La FEMP acepta la propuesta del Gobierno sobre el superávit municipal con el voto de calidad del presidente tras la abstención de Unidas Podemos

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha aceptado este lunes el documento de Hacienda que habilita una fórmula para que los ayuntamientos y entidades locales utilicen su superávit. Tras múltiples reuniones y votaciones pospuestas, el último documento propuesto por el Gobierno ha logrado un empate en la Junta de Gobierno del organismo que aglutina a los ayuntamientos de España, después de que Unidas Podemos pasara del no a la abstención tras los últimos cambios introducidos en el documento por el departamento de María Jesús Montero. Los representantes del PSOE han votado sí y los de PP, Ciudadanos y Juns per Catalunya, no. El empate lo ha deshecho con su voto de calidad el presidente del organismo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, del PSOE.

La propuesta de Hacienda no ha concitado el consenso que es habitual en los acuerdos de la FEMP. La Junta de Gobierno ha logrado un empate: 12 votos socialistas a favor y 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat); la abstención de IU-Podemos-Comunes y el empate generado ha permitido recurrir al reglamento y el presidente y regidor socialista ha inclinado la balanza hacia el acuerdo. En reglamento interno de la FEMP en su artículo 29 señala que en votaciones con resultado de empate decide el voto de calidad del presidente.

Según fuentes de la negociación, el hecho de que el acuerdo no preste suficiente atención a los municipios sin remanentes ha llevado a votar en contra a PP, Cs y PdeCat.

Por su parte, el Grupo Municipalista IU-Podemos-Comunes anunciaba este domingo en un comunicado su abstención, después de reconocer “la incorporación de importantes avances” en el último documento remitido por Hacienda. La semana pasada, Caballero suspendió la reunión de la Junta de Gobierno prevista para el viernes después de que el grupo que aglutina a los ayuntamientos referenciados en Unidas Podemos anunciara su no, lo que abocaba a un fracaso en la votación.

La abstención del socio menor del Gobierno de coalición ha permitido desbloquear la negociación. A cambio, según el comunicado del grupo, Hacienda ha aceptado que este año no sea obligatorio cumplir con la regla de gasto, que las Entidades Locales participen del fondo de reconstrucción de la UE. En el lado negativo de la balanza, IU-Podemos-Comunes lamenta que no se dé “una solución” a los ayuntamientos sin superávit o sin remanentes.

Desde el PP se ha criticado la propuesta del Gobierno. Su secretario general, Teodoro García Egea, ha calificado las medidas de “confiscación”, mientras el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha anunciado que su grupo va a solicitar la comparecencia urgente de María Jesús Montero en el Congreso al considerar que “el PSOE ha dinamitado el consenso municipalista”, perpetrando “un ataque histórico a los ayuntamientos”. “Todos los ayuntamientos deben saber que van a tener un aliado en el PP, no le vamos a dejar solos, daremos la batalla en defensa de sus ahorros”, ha afirmado Montesinos. También ha emplazado a los ayuntamientos socialistas a situarse del lado del PP porque “esta batalla no va de colores políticos y tiene que ser conjunta en defensa de los ciudadanos”.

El acuerdo ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP para aprobar un documento que permita a los ayuntamientos usar el superávit y salvar la legislación actual que les impide, con carácter general, poder gastar sus remanentes de tesorería.

El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido e incorpora una “resolución política” de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez, uno de los puntos de más reivindicados por las formaciones políticos.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 con los votos de PP, la antigua CiU y UPyD, heredera directa de la reforma del artículo 135 de la Constitución de un año antes, impide a los ayuntamientos, de forma general, gastar su superávit. El departamento de Montero ha buscado una solución para, sin cambiar la ley, dotar a las entidades locales de 5.000 millones de euros entre 2020 y 2021.

De forma sucinta, la propuesta consiste en que los ayuntamientos que lo deseen presten al Estado todo su superávit y remanentes de tesorería, unos 14.000 millones en total. A cambio, el Gobierno este les devuelve una parte en forma de inyectará de forma directa este año y el que viene esos 5.000 millones. Además, en un plazo de diez años que empezaría a contar en 2022 se devolverá el préstamo íntegro que han realizado los ayuntamientos, con sus intereses correspondientes. Así lo ha explicado el presidente de la FEMP, Abel Caballero, tras la reunión de la dirección del organismo.

El acuerdo entiende que los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.

Según la resolución aprobada, se creará un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda de la FEMP encargado de proponer medidas y actuaciones dirigidas a los gobiernos locales sin remanentes y con problemas de financiación local, además de un “seguimiento detallado” en el ámbito local de la distribución de recursos procedentes de los fondos europeos.

También contempla con cargo a los presupuestos un fondo extraordinario de 275 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia. Ese fondo se podrá ampliar hasta los 400 millones de euros.

En este último documento se establecen mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021.

Además, se incorpora que las entidades locales participen de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea y se constituya una mesa de trabajo para la futura reforma de la financiación local.

Las medidas recogidas en el acuerdo se deberán regular en una norma con rango de ley, en la que se establezcan plazos o procedimientos que permitan agilizar su aplicación.