“¡Soy periodista! ¡Soy periodista! Si quiere le enseño mi acreditación. ¡Tengo derecho a informar!”. A media mañana del sábado 6 de noviembre, la reportera Joanna Giménez intentaba que el personal del Museo del Prado le permitiera seguir grabando a los dos activistas de la ONG Futuro Vegetal que habían pegado sus manos a ‘Las Majas’ de Francisco de Goya para protestar contra la inacción ante el cambio climático. La colaboradora del periódico El Salto había sido citada junto a una fotógrafa, Isabel, para documentar esa protesta, lo que constituye una práctica habitual en el ámbito de los movimientos sociales. Ninguna de las dos pertenece al colectivo ambientalista.
Tras la acción, agentes de la Policía las identificaron y pudieron marcharse. Pero fueron detenidas un día después. Pasaron más de 30 horas retenidas hasta que una jueza decretó su libertad provisional. Ambas se enfrentan a un procedimiento judicial por el mismo delito contra el patrimonio que se atribuye a los activistas. Es un tipo penal castigado con hasta tres años de cárcel. Los nombres de Joanna e Isabel se suman a la lista de profesionales de la información que, en los últimos años, se han enfrentado a detenciones y procedimientos judiciales en el marco de su labor profesional.
Es una deriva que preocupa a organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) o Reporteros Sin Fronteras, que han respaldado a las periodistas. Y que pone el foco sobre las lagunas del derecho constitucional a la libertad de información, a pesar de que goza de una especial protección. También organizaciones como Amnistía Internacional han mostrado su “preocupación” por la desproporcionada respuesta que, en muchas ocasiones, reciben de las autoridades los profesionales que “documentan” actos de desobediencia civil o actuaciones policiales. El partido de extrema derecha Vox ha anunciado que se querellará contra las dos periodistas y los dos activistas por delito contra el patrimonio, resistencia y desobediencia, desórdenes públicos y allanamiento de domicilio de persona jurídica.
Tras quedar en libertad, Giménez publicó una serie de tuits en los que denunció que su detención es “un reflejo de la represión constante” a la que se enfrentan los periodistas que cubren temas relacionados con los movimientos sociales o el activismo. “Esta situación crea un precedente muy peligroso e inadmisible en una supuesta democracia dónde existe la libertad de prensa. Debemos promover una legislación que proteja a las reporteras que cubren actos de desobediencia civil. Que, al fin y al cabo, son de interés público”, escribió.
La fotoperiodista Mireia Comas sabe lo que es tener sobre sus hombros una acusación de pena de cárcel. Fue arrestada en octubre de 2020 cuando cubría el desahucio de una madre y su bebé de cinco meses en Terrassa (Barcelona) por, supuestamente, haber agredido a una mossa d'esquadra para entrar en la zona en la que se estaba practicando otra detención. Fue detenida “usando una fuerza desproporcionada”, según su versión, y acusada de un delito de atentado a la autoridad. Tras el juicio, resultó absuelta. La sentencia remarcó que las “contradicciones” en la versión de los Mossos llevaban a que existieran “serias dudas” sobre la acusación.
Comas fue exculpada pero durante casi dos meses pesó sobre ella una petición de un año de prisión. Era freelance y tuvo que poner en marcha una venta de sus trabajos fotográficos para pagar los 2.000 euros de su defensa. Recuerda esa época con mucha “ansiedad” y una gran “preocupación” por sus tres hijos, que fueron conscientes de toda la situación. Hasta entonces, Comas había documentado numerosos desahucios y cómo malviven varios jóvenes migrantes en una nave abandonada de Terrassa. Y lo ha seguido haciendo porque lo lleva “en la sangre”, aunque reconoce que ahora “evita ciertas situaciones”. Cuestiona, además, que no haya ningún tipo de “reparación” tras vivir una situación así. “Necesitamos terapia para superarlo”, asegura.
En la cobertura de un desahucio también fueron detenidos en 2014 los fotógrafos Andrés Kudacki y Rodrigo García. Según contó este último en la página web de la organización Gea Photowords, ambos acudieron a cubrir el desalojo de una persona con discapacidad en el barrio de Lavapiés de Madrid. Estaban tomando fotografías dentro de la vivienda cuando llegó la Policía, que irrumpió de forma “violenta”. Tras producirse el desalojo, los reporteros y otros activistas fueron esposados y trasladados a la comisaría. Allí permanecieron más de diez horas. La detención derivó en una causa por supuestos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad que se archivó antes de llegar a juicio, confirman a elDiario.es fuentes jurídicas.
La “falta de pruebas” determinó también la absolución del fotoperiodista de El País Albert García, que tuvo que ir a juicio por supuestamente haber empujado a un policía nacional en las protestas contra la sentencia del procés de octubre de 2019. La Fiscalía lo acusó inicialmente de un delito de atentado y lesiones leves, aunque después cambió el primero de los delitos por el de resistencia y acabó rebajando la petición a una multa de 4.800 euros. Inicialmente pedía un año y medio de cárcel.
Tras casi dos años de procedimiento judicial, García fue exculpado. La Justicia no vio suficientes pruebas de que hubiera existido un forcejeo entre policía y fotógrafo y sí se consideró probado que hubo un “agarrón” del agente. Al menos un vídeo desmintió la presunta agresión. “Nunca debería haber estado imputado por unos hechos absolutamente inventados. ¡Basta de montajes policiales!”, dijo García tras la sentencia.
Un recorrido similar transitó la periodista Edurne Correa, colaboradora del medio alternativo La Haine. Fue detenida en una manifestación en 2014, pasó una noche en el calabozo y acabó inmersa en un procedimiento judicial por supuestamente haber agredido a dos policías en esa protesta. La investigación se prolongó durante más de cuatro años en los que pesó sobre ella una petición de seis años de prisión. Al final, resultó absuelta. La sentencia remarcó las “imprecisiones”, la “falta de uniformidad” y las “contradicciones” de las versiones de los agentes que la denunciaron, según informó Público.
“Tuve que reorganizar mi vida para hacer frente a un montaje policial burdo. Fueron años de mucha incertidumbre. Viendo la que estaba cayendo en esos momentos con la libertad de prensa, llegué a pensar que me condenarían. Pero conseguimos darle la vuelta a la acusación, que no es nada habitual”, afirma. Correa solicitó que se dedujera testimonio de las declaraciones de los agentes al considerar que mintieron para justificar su detención. Pero su petición no prosperó. “Es la misma impunidad de siempre”, lamenta. A su juicio, la detención de las periodistas que documentaron la acción del Museo del Prado es una “aberración” y una “muestra” de que “se sigue persiguiendo a la prensa libre, la que cuenta lo que el poder no quiere que se cuente”, sostiene.
De testigos a imputados
Precisamente una imputación por falso testimonio es la que pesa sobre cuatro periodistas que denunciaron una agresión policial en un mitin de Vox en el barrio de Vallecas de Madrid, en abril de 2021. El policía acusado fue absuelto y quienes se enfrentan ahora a un proceso judicial son los periodistas: el denunciante de la agresión, Guillermo Martínez, y otros tres profesionales que estaban con él en ese momento y que comparecieron como testigos en el juicio.
La magistrada Pilar Martínez Gamo dio por buena la versión del policía: que el fotoperiodista se tiró al suelo y que le gritó cuando el agente le ofreció la mano para levantarse. Y consideró que los informadores faltaron a la verdad en sus comparecencias como testigos. Acusó a Martínez de actuar “con mala fe y temeridad procesal”. Él y los otros tres profesionales niegan tajantemente haber maquillado su testimonio para inculpar al policía.
Tras la sentencia, la jueza María Cristina Díaz, titular del juzgado de instrucción número 29 de Madrid, abrió causa contra los periodistas, que se enfrentan ahora a una investigación por un delito penado con hasta tres años de cárcel. Es la misma magistrada que investiga a las periodistas que documentaron la acción del Museo del Prado y que pidió a elDiario.es que revelara, a petición de los Franco, las fuentes que permitieron publicar la relación de bienes contenidos en el Pazo de Meirás en medio de la disputa sobre la propiedad del inmueble que la familia del dictador ocupó durante 82 años.
Guillermo Martínez ve en esta actuación judicial un claro “aviso a navegantes” para quienes acudan como testigos a declarar sobre una actuación policial. E insiste en que no es un “ataque” a él y sus compañeros, sino a “toda la profesión”. Pese a todo, dice que continúa haciendo lo que considera “necesario”. “No he dejado de escribir extrema derecha, cubro movilizaciones y sigo en la calle”, dice este fotoperiodista freelance que afirma haber contado en todo este proceso con el acompañamiento del sindicato CNT y los medios con los que colabora habitualmente.