El Congreso pide al Poder Judicial que no invada sus competencias

La Mesa del Congreso recordó este martes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que solo los miembros de esa Cámara —diputados o grupos parlamentarios— tienen la capacidad de solicitar la reconsideración de sus decisiones y le pidió “respeto” por sus resoluciones. Es la respuesta que el órgano de gobierno de la Cámara —con los votos de PSOE y Unidas Podemos— dio al CGPJ, que el pasado 21 de enero solicitó que se replanteara la tramitación por la vía de urgencia y sin darle audiencia de la reforma que restringe su capacidad para nombrar jueces con el mandato caducado, como viene haciendo este órgano desde hace más de dos años. PP y Vox votaron en contra de esta decisión.

En un duro comunicado, 16 de sus 21 miembros —los once conservadores y cuatro progresistas más el presidente Lesmes— acusaron a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar “las exigencias del principio de separación de poderes” por tramitar de forma “urgente” y “sin audiencia de ningún tipo” esta reforma y solicitaron a la Mesa del Congreso que reconsiderara esa decisión. El órgano de gobierno de la Cámara rechazó de nuevo esta petición al considerar que no está amparada por el Reglamento del Congreso, que en su artículo 31.2 establece que solo los diputados o grupos parlamentarios pueden solicitar la “reconsideración” de sus acuerdos. 

“Dicha norma no contempla ningún otro sujeto legitimado [al margen de diputados y grupos parlamentarios] para solicitar la reconsideración de los Acuerdos de esta Mesa, por lo que no procede acceder a la solicitud de reconsideración que se contiene en el Acuerdo adoptado el 21 de enero por el Consejo General del Poder Judicial”, dice la resolución de la Mesa, que recuerda al CGPJ su deber de guardar “respeto” a las deliberaciones y decisiones que se adopten en la Cámara.

Informe previo

La mayoría de los vocales del CGPJ considera que su criterio debe ser oído por el Congreso antes de aprobar la reforma que limitará sus funciones con el mandato caducado. Y así lo ha reclamado en dos ocasiones a la Mesa del Congreso. Pero la cuestión es que esa iniciativa se ha planteado como proposición de ley de los grupos, una modalidad que no requiere obligatoriamente ese control previo.

A este respecto, la Mesa recuerda que conforme a Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y a los precedentes parlamentarios existentes la remisión de una proposición de ley al CGPJ a efectos de informe es una “decisión potestativa” de la Mesa del Congreso. La LOPJ sólo obliga a que se sometan a informe del órgano de gobierno de los jueces los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre modificaciones de la norma que regula el Poder Judicial, pero no establece este trámite para las proposiciones de ley. 

La mayoría de los vocales del CGPJ, sin embargo, defienden que su petición de informe es un “recordatorio” de los “principios y requerimientos” que derivan del Derecho de la Unión Europea y cuya infracción “puede desencadenar el mecanismo de respuesta” previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión (TUE). Ese artículo permite sancionar a los estados por violaciones “graves y persistentes” de los valores fundamentales de la Unión. 

El resto de vocales —que suscribieron un voto particular al acuerdo mayoritario— ven en esa afirmación un intento de desacreditar a España ante Europa, pues sostienen que la UE no pide ni exige a sus miembros que las iniciativas parlamentarias de reforma en materia de Justicia cuenten con ese “control previo”. Además, consideran una “deslealtad a España” haber insinuado “siquiera remotamente” que el Congreso o las Cortes incurren en violación del Derecho Europeo y de los Tratados de la UE.

Vía de urgencia

Por otro lado, la Mesa puntualiza otra de las afirmaciones realizadas por la mayoría del CGPJ, que criticó que el Congreso hubiera habilitado lo que quedaba del mes de enero para “acelerar aún más” la tramitación de esta iniciativa. El órgano de gobierno de la Cámara niega la mayor y afirma que el Pleno extraordinario del pasado jueves en el que se debatieron las enmiendas de totalidad presentadas a la citada proposición de ley se celebró “a petición de la mayoría absoluta de los Diputados del Congreso”. Y recuerda que todas ellas fueron rechazadas “por decisión mayoritaria y democrática del Pleno del Congreso de los Diputados, Cámara que, junto con el Senado, ejerce la potestad legislativa del Estado”. 

En su acuerdo, la Mesa del Congreso explica también que entre sus funciones está cumplir con las atribuciones que le atribuye el Reglamento del Congreso, respetar las deliberaciones y decisiones que se adopten en la Cámara e “instar el mismo respeto de cualesquiera otros órganos en el ejercicio de las funciones que les puedan atribuir las leyes emanadas de las Cortes”.

La reforma que restringe la capacidad del CGPJ para hacer nombramientos discrecionales con el mandato caducado ha partido al órgano en dos. Los cinco vocales discrepantes con la decisión de pedir a la Mesa que reconsiderara su decisión suscribieron un voto particular en el que acusaron a la mayoría del CGPJ de alinearse con el PP y violar la separación de poderes. A su juicio, el órgano se extralimitó en sus competencias con un acuerdo que supone “una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales”. Al texto, escrito por Álvaro Cuesta, se sumaron Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo y Concepción Sáez. Todos pertenecen al sector progresista de la institución.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, se mostró muy crítica con la decisión de la Mesa del Congreso. A su juicio, “si una ley se modifica, que afecta a otro poder, como es el judicial, debe llevarse a cabo con garantías suficientes desde el punto de vista legislativo”. Por eso el PP pidió “reconsiderar” la urgencia de la reforma y su tramitación sin informes previos. Todo ello es, para el PP, una “amenaza para la calidad democrática”, ya que, según Gamarra, el Gobierno ha iniciado una “peligrosa senda de la intromisión en la separación de poderes y en el deterioro del mismo”.

También se pronunció sobre esta cuestión la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, que afirmó que “en ningún caso las Cortes Generales están obligadas a solicitar informes previos” sobre proposiciones de ley de los grupos. “La potestad legislativa del Estado la tienen las Cortes Generales”, insistió. Informa Iñigo Aduriz.