de 2020 por valor de 20 millones. Seis días después, el 27 de marzo, Adif firmó otro por valor de 12,5 millones. Con apenas un mes de distancia, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior firmó otro por valor de 3,5 millones. Además, el Servicio Canario de Salud le adjudicó otros cuatro por un valor total de 12,3 millones y el de Baleares, uno de 3,7 millones.
En total, una “empresa instrumental” sin experiencia en el mercado sanitario ni contactos anteriores con los fabricantes chinos tuvo unas ganancias de más de 16 millones de euros en apenas dos meses suministrando material sanitario a diferentes administraciones. Fueron contratos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de urgencia, una modalidad que el Gobierno había aprobado con el estado de alarma ante la situación de extrema necesidad que imponía la pandemia. Y allí, en todos, estaba Koldo García, la sombra de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El hombre que, sin preparación ni posición política, se había convertido en asesor del ministro y consejero en dos empresas públicas.
La investigación judicial, que deriva de una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción presentada por el PP de Madrid, ha ahondado en las relaciones tejidas entre Koldo García y los empresarios que supuestamente le pagaron comisiones ilegales a cambio de que les abriera las puertas a un suculento negocio sufragado por la Administración durante el peor momento de la pandemia. Fue él, sostienen, quien facilitó la información sobre las adjudicaciones de material sanitario que se iban a realizar y quien tenía la “relación directa” con los funcionarios que adjudicaron algunos de los contratos.
Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportados al sumario apuntalan la tesis de que esos contactos se mantienen en la actualidad —casi cuatro años después de la adjudicación de los contratos bajo sospecha— y reflejan el flujo de dinero en efectivo que manejaba Koldo García y cómo utilizó a familiares como “testaferros” en cuentas bancarias e inmuebles.
Según el sumario, recibía “de manera periódica” pagos de 10.000 euros en metálico que reflejaba en una contabilidad manuscrita hallada en su domicilio. Cuando fue detenido el pasado 20 de febrero, los agentes incautaron en su casa 24.000 euros en efectivo. De hecho, los investigadores creen que “un dato sumamente relevante y revelador” del papel que pudo desempeñar en la adjudicación de los contratos es el “notable incremento patrimonial” del que disfrutó entre 2020 y 2022 y que “no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales”.
En sólo dos años acumuló más de 1,5 millones de euros en bienes muebles e inmuebles y entre él y su mujer compraron tres pisos en Benidorm. Además, sus cuentas bancarias recogen más de 138.000 en ingresos en efectivo “sin justificación alguna”. Las cuentas de su hermano Joseba, que también vio “notoriamente incrementados” los ingresos en efectivo a partir de 2020, recogen otros 224.908 euros ingresados en efectivo sin justificar.
Un supuesto enriquecimiento ilícito con dinero público que, sin duda, estará en los guiones con los que los parlamentarios de la oposición intentarán acorralar a Koldo García, si es que se aviene a responder. Unos interrogatorios que, sin duda, también tratarán de resolver la incógnita de si el exministro —que no está siendo investigado en la causa judicial— estaba implicado en manejos ilegales de la trama. El PP, que ha diseñado una comisión a su medida en el Senado, no solo está convencido de eso sino que ya ha implicado en la trama a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a seis ministros e incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.