El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dejado en libertad a los cuatro detenidos en la operación Delmore que la Guardia Civil puso a disposición del juzgado esta mañana. Moreno ha impuesto medidas cautelares a tres de los cuatro imputados, incluido Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, que deberá presentarse en el juzgado cada quince días y que no podrá salir de España.
Los cuatro detenidos en el primer caso de presunta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia con contratos del Gobierno se han negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los hecho. El juez Moreno ha impuesto las mismas medidas cautelares impuestas a Koldo García al empresario Víctor Aldama, a quien las pesquisas sitúan tras la sociedad Soluciones de Gestión, adjudicataria de contratos de la Adminsitración central, canaria y balear por más de 53 millones de euros.
Los otros dos detenidos puestos a disposición judicial, Joseba García (hermano de Koldo) y el empresario vasco Iñigo Rotaeche, han quedado en libertad. El primero sin medidas cautelares y el segundo con la prohibición de salir del territorio nacional.
Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil ha descubierto el primer caso de presunta corrupción en la adquisición de mascarillas con contratos del Ejecutivo. Las pesquisas se centran en los 53 millones de euros que el Ministerio de Transportes, el de Interior y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares habrían desembolsado, por el procedimiento de urgencia, para adquirir mascarillas a una empresa ajena al sector pero con un presunto contacto que cambió su rumbo: Koldo García, asesor por entonces del ministro Ábalos y personaje sin cuya trayectoria resulta imposible entender la trama desarticulada.
García fue detenido el martes por la noche en su domicilio de Madrid y este jueves fue puesto a disposición judicial. Fuentes de la investigación explican que conectó a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, con sede en Zaragoza, con los distintos organismos públicos del Ministerio en el que trabajaba y también con el de Interior. A él y el resto de detenidos citados ante el juez se les atribuye tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.