La Mesa del Congreso ha visto este miércoles el informe elaborado por los letrados de la Cámara Baja en respuesta al escrito enviado el pasado 29 de octubre por Unidas Podemos, en el que la formación confederal solicitaba al máximo órgano de gobierno del Parlamento anular la suspensión como diputado de Alberto Rodríguez, al entender que no estaba entre las competencias de la presidenta del Congreso.
La retirada del escaño fue decidida por Meritxell Batet el pasado 22 de octubre, tras recibir la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exparlamentario por pegar a un policía en 2014. Ahora el informe de los servicios jurídicos del Congreso, al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que Batet sí era la competente para decidir esa suspensión y elevarla a la Junta Electoral Central, tal y como realizó la presidenta de la Cámara Baja hace ya dos semanas.
El texto señala que “la competencia para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales es propia de la Presidencia de la Cámara, siendo así que no existe vía reglamentaria para que por la Mesa se revisen las decisiones adoptadas por aquella”. La mayoría de la Mesa, con el apoyo de PSOE, PP y Vox, ha rechazado así reabrir el caso de Rodríguez, según han explicado fuentes parlamentarias.
La semana pasada, Unidas Podemos registró un escrito en la Mesa del Congreso para solicitar la anulación del oficio emitido por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, a la Junta Electoral Central (JEC) para sustituir a Rodríguez. Los portavoces del grupo confederal defienden que la decisión de suspender a Rodríguez tendría que haber pasado por la Mesa del Congreso, ya que ese órgano se pronunció previamente sobre las solicitudes de PP y Vox para que se ejecutase la sentencia contra el ya ex diputado de la coalición.
La reclamación del grupo confederal
El grupo confederal demandó entonces que el órgano de gobierno del Congreso remitiera esta cuestión a la Comisión del Estatuto del Diputado para dictar una conclusión que fuera “respetuosa” con el Reglamento de la Cámara Baja y la legislación vigente. Unidas Podemos consideraba que esta resolución vulneraba la jurisprudencia del Constitucional por desproporcionada y era errónea desde el punto de vista competencial.
Batet tomó la decisión de suspender la condición de diputado del exsecretario de Organización de Podemos el día 22 de octubre después del escrito enviado este viernes por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, recordándole que Rodríguez había sido condenado a pena de cárcel e inhabilitación de sufragio pasivo. Marchena aseguró que la condena de 45 días de cárcel de Rodríguez había sido sustituida por una multa pero solo a efectos de su ejecución.
El grupo confederal lamentó entonces que Batet asumiese las tesis del magistrado y llegó a anunciar una querella contra la máxima responsable de la Cámara Baja presidenta, que finalmente no se ha interpuesto. El diputado tampoco ha demandado por ahora a Batet.
Tras el anuncio de la querella, Rodríguez también hizo pública su salida de la formación política y la contratación de un equipo jurídico desvinculado de Podemos. En su nueva estrategia, los abogados del político canario se han dirigido al Supremo para que suspenda la ejecución de su condena y que, subsidiariamente, reprenda a la presidenta del Congreso de los Diputados por retirarle el acta.