La jueza Lamela intentó convencer a Bélgica de que Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas son corruptos. La magistrada de la Audiencia Nacional se jugó a esa carta el razonamiento fundamental de las órdenes europeas de detención, con las que pretendía la extradición efectiva y exprés de los cinco políticos catalanes.
Este trámite entre países de la Unión Europea se resuelve de manera inmediata si los delitos por los que se reclama detenciones figuran en una lista con más de 30 categorías. En ninguna de ellas figuran la rebelión o la sedición. Así que Lamela no dudó en marcar con una equis otra casilla en el formulario: “corrupción”.
En el relato enviado a Bruselas pidiendo las detenciones, Lamela habla de cinco delitos de los que acusa al Govern cesado (prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos). Sin embargo, en sus autos de prisión, la misma magistrada solo cita tres delitos (rebelión, sedición y malversación). Entre la orden de cárcel y la petición a Bruselas, los delitos de Puigdemont y su equipo han crecido de manera inexplicable.
El detallado listado que la jueza ha remitido a Bélgica contrasta con lo escrito por la propia Carmen Lamela en el auto en el que admitía la querella presentada por la Fiscalía General del Estado. En aquel auto, Lamela advertía de que el delito de rebelión “absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”.
Además de la profusión en el listado de delitos que Lamela presenta ante Bélgica es destacable el orden que la magistrada le da a los mismos. La prevaricación es el tipo delictivo elegido por la jueza de la Audiencia Nacional para encabezar la lista enviada en la orden de detención y entrega.
Según ese escrito “el Govern con sus proclamas y su conducta de sistemática desobediencia al Tribunal Constitucional fue alentando un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir su objetivo secesionista, sabedor de que, por su ilegalidad, el referéndum solo podría celebrarse por la fuerza coactiva de la muchedumbre movilizada a estos efectos”.
Estrategia fallida
El formulario de una euroorden permite a quien la redacta explicar los hechos por los que pide la detención y traslado de un ciudadano. Se trata de un documento que incluye un importante apartado final: un listado que los países solicitantes deben cubrir simplemente marcando con una equis en las casillas adecuadas a los delitos por los que persigue a las personas reclamadas. Ese listado (pactado entre los miembros de la Unión Europea) no incluye ningún tipo delictivo relacionado con los hechos vinculados al proceso secesionista. Lejos de dejar en blanco esa lista de casillas, Lamela marcó con una equis el delito de corrupción.
Si Bélgica hubiera estimado la comisión de ese delito por parte de Puigdemont y sus consellers, la entrega hubiera sido inmediata. Muy al contrario, la justicia belga ha decidido estudiar en profundidad las acusaciones generales de la jueza española, desechando la posibilidad de impulsar un trámite automático. Dicho de otro modo, las calificaciones del Govern de Puigdemont como un grupo de corruptos no han sido tomadas en consideración por la justicia de la capital comunitaria.