El Ayuntamiento de León reconoce que puede ser el primero de entidad en ser intervenido por el Estado a causa de sus deudas. “Estamos en quiebra técnica”, advirtió hace pocas fechas el propio alcalde de León, Emilio Gutiérrez (PP), que ha sido quien ha alertado sobre esta posibilidad. Quiere entrevistarse con el ministro Cristóbal Montoro, al que augura que si no cede al auxilio se verá con el bastón de mando leonés. Le reclama una excepción en la rigidez impuesta para recortar el déficit público y devolver créditos. De momento no hay respuesta.
El regidor leonés sólo encuentra solución en flexibilizar el pago del crédito ICO de 170 millones de euros que pidió el año pasado al plan de pago a proveedores y para salvar entonces los muebles de la liquidez en el pasado ejercicio. Ya ha solicitado también ayuda a la Junta de Castilla y León.
La capital leonesa cerró 2012 con 131.680 habitantes y 2.475 euros de deuda per cápita. Y eso que redujo la cifra récord que alcanzó en 2012, 437 millones según una auditoría de Deloitte, hasta los 325,8 millones actuales. Principalmente porque 108 son los intereses de demora a los que los proveedores renunciaron legalmente: sólo podían percibir el principal facturado.
El resto es fruto de más recortes y de dejar de gastar más de lo que si ingresa. Es ese ajuste en el que se ampara ahora el alcalde Emilio Gutiérrez para pedir aire a Montoro. Ha dejado entrever que la alternativa es alargar los plazos, acabar de pagar el crédito en 2034 en vez de en 2024. Desde la oposición el PSOE le insta a que pida reducir los intereses, del 5,6%, porque duplicar el plazo sería duplicar también el dinero a pagar.
Las condiciones del plan de proveedores establecen que si no se hace frente a los plazos, el Estado retendrá las transferencias corrientes, la principal fuente de ingresos de entidades locales. Tres adeudos conllevarían la intervención.
De las deudas corrientes más altas
De las deudas corrientes más altas
El Consistorio leonés arrastra desde la década de los 90 una deuda que ha sido creciente y opaca hasta que la crisis obligó a desnudarse para acceder al plan de rescate. León reveló que adeudaba 280 millones de euros sólo a proveedores. Con Madrid (1.017 millones de euros), Jaén (cerca de 300), Valencia o Zaragoza (164) y Palma de Mallorca (109), lideró el ránking de los municipios con más facturas impagadas de España. La suma del resto de acreedores –bancos, organismos, subvenciones y sentencias judiciales– llegó a los 437 mencionados.
Con un presupuesto menguante de 178 a 128 millones, León tiene que hacer frente a 27 millones en intereses y a otra deuda financiera sólo en este 2013. En 2014 serán 46, al terminar el periodo de carencia del crédito del Estado. En 2024 los 170 millones del plan de proveedores habrán costado unos 260,90 de intereses.
No es tampoco un problema menor en la comunidad. León solicitó a Hacienda el 40% de los 410 millones aprobados por el Ministerio para toda la región. Valladolid no pidió nada, Salamanca 16 y la provincia de Burgos 34 millones. Toda la de León sumó 252 millones, incluidos los mencionados 170 de la capital. Pero también los 8,3 de Ponferrada, una ciudad de 68.000 habitantes. En toda España fueron 9.263 millones.
Paradigma del descontrol y la burbuja
Paradigma del descontrol y la burbujaEn cómo se ha llegado a este punto suman varias corporaciones. Desde Juan Morano –que gobernó por UCD, AP e independiente entre 1979 y 1995 y hoy es senador díscolo del PP en el Grupo Mixto–, al socialista Francisco Fernández –que perdió estrepitosamente en 2011 en medio de un escándalo por su prejubilación de Caja España-, sin olvidar a Mario Amilivia, que saltó a la fama como el ‘alcalde de la gomina’ –que le pagaba el Ayuntamiento– hoy presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Las facturas se amontonaron desde hace más dos décadas, y en sólo una se duplicó la deuda, en medio de cuatro cambios de gobierno. Lo que sale ahora a la luz no es nada que no se supiera desde hace más de una década. Un informe de la Comisión Mixta para la Relación con el Tribunal de Cuentas, fechado en 2002 pero fiscalizador de las de 1997, hablaba ya de casi 19.000 millones de pesetas, unos 100 millones de euros de deuda. Una cifra astronómica para entonces. Ese informe detalla que en el presupuesto “el estado de deuda no está incluido en la cuenta general” y que a los fiscalizadores se les llegaron a enviar tres distintos.
En 2003, tras la época de los fondos europeos para peatonalizaciones y museos o auditorios, hay un gobierno breve del PSOE con el leonesismo y se cifra la deuda en 183 millones de euros. En 2004 vuelve el PP con Amilivia. Fue tras romperse el pacto y los propios leonesistas de UPL, quienes se dividen, dejan a los socialistas y aúpan a unos populares con los que ya habían gobernado antes.
Cambiarán de socio de nuevo en 2007, apoyando a un PSOE que cifrará las deudas de las que se hace cargo en cerca de 290 millones. Hasta 2011 no dejaron de aparecer facturas, alguna hasta de 1993. Con el regreso del PP y la crisis que golpea al país, llega el récord: los 437 que también dejaron en evidencia los 250 manifestados por sus antecesores al irse.
Una combinación de descontrol, ingresos abundantes por un desarrollismo urbanístico que se creía eterno, venta de suelo, subvenciones europeas, fuertes inversiones en época del presidente Zapatero –leonés– y utilización de las cajas de ahorro y del crédito fácil explican los motivos. Hoy quebrada y entonces dominada por políticos y constructores, en especial Caja España siempre acabó concediendo un crédito para pagar deudas que terminaban acuciando. Santander, La Caixa o Caja Madrid se sumaron a este carro.
La huida hacia adelante, pagar deuda anterior con un crédito nuevo mediante cajas entendidas como instrumento político, sólo paró cuando el nivel de endeudamiento llegó al límite. Y llevó al sistema al borde de la quiebra.
León es el Ayuntamiento más grande en esta situación, pero no el único y quizá sólo el primero. En otras ciudades cercanas como Burgos la oposición avisa que no son ciertas las cifras de deuda del equipo de gobierno sino que que alcanzarían realmente los 500 millones de euros. Y la Federación de Municipios y Provincias ha pedido una reunión a Montoro porque prevé que habrá decenas de situaciones como esta.