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Una década. Es el tiempo que el Tribunal Constitucional lleva sin decidir sobre la ley que en 2010 convirtió el aborto en un derecho de las mujeres. Esa norma, que liberalizó la interrupción voluntaria del embarazo en las 14 primeras semanas de gestación, fue recurrida por 71 diputados del Partido Popular en junio de ese año al considerar que existía un “evidente perjuicio irreparable” por la “eliminación de vidas humanas”. El tribunal de garantías admitió a trámite el recurso el 30 de junio. E incluso acordó dar “carácter prioritario” a su tramitación y resolución.
Sin embargo, diez años después, sigue guardado en un cajón y sin vistas de resolución por la falta de consenso de los magistrados sobre un asunto de gran repercusión política. La norma está en vigor desde el 5 de julio de 2010. Según las fuentes consultadas por eldiario.es, en el tribunal se considera que el recurso está “caducado”, pues el partido que lo presentó, el PP, tuvo la oportunidad de cambiar la ley durante los cuatro años que gobernó con mayoría absoluta entre 2011 y 2015 y no lo hizo.
En 2015, con Rafael Catalá como ministro, el PP promovió una modificación mínima para exigir el consentimiento de los padres en los casos de las jóvenes de 16 y 17 años que quieren abortar. Fue la forma de contentar a parte de su electorado tras la retirada del proyecto más ambicioso, que derogaba el vigente sistema de plazos para regresar al de supuestos de 1985 y que acabó con la dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Esa contrarreforma generó una marejada interna en el PP y una gran contestación en la calle.
Diez años sin ir al pleno
El actual presidente del Constitucional, Juán José González Rivas, ha preferido dejar congelado el tema al igual que hicieron sus predecesores en el cargo María Emilia Casas, Pascual Sala y Francisco Pérez de los Cobos. Este último, que presidió el tribunal entre 2013 y 2017, explicó en 2018 en una entrevista en El País que su intención era haber llevado el asunto al pleno, pero decidió esperar porque en ese momento estaba en el Gobierno, y con mayoría absoluta, el mismo partido que había presentado el recurso de inconstitucionalidad y que había concurrido a las elecciones con la promesa de reformar la ley que había impugnado años antes.
Lo cierto es que la ponencia de la sentencia no ha llegado ni siquiera a ser discutida en el pleno en los últimos diez años ante las dudas expresadas por la mayoría de los magistrados sobre los razonamientos contenidos en ella. Ha habido varios borradores en los que han venido trabajando magistrados y letrados, pero ninguno ha llegado a su máximo órgano de decisión, explican fuentes del tribunal.
La redacción de la ponencia recayó por reparto en el magistrado Andrés Ollero, alineado en el sector conservador. Ollero, que es miembro del Opus Dei y fue diputado del Partido Popular por Granada en Madrid durante 17 años (1986-2003), ha dado muestras claras de su posicionamiento antiabortista en más de una ocasión. Él también fue el ponente de la sentencia que dio la razón a un farmacéutico de Sevilla que se negó a vender la píldora poscoital por objeción de conciencia.
El PP, solo en esta batalla
Durante todos estos años, la relación de fuerzas en el Constitucional —cinco magistrados progresistas y siete conservadores— ha dificultado la búsqueda de un entendimiento. En esta situación ha tenido que ver también el hecho de que Ollero no consiguió convencer con ninguno de sus borradores de sentencia ni siquiera a sus compañeros del bloque conservador.
De forma más reciente se ha sumado a la ecuación el contexto de interinidad que el tribunal arrastra desde hace más de siete meses. El mandato de cuatro de sus doce miembros —Ollero, entre ellos— concluyó el 7 de noviembre de 2019. Hace más de medio año que sus puestos deberían haber sido renovados por el Congreso, donde se requiere una mayoría de tres quintos de sus miembros.
Cuando Ollero sea relevado, el asunto recaerá sobre un nuevo ponente al que se asignará el recurso con el habitual sistema circular de reparto aleatorio. Los magistrados alineados en el sector progresista creen que se debería proceder al archivo del recurso, pues consideran que “ya ha perdido su objeto” al haber desechado el PP la oportunidad de cambiar la ley cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.
Mientras tanto, el recurso ya se ha convertido en el escrito que, en la actualidad, más tiempo lleva pendiente de resolver. En este tiempo, también el PP se ha quedado solo en la batalla por tumbar la ley que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010. En marzo del año pasado, el Ejecutivo de Navarra, entonces dirigido por Uxue Barkos (Geroa Bai), desistió en el recurso que planteó en 2010 durante el mandato de Yolanda Barcina (UPN).