Los letrados recomiendan que la suspensión de los diputados en prisión no altere la mayoría en el Congreso
La Mesa del Congreso analiza este miércoles un informe que analiza los efectos de la suspensión de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. El texto, a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, propone que la mayoría de la cámara se contabilice sobre 350, aún cuando cuatro de estos parlamentarios no puedan ejercer sus funciones ni participar en las votaciones. De cara a la sesión de investidura, Pedro Sánchez necesitará 176 votos favorables si quiere salir elegido en la primera votación.
Según el texto elaborado por la secretaría general del Congreso, “debe entenderse que los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara y, en consecuencia deben computar a efectos de su composición fijada en 350 desde el día de su constitución, no afectando así al número de votos requerido para alcanzar la mayoría absoluta (176)”.
La suspensión de los diputados sí tendrá efecto en la investidura, si esta se produce en segunda votación. En este caso, Sánchez solo necesitaría más votos favorables que en contra. La no asistencia a ese debate de los cuatro políticos en prisión contaría como cuatro abstenciones ante la candidatura del candidato socialista.
El informe también concluye que los diputados en prisión no percibirán sueldo alguno por su condición de parlamentarios “mientras la suspensión se mantenga”, siempre y cuando la Mesa adopte esa decisión. Este bloqueo al salario ya fue solicitado por formaciones como Ciudadanos y Vox, y se refiere al periodo que va desde las elecciones generales hasta el 21 de abril, momento en el que fueron suspendido.
Con motivo de su participación en la sesión de constitución de Las Cortes, el Congreso ya comunicó a los cuatro líderes independentistas que no se les proveería de los teléfonos móviles y los Ipads que la cámara entrega a cada diputado electo al inicio de cada legislatura. El argumento empleado para justificar esa decisión se basó en que su situación de presos les convertía en incompatibles con el uso de dispositivos de comunicación que “con toda seguridad” les serían incautados en el momento de su reingreso en prisión, según aseguran fuentes parlamentarias.
