Lesmes prepara su salida del Poder Judicial y será sustituido por el presidente de Sala más antiguo del Supremo

Carlos Lesmes prepara su salida de los dos órganos que preside en funciones desde diciembre de 2018: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo. El órgano de gobierno de los jueces ha informado en un comunicado de que su todavía presidente dará cuenta la próxima semana a la Sala de Gobierno del Supremo y al pleno del CGPJ de un informe sobre su “eventual sustitución”. Hace dos semanas Lesmes anunció que dimitiría de persistir el bloqueo a la renovación del Poder Judicial, que requiere un acuerdo entre el PSOE y el PP.

El documento ha sido elaborado a petición de Lesmes por el gabinete técnico y establece que, en caso de renuncia, sus dos cargos los ocupará Francisco Marín Castán. Este magistrado es el presidente de Sala del Tribunal más antiguo —preside actualmente la Sala Civil— y ejerce interinamente la vicepresidencia del Supremo, que está vacante tras la jubilación en octubre de 2019 de su titular, Ángel Juanes. Lesmes encargó este informe sobre quién debería relevarle ante la circunstancia de que el CGPJ no puede elegir a un nuevo presidente al estar en funciones.

El pasado 7 de septiembre, durante el acto solemne de Apertura del Año Judicial, Lesmes amenazó con presentar su dimisión “en semanas” si no se renueva el CGPJ, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado. Durante su discurso, reprendió a las fuerzas políticas por la situación de parálisis en la que se encuentra el CGPJ. Y pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, que se  reunieran “con urgencia” para pactar la renovación “en las próximas semanas” y pusieran fin a una situación que calificó de “insostenible” e “inaceptable”. 

Antes de su posible dimisión, la voluntad de Lesmes es dejar culminada o, al menos encarrilada, la renovación del Tribunal Constitucional, que debería haberse cerrado el 13 de septiembre. Sin embargo, sigue sin haber perspectivas claras de desbloqueo a corto plazo. Las dos reuniones entre los interlocutores de los sectores conservador y progresista del CGPJ se han saldado sin acuerdos que permitan aventurar un pronto nombramiento de los dos magistrados que debe designar el órgano de gobierno de los jueces.

De hecho, los conservadores niegan que haya “urgencia” en hacer estos nombramientos y siguen sin concretar cuáles son sus candidatos. Como el Ejecutivo tampoco nombrará a los otros dos suyos hasta que lo haga el CGPJ, la consecuencia es que el tribunal de garantías seguirá en funciones de forma indefinida y sin posibilidad de cambiar la actual mayoría conservadora por una progresista. 

La crisis abierta en el CGPJ por una situación de interinidad que se remonta a 2018 amenaza con adquirir una dimensión todavía mayor si se cumple el ultimátum de Lesmes, que forzaría desde dentro un proceso de renovación que está en vía muerta. El Partido Popular se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado.

Los conservadores —durante tres años con Pablo Casado y estos últimos meses con Alberto Nuñez Feijóo— han desplegado una batería de justificaciones cambiantes y crecientes para no renovar el órgano de gobierno de los jueces. Hasta marzo de 2021, el CGPJ siguió haciendo nombramientos clave en la cúpula judicial con la mayoría que salió de las elecciones que ganó Mariano Rajoy hace más de una década. 

El órdago de Lesmes llega cuando vive sus horas más bajas al frente del órgano de gobierno de los jueces. El inicio del curso judicial ha sido complicado para él, que no ha logrado convencer a los vocales del sector conservador para realizar en plazo los nombramientos del Constitucional. Un escenario que evidencia que Lesmes ha perdido el “control” sobre el sector que lo aupó a la presidencia hace nueve años. En los últimos días ha trasladado a algunos vocales su voluntad de convocar otro pleno el próximo 3 octubre para hacer los nombramientos del tribunal de garantías. Pero la cita no servirá de nada si no hay al menos 12 vocales dispuestos a hacer esos nombramientos. Y, a día de hoy, siguen sin salir las cuentas. Además, el acuerdo entre ambos sectores es que esas designaciones se hagan por “amplia mayoría”.

El informe elaborado por el gabinete técnico establece, entre otras cuestiones, que “tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ”.