Esperanza Aguirre abandonó en 2012 la presidencia de Madrid. Un año antes había conseguido su tercera mayoría absoluta, pero dimitió de forma sorpresiva: “He llegado a la conclusión de que éste es el momento adecuado para dejarlo”. Ese momento fue justo antes de que estallara el caso Púnica, la primera de las causas judiciales que han enterrado el legado de la todopoderosa presidenta regional. La corrupción ha aflorado tras los hospitales, los colegios, las obras de ampliación de Metro, la empresa que gestionaba el agua y ahora también la Ciudad de la Justicia, su proyecto estrella para concentrar las sedes de los tribunales y de paso reurbanizar terrenos en el norte de la ciudad: un sumidero que se ha tragado 100 millones de euros de dinero público según los cálculos más conservadores.
El titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acaba de abrir diligencias para investigar ese macroproyecto para aunar todas las sedes judiciales de Madrid. Su compañero al frente del número 6, Manuel García Castellón, investiga el resto de la herencia de Aguirre en los casos Púnica y Lezo. Juntos componen un retrato de la corrupción tras sus gobiernos, cimentados en mayorías absolutas a las que ayudaban las generosas donaciones ilegales de empresarios amigos que servían para todo: desde pagar mítines o campañas de imagen para sus altos cargos a ataques a la reputación de los partidos y plataformas críticos con su gestión.
La investigación de la Ciudad de la Justicia se abre 14 años después de que Aguirre se propusiese juntar todos los juzgados en un mismo campus, que acogería edificios vanguardistas diseñados por los mejores arquitectos. Solo uno, el Instituto de Medicina Legal, se alza en un inmenso descampado destinado a poblarse con diseños de Zaha Hadid o Norman Foster, entre otras eminencias de la arquitectura. Mantener ese único inmueble, aunque sea sin uso, cuesta 200.000 euros al año.
Se destinaron al menos 100 millones de euros -en un cálculo a la baja- entre pagos a los arquitectos, abultados sueldos a trabajadores que no tenían nada que hacer y, especialmente, grandes campañas publicitarias que incluyeron una exposición, visitas a distintas capitales del mundo y anuncios en periódicos estadounidenses.
El juez ha visto indicios de cuatro delitos -malversación, prevaricación, tráfico de influencias y societario- y la investigación señala a Alfredo Prada, consejero de Justicia, persona de la confianza de Aguirre en aquel momento y ahora rescatado por Pablo Casado para la dirección del PP. De hecho, hoy Prada está a cargo de la Oficina del Cargo Popular, un órgano que trata de detectar prácticas corruptas dentro del partido.
El consejero de Justicia abandonó el Gobierno de Aguirre en 2008 y dejó su cargo a Francisco Granados, a quien la presidenta madrileña convirtió en su mano derecha. Su desempeño al frente de esas responsabilidades le han llevado a ser el protagonista del caso Púnica y a estar dos años y medio en prisión preventiva. Ya tiene una primera condena de dos años por el chivatazo que le dieron antes de ser detenido. Los guardias civiles que sí lo investigaron hallaron un millón de euros en el altillo de las casas de sus suegros en Valdemoro, además de los fondos que contenían sus cuentas en Suiza. Su socio en esos oscuros negocios que investiga la Audiencia Nacional, el empresario y cabecilla de la trama, David Marjaliza, calculó ante el juez y las fiscales de Anticorrupción que habrá entregado a Granados “unos doce millones de euros” en comisiones ilegales.
“Inauguramos un colegio nuevo cada semana de esos nueve años que estuve de presidenta”, dijo Aguirre durante su declaración en el caso Gürtel ante la Audiencia Nacional, a la que acudió como testigo. La presidenta presumía de un impulso a la educación que permitió hacer negocio a la trama Púnica. Según la investigación, Granados usó sus contactos en pueblos madrileños para que los ayuntamientos cediesen suelo público para construir colegios concertados. Se llevaba 900.000 euros de mordida por cada centro, según el sumario.
Aguirre alardeó de gestión durante su declaración en el juicio porque tenía que justificar por qué disparó la actividad propagandística de su Gobierno. Los responsables de las empresas de Gürtel, que organizaban sus actos, dijeron durante el proceso que la presidenta había instaurado una agenda de actos publicitarios que prácticamente era imposible de cumplir si no se recurría a fraccionamiento de contratos.
La presidenta regional programaba hasta tres actos cada día. Quería promocionar, por ejemplo, las ampliaciones de las líneas de Metro. También ahí se infiltró la Púnica. David Marjaliza, socio de Granados y principal empresario de la trama, desveló en la Audiencia Nacional que se había repartido con Granados más de dos millones de euros en las obras licitadas en 2004 para ampliaciones de Metro Ligero, Metro Norte y el Metro Sur.
No solo de las obras, la corrupción también estuvo presente en la inauguraciones, que corrieron a cargo de empresas de la trama. Por ejemplo, cuando en 2007 se abrió el nuevo tramo de la línea 7, un hito del que Aguirre presumió en un acto organizado por Púnica.
La Audiencia Nacional también rastrea la corrupción tras la construcción de los hospitales, otro de los grandes proyectos de la era Aguirre. Investiga si el PP de Madrid encargó la publicidad sobre esos hospitales se encargó a dedo a determinadas empresas a cambio de que estas pagasen luego actos electorales. Además, Anticorrupción estudia una denuncia presentada por Podemos para que se investiguen los enormes sobrecostes que hubo en la construcción de esos hospitales.
Las estrechas relaciones del PP de Aguirre con ciertos empresarios, especialmente generosos a la hora de donar dinero, constituye una pieza separada del caso Púnica. En ella se investiga la financiación ilegal del partido, confirmada por el propio Granados en una de sus últimas declaraciones.
Según dijo ante el juez, el grupo de confianza de Aguirre, del que él ya no formaba parte, organizó para las elecciones de 2011 una campaña paralela, sufragada con fondos de empresas públicas y dedicada a la promoción de la figura de la presidenta regional. Él siempre se desvinculó de esa presunta campaña pagada en B, pero los investigadores le sitúan en el centro de la financiación ilegal.
El que fuera secretario general del PP de Madrid tenía una agenda personal que fue intervenida tras su detención. En ella, los agentes encontraron un listado de siglas junto a unas cifras. La colaboración de Marjaliza permitió a los investigadores concluir que se trataba de donaciones de empresarios a la caja B del PP regional.
De hecho, el juez García Castellón reflejó en uno de sus autos que el PP de Aguirre diseñó una contabilidad “ad hoc” para ocultar su caja B, porque no se reflejaban en las partidas de gastos ciertos costes de actos del partido.
Aguirre dimitió primero como presidenta regional, en 2012, poco antes de que estallasen los casos de corrupción que afectaban a su gobierno. Cuatro años más tarde, cuando la Audiencia Nacional desgranaba la financiación ilegal de su partido, dimitió como presidenta del PP regional. La última dimisión, la retirada definitiva de la política con la renuncia a su acta de concejal, llegó en abril de 2017. Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos anunció que se sentía engañada por Ignacio González, detenido días antes, y a quien Aguirre había convertido en su nueva mano derecha tras desterrar a Granados.
Esta investigación, denominada caso Lezo, destapó cómo se habían utilizado las empresas públicas madrileñas para llenar las arcas del PP y los bolsillos de González. El que fuera sucesor de Aguirre al frente del partido y del Gobierno creó un entramado corrupto para desviar fondos a paraísos fiscales que luego repatriaba con diversos mecanismos de blanqueo. En el centro de esa arquitectura corrupta estaba el Canal de Isabel II, una de las empresas públicas emblemáticas de Madrid.
El sumario ha destapado, además de los negocio fraudulentos en América Latina, que otro de los proyectos de la era Aguirre se erigió sobre pilares corruptos: la construcción del campo de golf sobre los terrenos del Canal. Su Gobierno modificó la propuesta inicial -un parque público- para convertirlo en una instalación deportiva privada. Detrás de esa modificación estuvo González, del que los investigadores creen que sacó tajada de ese cambio mediante un complicado entramado de empresas que formaron su hermano y su cuñado. Derribarlo costará 300.000 euros.
Aunque cada nuevo caso de corrupción destapa nuevas vergüenzas de la etapa de Aguirre, ella insiste en su inocencia cada vez que tiene ocasión. Ya sea en comparecencias en comisiones de investigación o en declaraciones en juicios, la expresidenta remarca que todo se hizo sin su conocimiento. Presidía un Gobierno corrupto sin saberlo. Tampoco tenía mucho conocimiento de lo que ocurría en su partido. “No ha habido financiación ilegal en el PP de Madrid, hasta donde yo sé”, dijo en el Congreso.
La única responsabilidad que admite es esa, la de no haber vigilado lo suficiente. Sin embargo, aún confía en que los tribunales le libren también de esa carga porque, como reconoció en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, espera que tanto Granados como González sean absueltos. Hasta entonces, la política que se autoproclamó lideresa y descubridora de la trama Gürtel se agarra a que, por ahora, el caso no está cerrado: “No hay ninguna sentencia que diga que alguien del PP ha robado”.