Los letrados de la administración de Justicia mantienen la huelga indefinida que iniciaron el pasado 24 de enero. Así lo han confirmado los representantes del comité de huelga en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, en la que se ha evidenciado que el conflicto sigue totalmente enconado a dos días de que se celebre la segunda reunión con el Ministerio de Justicia.
“Estamos en huelga porque el Ministerio de Justicia nos ha engañado por lo menos tres veces”, ha afirmado el letrado Juan José Yáñez, miembro de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) e integrante del comité de huelga. Hasta el momento, la huelga indefinida que estos funcionarios mantienen desde hace casi un mes ha provocado la suspensión de decenas de miles de actuaciones judiciales entre juicios, declaraciones y otras diligencias.
Los convocantes aseguran que irán a la cita con los representantes del departamento que dirige Pilar Llop con “ánimo constructivo”. No obstante, advierten de que como antiguos opositores son “persistentes” y “resilientes” y seguirán con el paro “el tiempo que sea necesario” hasta conseguir sus objetivos de “adecuación salarial”. La semana pasada, ante la “previsión del alargamiento de la situación de conflictividad”, instaron a sus compañeros a expedir el pago de pensiones y a celebrar bodas, labores que realizan estos funcionarios y cuya paralización está generando grandes perjuicios en los ciudadanos.
Ante los medios, Yáñez ha reconocido que la huelga está causando un “daño enorme”, pero ha acusado al Ministerio de Justicia de no hacer “gran cosa” para rebajar la tensión. La movilización se inició con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, acusando a los letrados de estar “endiosados” y de promover una huelga “contra el pueblo, sin finalidad profesional”. Los convocantes, por su parte, llegaron a pedir el cese de Llop por decir que no anotan las sentencias revisadas tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.
Hasta el momento, Justicia rechaza la petición formulada por los promotores de que se implante la llamada “cláusula de enganche”, con la que pretenden que cada letrado cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales y que, además, la masa salarial del cuerpo de letrados no pueda ser inferior al 85% de la masa salarial de la carrera judicial. “Esta no es una huelga de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos de trabajo. Es una huelga de personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año”, dijo el secretario de Estado el pasado viernes tras la primera reunión entre ambas partes.
El ‘número dos’ de Llop rechazó la propuesta de los convocantes por suponer “dos subidas salariales” para un colectivo que de media verá crecer sus salarios un 14,76% en los próximos tres años gracias una subida de 195 euros brutos acordada en abril de 2021 y al alza que con carácter general van a experimentar los sueldos de los funcionarios.
Los convocantes, sin embargo, defienden que Justicia les ha engañado “por lo menos tres veces”. Según ha explicado Yáñez, la primera vez fue en 2009, cuando una reforma procesal aumentó las competencias de los letrados, aunque sin aumentar su retribución. “Las funciones llegaron y se ampliaron y llegaron otras. Lo que no llegaba era el momento de la adecuación. Seguíamos igual. Nadie tenía la intención de adecuarnos”, ha explicado.
Tras 12 años esperando una adecuación salarial, Justicia y los sindicatos acordaron en abril de 2021 mejorar el régimen retributivo de estos funcionarios a través de un complemento de 195 euros brutos mensuales, lo que supone un aumento del 5,26% en su salario anual. Pero los convocantes defienden que aquello “ni fue adecuación ni fue justa”. A este respecto, Yáñez ha recordado que aquello motivó varias convocatorias de huelga y que las desconvocaron en abril de 2022, cuando el ministerio les prometió mejoras, incluida la cláusula de enganche a los jueces.
“Se lo pedimos por escrito. Nos lo mandaron por escrito y desconvocamos la huelga (...) Era un engaño”, han añadido. Según ha explicado, aquel acuerdo contemplaba suprimir los grupos de población IV y V —en los que ahora están los letrados destinados en lugares con menos habitantes y con sueldos menores— y reconocer la denominada cláusula de enganche a los jueces, que les permitiría cobrar un sueldo equivalente al 85% del salario de un juez, cuando su retribución actual esté en torno a un 70%. “Pero llegó septiembre y no se había hecho nada. Entonces empezamos a pedir explicaciones. Y no nos convocaron más ni nos devolvieron las llamadas”, ha afirmado.
Esta movilización ha provocado la suspensión de más de 195.000 las actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias, según datos de los convocantes. El Ministerio de Justicia no está ofreciendo datos del impacto de la huelga. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los está recopilando a través de los tribunales territoriales, pero la información recibida todavía es “parcial” y no los difundirá hasta que sean datos homologables, confirma un portavoz.