El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso: un debate legal y un desafío logístico

El primer discurso de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso incluyó este jueves un claro guiño a ERC y Junts al garantizar que “permitirá” que las lenguas cooficiales puedan ser usadas por los diputados en los debates parlamentarios “desde” la misma sesión constitutiva. El anuncio colma una histórica reivindicación de fuerzas de izquierda y nacionalistas, pero abre a su vez enormes interrogantes por el reto que supone su ejecución. Por un lado, como consecuencia de sus implicaciones legales y las dudas sobre si este cambio exige o no una reforma del Reglamento de la Cámara. Y, por otro, por el desafío logístico que supone la traducción de los escritos y la interpretación simultánea de las intervenciones en catalán, euskera o gallego, si quiere implementarse de inmediato.

El precedente más claro está en el Senado, donde desde 2005 las lenguas oficiales distintas al castellano se pueden utilizar en algunas intervenciones. Su introducción ha sido paulatina y ha ido acompañada de sucesivas modificaciones de su Reglamento. En el Congreso, hasta ahora, el rechazo del PP y el PSOE ha frustrado durante las dos últimas décadas todas las propuestas de reforma del texto que rige su organización interna para que en los plenos y comisiones se pudieran utilizar todas las lenguas oficiales reconocidas por la Constitución. 

En 2006, distintos grupos parlamentarios del Congreso intentaron una reforma en profundidad del Reglamento que finalmente no se produjo, precisamente porque no se logró consensuar la regulación del uso de los idiomas cooficiales. Y, cada vez que el asunto se ha debatido en Pleno, la posibilidad de ampliar las opciones lingüísticas de los diputados ha chocado con el rechazo de los dos principales partidos. 

El Reglamento del Congreso no prohíbe expresamente la utilización de euskera, catalán o gallego en los plenos. Pero, en la práctica, su uso ha sido vetado por los distintos presidentes de la Cámara Baja cuando ha habido diputados que las han empleado desde el atril como lengua principal. Es decir, sí han permitido citas o frases breves en esos idiomas cooficiales, pero no toda una intervención. 

Por el momento, Armengol no ha desvelado qué fórmula pretende proponer para poner en marcha esta medida. Pero el hecho de que ni la Constitución ni el Reglamento recojan la obligación de utilizar el castellano o la prohibición de usar otra lengua oficial lleva a algunas fuentes a considerar que es asunto que depende de la “voluntad política” de la presidencia de la Cámara. Esto es, de la propia Armengol, que ya dejó claro este jueves desde la tribuna su intención de permitir “la utilización de todos estos idiomas en el Congreso desde la sesión constitutiva”. 

Otras voces, sin embargo, consideran que sí es necesario una reforma del Reglamento en la línea de lo realizado en el Senado. En la Cámara Alta, la introducción en el debate parlamentario de las lenguas distintas al castellano se ha producido de forma escalonada. En 1994, una primera modificación autorizó el uso del catalán, el euskera o el gallego en la primera intervención del presidente en la sesión constitutiva, en las intervenciones en el debate sobre el estado de las autonomías y en los escritos de ciudadanos e instituciones dirigidos al Senado.

Más de una década después, en 2005, se aprobó permitir su empleo en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas y se autorizó la publicación de textos en las tres lenguas cooficiales en la sección del Senado del Boletín Oficial de las Cortes Generales. Desde 2011, cuando entró en vigor la última reforma, los senadores pueden utilizar todas las lenguas oficiales en la defensa de mociones ante el Pleno, así como registrar todo tipo de escritos en estos idiomas. 

La vía de la reforma del Reglamento del Congreso, en todo caso, no tendría por qué ser inmediata. Ese texto legal tiene rango de ley orgánica, por lo que su modificación tendría que seguir la tramitación parlamentaria y contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Algunas fuentes consideran que el asunto se podría solventar, primero, con acuerdo de la Mesa del Congreso mientras se tramita esa reforma, si bien otras defienden que el trámite se podría solucionar por la vía rápida a través de un procedimiento de urgencia mediante lectura única. 

Por otro lado, los diputados y dirigentes consultados aluden al desafío técnico que supone la traducción de los escritos y la interpretación simultánea de las intervenciones en catalán, euskera o gallego si este cambio se lleva a cabo en un breve periodo de tiempo. En el Senado, la introducción gradual de las lenguas cooficiales permitió que la Cámara fuera adaptándose de forma más paulatina.

En 2005 se hizo un proceso de selección y se escogió a siete personas que integran una especie de bolsa a la que Cámara recurre desde entonces de forma habitual. Según un acuerdo de 2020, estos profesionales cobran 555,22 euros por cada jornada de trabajo, a los que hay que sumar 180 euros de dieta, 5,43 euros por minuto de interpretación y 0,19 euros por kilómetro en caso de desplazamiento. 

Fuentes del Senado explican que, en 2011, cuando se llevó a cabo la última reforma del Reglamento en lo relativo a las lenguas cooficiales, la inversión en intérpretes-traductores era de 12.000 euros por cada pleno, que tiene una duración de dos días. El presupuesto anual ascendía a 350.000 euros. Además, ese año la Cámara Alta adquirió 400 equipos de traducción con auriculares para que los senadores puedan seguir las sesiones por valor de 4.526,48 euros. En 2021, Junts hizo una propuesta para universalizar el uso de las lenguas cooficiales en el Senado que preveía una inversión anual de 950.000 euros. Esa iniciativa fue rechazada.

Un reconocimiento a la pluralidad, según PSOE y Sumar

En el PSOE, por el momento, se muestran cautos sobre cómo se acabará de implementar el uso de las lenguas cooficiales en la actividad parlamentaria aunque, en línea con el discurso de la presidenta Armengol, defienden la iniciativa como un avance en el reconocimiento a la pluralidad de España. “Nadie debiera asustarnos. Una de las riquezas de nuestro país son las diferentes lenguas que tenemos y utilizar esas lenguas nos enriquece. Veamos la mejor forma de hacerlo también aquí en el Congreso de los diputados”, planteó el portavoz socialista, Patxi López. En privado, dirigentes socialistas sí expresaban este jueves su escepticismo y deslizaban la dificultad que supone organizar casi de un día para otro debates parlamentarios en todas las lenguas del Estado con traducción simultánea para los diputados. 

En Sumar también son partidarios de “modernizar las instituciones” y dar paso a las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. En su caso, la apuesta es a través de una reforma del Reglamento, según anunció el pasado 2 de agosto su líder, Yolanda Díaz. “Me gustaría que podamos propiciar una reforma del Reglamento para que podamos expresarnos en todas las lenguas del Estado y avanzar hacia un país que es plural”, dijo la vicepresidenta en funciones.

El PP, por su parte, ha optado por esperar al desarrollo de los acontecimientos y a ver cómo implementa Armengol el uso habitual de las lenguas cooficiales en el Congreso. La secretaria general, Cuca Gamarra, aseguró este jueves que el uso de estas lenguas no sería “problema siempre que permita la comprensión” de lo que se dice y “mantener un diálogo” entre los diputados. La dirigente del PP recordó que ya hay un “marco establecido” que posibilita utilizar el catalán, el gallego o el euskera, y apuntó en una comparecencia ante los medios a que la Mesa debe “explicitar” si mantendrá la actual fórmula o “llevará algún cambio a efecto”. Cuando quede claro, el PP se pronunciará.

De lo que no hay dudas es de la oposición de la extrema derecha. La portavoz de Vox, Pepa Millán, se ha estrenado en la Cámara asegurando que los juramentos de “determinados” representantes han “incumplido el artículo 4 y 20 del reglamento” del Parlamento y la sentencia del Tribunal Constitucional 119/1990 del 21 de junio de junio “que determina que no se pueden tener por válidas expresiones que condicionen o contradigan la naturaleza del juramento”. “No sabemos si están acatando la Constitución o la están atacando”, dijo en referencia al uso del catalán y el euskera por parte de los diputados nacionalistas.