A Juan Antonio Luque, funcionario de Justicia en la ciudad de Málaga, conectarse a Lexnet, el sistema de comunicaciones judiciales dependiente del Ministerio de Justicia, le lleva una media de treinta minutos al día. Eso cuando hay suerte. Otras veces, cuando el sistema se cuelga, ni siquiera puede acceder.
El sistema Lexnet, la plataforma electrónica que centraliza las comunicaciones judiciales entre juzgados y operadores jurídicos, ha suscitado desde sus inicios agrias polémicas por sus problemas de uso.
Consultados por Efe, fiscales, abogados, jueces, procuradores, secretarios judiciales y el resto de funcionarios de Justicia destacan los problemas de Lexnet, un sistema “muy defectuoso” que, en las últimas semanas, ha recibido duras criticas por los fallos de seguridad registrados.
Mientras, el Ministerio de Justicia ha declinado pronunciarse y se ha remitido a la próxima comparecencia de su titular, Rafael Catalá, quien dará explicaciones sobre la situación de Lexnet.
“Es un desastre”, asegura tajante Luque, quien también asume la representación sindical de los trabajadores de Justicia (STAJ) en Málaga, saturados, como en otras regiones del país, por un sistema que empezó a funcionar de forma gradual en 2004 y cuyo objetivo, consolidar el “papel cero” en los juzgados, se ha convertido en una “utopía”.
“Tardo media hora en entrar al sistema, otra media hora para notificar cualquier resolución, no se pueden enviar fotografías a color porque pesan más de 15 megas...”, relata el secretario de STAJ en Málaga.
Este sindicato ya ha pedido explicaciones ante el “gravísimo” fallo del pasado 27 de julio, cuando un error en la seguridad de Lexnet dejó al descubierto, a la vista de cualquier usuario del sistema, todos los datos que constan en los procedimientos judiciales canalizados a través de la plataforma.
No son los únicos, ya que Unidos Podemos ha denunciado al Ministerio de Justicia ante la Agencia de Protección de Datos y ha pedido que depure responsabilidades.
“Ya no hablamos de un problema de trabajo, sino de la seguridad de datos muy sensibles”, asegura Abigail Fernández, portavoz del sindicato de Letrados de la Administración de Justicia.
Este fallo de seguridad en el sistema en Lexnet ha abierto un nuevo debate: si la gestión de los datos de la plataforma, ahora en manos del Ministerio de Justicia, debería residir en el poder judicial.
“El problema no es la titularidad de los datos, sino su gestión, que debe ser impecable”, subraya Abigail Fernández, quien no es partidario de trasladar la gestión al poder judicial “porque no es ese su cometido, no tienen formación y el riesgo de privatización está ahí”.
Para Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid, “el fallo de seguridad detectado en Lexnet es muy grave”. Por ello, ella sí apuesta por que “los datos residan en el poder judicial”, ya que “por ejemplo, el Gobierno es parte en algunos de los procedimientos judiciales”.
Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AFV), abunda en el “fracaso” que supone el sistema Lexnet, cuya “bochornosa” brecha de seguridad es el reflejo de la situación estructural de la Justicia, “la gran olvidada en España, donde no se invierte y, cuando se invierte, se hace mal”.
“No sabemos por qué en Hacienda, en Tráfico o en Agricultura los sistemas funcionan bien y, sin embargo, en Justicia no”, explica Raimundo Prado.
El punto de vista de los fiscales sigue la línea de sus compañeros de batalla contra Lexnet y critican, en palabras del portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales (AIF), Miguel Pallarés, que se haya diseñado “una justicia dependiente de los medios, nutridos por el poder político, por lo que no está asegurado que no exista una injerencia”.
Los procuradores, otro de los colectivos afectados por la ralentización de Lexnet, consideran necesario “un mayor desarrollo” de la plataforma, según la vicedecana del Colegio de Procurados de Madrid, Rocío Sampere, y ven urgente que “el sistema se adapte a las necesidad de la justicia actual”.